En el día de hoy al mediodía se realizó una audiencia pública en rechazo al protocolo represivo de Bullrich, convocada por los diputados del Partido Obrero Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, que integran el Bloque del FIT, y la diputada Myriam Bregman, del PTS-FIT.
Participaron todos los organismos de DDHH del Espacio Memoria Verdad y Justicia, Nora Cortiñas y Elia Espen de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referentes del movimiento sindical, entre ellos, los secretarios general y adjunto del SIPREBA, representantes del SITRAIC, de la FUBA, la Asociación Gremial Docente y otras organizaciones
Además se encontraba presente el legislador de la Cuidad del PO, Marcelo Ramal, integrante también del Bloque FIT, junto a Gabriel Solano, dirigente del PO, quien en las últimas elecciones encabezó la lista de diputados por CABA.
El diputado Pitrola denunció que “el protocolo ataca el más elemental de los derechos de la democracia política, que es la potestad de reclamar cuando te quitan los derechos básicos, como el derecho al trabajo, a la vivienda o al salario.” “Es una política de Estado de Sitio para hacer pasar un ajuste brutal en beneficio de los buitre y el capital financiero”. “El arreglo con los buitre y el ajustazo que implica es la guía de esta política represiva, por eso ya adhieren 20 gobernadores y Alicia Kirchner lo aplicó a los estatales de Santa Cruz como antes Vidal a Cresta Roja”.
Y advirtió que “para la marcha del 24 de febrero, en el marco del paro, se debe desconocer el protocolo por completo y rechazar cualquier tipo de reunión de consenso con el destinatario del reclamo, el Ejecutivo, sobre cómo llevar adelante la protesta. No debemos permitir que el gobierno siente el precedente represivo”.
El diputado salteño del PO, Pablo López, señaló, por su lado, que “el protocolo representa la continuidad del Proyecto X en la medida que autoriza a las fuerzas de seguridad a filmar a los manifestantes, lo que significa un espionaje abierto sobre las organizaciones populares. Por el contrario, al periodismo se lo confina a un corralito, cercenando el derecho fundamental a la libertad de prensa. Es sabido que la labor periodística fue un elemento crucial para esclarecer crímenes políticos contra el pueblo como los de Kosteki y Santillán y Mariano Ferreyra”.
Soledad Sosa, diputada del PO por Mendoza, dijo que: "la asamblea de delegados y trabajadores que convocamos desde la CTA Autónoma y ATE de mi provincia se expresaron rápidamente y por unanimidad contra del protocolo antipiquete macrista y la ley antiterrorista kirchnerista. En Mendoza, la Intendencia de la Capital multa desde hace un año las marchas y piquetes de gremios y partidos de izquierda, sin embargo no multa cuando se movilizan los partidos del régimen, UCR o PJ, lo que muestra que el problema pasa por los intereses sociales que se defienden”.
“Las expresiones de protesta continuarán como única forma de garantizar el respeto de derechos esenciales como el trabajo, educación y salud. No lo impedirá ninguna norma", señaló la diputada mendocina.
El legislador Marcelo Ramal denunció la transferencia de la policía federal a la Ciudad como parte del plan represivo sobre el movimiento popular y dijo que su bloque en la Legislatura presentó un proyecto, el cual exige a la Ciudad retirar la adhesión al Protocolo. Además, señaló que los diputados del Frente de Izquierda en todo el país presentaron proyectos en todas las legislaturas para que se anule la adhesión y se abra un debate legislativo y popular al respecto.
Todos los presentes llamaron a que el próximo 24 de marzo, aniversario del golpe genocida, sea de centenares de miles de personas para derrotar esta política represiva.
Participaron de la audiencia, entre otros, Tato Dondero y Rubén Schofrin Secretario General y Adjunto, respectivamente, del Sindicato de Periodistas de Buenos Aires – SIPREBA – y una importante delegación de trabajadores de prensa; Claudia Ferrero y Liliana Alaniz, por APEL, Diana Kordon de Eatip y Verónica Quinteros por Liberpueblo, Hijos Oeste, Ceprodh, Vanina Kosteki, Diego Ferreyra, de la toma de Merlo, Julián Asiner, presidente de la FUBA; Margarita Pinto, del Colectivo memoria Militante, Pablo Gitard, de APEMIA, Víctor Grosi, secretario general del Sitraic, Néstor Correa, por la Asociación Gremial Docente de la UBA; delegados y trabajadores del Subte; entre muchos otros. Mandaron su adhesión Alberto Santillán, Cachito Fuckman de AEDD, y Mónica Arruga, la mamá de Luciano Arruga.