PROYECTO DE RESOLUCIÓN: RECHAZO A LAS CAUSAS PENALES A LUCHADORES Y LUCHADORAS SOCIOAMBIENTALES

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Rechazar las causas penales que pesan sobre 52 luchadores y luchadoras socioambientales en las provincias de Mendoza (29), Catamarca (12), Córdoba (6) y Chubut (5), y todas las causas abiertas o que pudieran surgir en el mismo sentido, por constituir un claro proceso de criminalización de la protesta social en defensa del agua, el ambiente y los territorios.

Exigir el inmediato cese de la persecución penal contra asambleístas y defensores del ambiente, la revisión y anulación de las condenas dictadas en Chubut y el cierre de todas las causas abiertas contra quienes se movilizan contra la megaminería, el extractivismo depredador y las obras impuestas en función de intereses ajenos a las comunidades.

Néstor Pitrola

Romina Del Plá

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

FUNDAMENTOS

52 personas involucradas en 8 causas penales, en cuatro provincias, vecinos, asambleístas y defensores del ambiente en Argentina, no son hechos aislados. Se trata de un modus operandi sistemático, incluso a nivel regional, parte de un salto en la ofensiva del capital extractivo, en especial megaminero, que avanza sobre los territorios en el marco de la bancarrota nacional y de la disputa geopolítica entre potencias como Estados Unidos y China por asegurarse minerales estratégicos para sus cadenas de suministro. Detrás de los proyectos no operan solo empresas mineras y gobernadores provinciales: intervienen grandes fondos de inversión y bancos internacionales, como JP Morgan o BlackRock, con creciente peso accionario en firmas mineras tradicionales, como Barrick Mining Corp. Colocan millones de dólares en el sector porque consideran al cobre, el litio y otros minerales como las “tierras raras” piezas clave para la “seguridad nacional” y el crecimiento económico de las potencias imperialistas. Capital financiero y capital minero son dos caras de la misma moneda.

Esta avanzada tiene su correlato interno en una política de Estado sostenida por sucesivos gobiernos nacionales y provinciales, orientada a garantizar “seguridad jurídica” a esos capitales y a disciplinar a quienes resisten el saqueo de los bienes comunes. No es casual que, en paralelo a esta línea represiva, se intenten flexibilizar o reinterpretar normas de protección ambiental como la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, la cual a pesar de sus límites ha sido una conquista de la movilización popular para impedir la minería en zonas glaciares y periglaciares que resguardan reservas vitales de agua. Allí donde se han conquistado legislaciones que ponen un límite, el lobby extractivista intenta correrlo; y allí donde el pueblo defiende ese límite en la calle, aparecen la represión y las causas penales. En Mendoza, Catamarca, Chubut y Córdoba se repite el mismo libreto: represión en las calles, imputaciones masivas, pedidos de elevación a juicio y condenas ejemplificadoras contra quienes se organizan para defender el agua, los glaciares y el territorio. Pero el fenómeno no se limita a estas provincias. La conflictividad socioambiental atraviesa todo el país y adopta distintas formas según la región y la actividad que se intenta imponer.

En San Juan, los antecedentes de Veladero y Pascua Lama, junto con nuevos proyectos de cobre, mantienen abierta la disputa por la megaminería en plena cordillera. En La Rioja, el Famatina continúa siendo un símbolo histórico de resistencia popular frente al avance extractivo. En Salta y Jujuy, la expansión del litio en salares como Hombre Muerto, Rincón, Salinas Grandes y Guayatayoc genera conflictos por el uso del agua y denuncias por la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias. En Santa Cruz, la minería metalífera de oro y plata sigue provocando contaminación ambiental. En Río Negro, el proyecto Calcatreu y otros emprendimientos reabren la disputa por el territorio y las tierras fiscales.

Los conflictos también se extienden al sector hidrocarburífero. En Neuquén, Vaca Muerta concentra cuestionamientos por el fracking, la contaminación y el uso intensivo de agua. En Río Negro, los oleoductos y terminales petroleras generan resistencia social, mientras que en Chubut y Tierra del Fuego avanzan proyectos de exploración offshore que despiertan preocupación por sus impactos ambientales y sociales.

A su vez, el agronegocio y el desmonte constituyen otra fuente de conflicto. En Córdoba, la pérdida del monte nativo, la expansión agroganadera y obras como la autovía de Punilla se combinan en un mismo patrón de degradación ambiental. En Santiago del Estero, el avance de la frontera agrícola se traduce en crecientes desalojos de la población rural. En Chaco y Formosa, la deforestación avanza junto a conflictos con comunidades indígenas. En Salta, la tala en el Chaco salteño continúa profundizando. En San Luis, el uso intensivo de agroquímicos genera impactos sanitarios y ambientales que motivan crecientes reclamos.

Mendoza: San Jorge y el paquete extractivista se imponen con represión y causas penales

En Mendoza, las fuerzas represivas realizaron 32 detenciones entre 2025 y 2026, vinculadas a las protestas contra el proyecto minero San Jorge en Uspallata, con el resultado de 28 imputaciones en cinco causas penales y una contravencional. Luego existe otra causa correspondiente al Mendozazo de 2019, contra el intento de derogar la Ley 7722. En los 29 casos, la criminalización apunta de lleno contra quienes enfrentan la megaminería y defienden el agua. El gobierno de Alfredo Cornejo necesita convertir la protesta en delito porque pretende imponer por arriba un giro extractivista de alto impacto en la provincia, encabezado por el proyecto San Jorge y el paquete legislativo que habilita la expansión megaminera.

Cabe destacar que el pasado 9 de diciembre, con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención, el Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, cercano a Uspallata, que abre la puerta a habilitaciones de inversiones mineras en toda la provincia. Fue con respaldo político del oficialismo provincial de “Cambia Mendoza”, el PRO y parte del peronismo. La votación y las jornadas posteriores estuvieron marcadas por un movimiento socioambiental ascendente. La organización se extiende desde hace semanas en toda la provincia. Se multiplican las actividades y pronunciamientos en Potrerillos, Rivadavia, San Martín, Lavalle y Tupungato, y crecen asambleas vecinales, acciones culturales y jornadas de agitación en Maipú, San Rafael, Guaymallén y Ciudad, así como caravanas desde Uspallata y desde Tunuyán hacia la Legislatura, en la capital provincial.

En respuesta a este movimiento popular, el gobierno de Cornejo eligió la represión. La ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus y el intendente de Mendoza capital, Ulpiano Suarez salieron a atacar a los manifestantes, incluyendo acusaciones de “vandalismo”. Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron imputados en causas que organizaciones de derechos humanos caracterizan como persecución por defender un bien común elemental. Se trata de referentes de una lucha que cuestiona el corazón del plan oficial y que incluso impulsó una alternativa política concreta, como el proyecto de Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas. Por eso el gobierno intentó presentarlos como “peligrosos”, llegando a montajes de gravedad extrema, como acusaciones de “terrorismo” por disentir, y recurriendo a la privación de libertad como mensaje disciplinador. Y en diciembre de 2025, Facundo Gollano y Renzo Gollano fueron detenidos tras una movilización bajo la consigna “El agua en Mendoza no se negocia”. Otros 21 vecinos han quedado con causas por participar de las movilizaciones, mostrando que la represión es una línea que se despliega cada vez que la protesta popular amenaza trabar el trámite legislativo del avance megaminero.

Mientras tanto, el oficialismo de Cornejo intenta instalar la idea de un “consenso social” pro minero. Es una falsificación deliberada. Ese consenso existe, pero solo entre partidos patronales y lobbistas del cobre. Lo que hay en la provincia es exactamente lo contrario: hay un conflicto social abierto, masivo y territorial, que crece porque lo que está en juego es la vida cotidiana de Mendoza: el agua, las cuencas, las actividades verdaderamente productivas y la salud de la población.

La mentira del “empleo” y el “desarrollo” aparece como el pegamento ideológico de esta avanzada. El gobierno pretende vender la megaminería como salida al estancamiento provincial, incluso tentando a sectores vitivinícolas con el relato de “producir vino y cobre”. Pero el supuesto impacto laboral es, en los hechos, limitado, precarizado y transitorio, concentrado en la etapa de construcción. Cuando la obra termina, lo que queda es el pasivo ambiental, la presión sobre el agua, el riesgo de contaminación y una economía aún más dependiente de la exportación primaria. Por eso la ofensiva minera no es un “plan productivo” para las mayorías, es un intento de recomponer tasa de ganancia de capitalistas locales y de garantizar “seguridad jurídica” para inversiones extractivas, de la mano del esquema nacional que impulsa Milei y de su política de RIGI.

Chubut: condenas y cárcel para los vecinos del Chubutazo de 2021

En Chubut, la confirmación de las condenas por parte de la Cámara Penal de Trelew en diciembre de 2025 contra cinco luchadores del Chubutazo no fue un acto de justicia sino una operación política para disciplinar a un pueblo que protagonizó una verdadera rebelión en diciembre del año 2021, contra la aprobación de la ley de zonificación minera del entonces gobernador Mariano Arcioni, aliado político de Sergio Massa. En el juicio conocido como “Los vecinos del Chubutazo”, Mauricio Naum Vargas fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y Damián Andrés Díaz a un año y ocho meses de prisión efectiva (ambos actualmente están en prisión domiciliaria), mientras que Lucas Alexis Espinoza Andrade, Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza y Nicolás Alejandro Díaz recibieron condenas de un año en suspenso. El 22 de abril de 2025, Lautaro Martínez, un joven de poco más de veinte años, nacido en Rawson, se quitó la vida. El hostigamiento judicial y mediático del cual fue objeto propició esa decisión. En todos los casos, se trata de penas dictadas en una causa armada sin pruebas contundentes, sostenida sobre un proceso plagado de irregularidades y atravesado por la presión directa del poder político, en este caso del gobernador Ignacio Torres, que no les perdona haber sido parte de las jornadas de diciembre de 2021 que derrotaron la zonificación minera de Arcioni y los Fernández. Lo que se juzga no es un hecho aislado, se juzga el Chubutazo.

El pasado 14 de enero la jueza Fernanda Revori rechazó el pedido de excarcelación de Naum y Damián, con el argumento abstracto de un supuesto “peligro de fuga”, sin fundamentación concreta y desoyendo datos elementales: ambos tienen arraigo, trabajo estable, hijos a cargo, son sostén de hogar, asistieron voluntariamente a todas las audiencias y se presentaron espontáneamente cuando se dictó la orden de captura. Nada de eso fue considerado. En segunda instancia, los jueces Martín O’Connor y Silvana Vélez ratificaron la decisión, profundizando una arbitrariedad que ya involucra a once jueces en un proceso orientado a dar un escarmiento ejemplificador.

El ensañamiento quedó expuesto cuando, apenas confirmadas las condenas, la fiscal Florencia Gómez pidió la detención inmediata de Naum y Damián, solicitud avalada por la jueza Eve Ponce, quien ya había sido cuestionada por parcialidad. La detención de Damián fue incluso grabada y difundida por el propio gobernador Ignacio Torres en sus redes sociales, en un gesto que desnuda el objetivo político de la causa: mostrar mano dura contra quienes se organizan para frenar una nueva ofensiva extractivista. No es casual que esto ocurra en momentos en que el gobierno provincial insiste con reactivar proyectos mineros, ahora con el uranio en la mira. “Si la jueza tiene miedo, que se compre un perro”, declaró en agosto de 2024 el propio gobernador Ignacio Torres, en relación a una probation que había dictado la jueza María Laura Martini para todos los imputados en la causa.

Desde el 19 de diciembre se desarrolla una campaña creciente por la libertad de Naum y Damián. Hubo movilizaciones en Rawson, Puerto Madryn, Esquel, Comodoro y Lago Puelo, una vigilia en la oficina judicial, intervenciones en espectáculos, un festival en Playa Unión y acciones solidarias en Buenos Aires. Asambleas ambientales de Mendoza enviaron su apoyo, sindicatos y movimientos sociales se pronunciaron, y referentes de la cultura como Carlos Belloso, Norman Briski, Julieta Díaz y “El Cabra” hicieron pública su solidaridad. La Comisión por la Memoria del Pueblo “Hilda Fredes” repudió el fallo como parte de una justicia de clase y pro minera que actúa con celeridad solo cuando se trata de criminalizar al pueblo.

La causa contra los cinco condenados se inscribe en una política represiva más amplia que incluye desalojos a comunidades mapuche, allanamientos, persecución a docentes que enfrentaron incumplimientos salariales del gobierno provincial, así como detenciones sin condena en otras causas vinculadas a la protesta social.

Catamarca: Andalgalá, la lucha contra el proyecto megaminero MARA Agua Rica

En Catamarca, doce causas avanzan contra asambleístas de Andalgalá por haberse movilizado contra el proyecto MARA Agua Rica, en un proceso que constituye otra manipulación judicial al servicio de los intereses megamineros. Entre los procesados con pedido de elevación a juicio se encuentra Ailén Saracho Diamante, militante del Partido Obrero, junto a otros once vecinos que participaron de las protestas de 2021 contra el avance ilegal de la empresa en el cerro. La elevación a juicio se produjo en un contexto político donde el gobierno provincial y el nacional también buscan reactivar a toda costa los emprendimientos megamineros, avanzando incluso contra la protección de glaciares y zonas periglaciares. No se trata de una causa aislada: es parte de una ofensiva para disciplinar a un pueblo que lleva más de una década resistiendo.

El conflicto se desató cuando los vecinos comenzaron a denunciar los trabajos de exploración que la empresa realizaba en violación de la ordenanza municipal 029/16, que prohíbe la minería en las cuencas del río Andalgalá, y de disposiciones judiciales vigentes desde las grandes movilizaciones y la represión de 2010. Los habitantes de la zona advirtieron el movimiento de maquinaria pesada y camionetas en áreas sensibles, mientras comenzaban a registrarse problemas sanitarios en la población cercana al proyecto, con un alarmante incremento de afecciones intestinales y evidencias de contaminación en el agua del río que abastece a comunidades como Choya. Frente a esa provocación, la respuesta popular fue una gran movilización y cortes informativos para impedir la continuidad de los trabajos.

La reacción del Estado fue inmediata y represiva. La Justicia avanzó con un operativo desproporcionado: alrededor de cuarenta allanamientos y treinta y seis detenciones en pocos días. Finalmente quedaron doce detenidos que luego fueron procesados, mientras el resto de las imputaciones se desmoronaba por falta de pruebas. Sin embargo, lejos de cerrar la causa, el aparato judicial persistió en sostener acusaciones apoyadas en declaraciones contradictorias de empleados y proveedores de la minera. No se investigó la violación de la ordenanza ni el accionar ilegal de la empresa; se investigó y persiguió a quienes denunciaron ese accionar.

La causa estuvo inicialmente en manos de la fiscal Marta Nieva, señalada por sus vínculos con los intereses megamineros y protagonista de la represión de 2010. Su intervención marcó el rumbo de un expediente que desde el comienzo apuntó a garantizar los negocios de las corporaciones antes que a proteger derechos de la comunidad. Se trata, también en este caso, de una justicia que actúa con celeridad para perseguir luchadores, pero mira hacia otro lado cuando se trata de investigar la contaminación, el saqueo y el incumplimiento de normas ambientales.

La persecución judicial no puede separarse del contexto político. El gobierno de Raúl Jalil ha profundizado la política de alineamiento con las corporaciones mineras, promoviendo nuevos emprendimientos y defendiendo la megaminería como política de Estado, mientras la provincia arrastra déficits estructurales en salud, educación, infraestructura y acceso al agua potable. La experiencia de Bajo La Alumbrera dejó un saldo de contaminación, promesas incumplidas y escaso desarrollo local. Sin embargo, en lugar de revisar ese balance, el poder político redobla la apuesta y responde con causas penales contra quienes enfrentan el saqueo.

Pero la historia de Andalgalá demuestra que las avanzadas mineras siempre encontraron resistencia popular. Desde la represión de 2010 hasta las movilizaciones de 2021, el pueblo ha defendido el cerro, el agua y la vida frente a gobiernos que gobiernan para las corporaciones.

Córdoba: Autovía del Valle de Punilla

En Córdoba, seis personas están imputadas con pedido de elevación a juicio por haberse movilizado contra la Autovía de Punilla, en una causa iniciada en 2022 por el entonces intendente de Cosquín, Gabriel Musso, y que hoy constituye un antecedente gravísimo: el primer juicio penal contra defensores ambientales en la provincia. Entre los acusados se encuentran Marcela Marín y Marco D’Angelo, junto a otros cuatro vecinos que enfrentan un proceso judicial no por haber cometido un delito, sino por haber organizado y sostenido la resistencia popular frente a una megaobra cuestionada por amplios sectores de la comunidad. El cambio de uso de suelo a espaldas de la población para otorgar factibilidad a esta obra, fue la frutilla de postre que enfrentó a los defensores ambientales con el entonces intendente.

La traza de la autovía inaugurada en noviembre de 2024 avanza por el oeste de la Ruta Nacional 38 y exigió un complejo cruce sobre el río Cosquín para conectar la Variante Costa Azul con La Cumbre. Como atraviesa cuencas hídricas de importancia para el valle, se requirió la construcción de puentes con modificación del curso de agua en algunos tramos. En algunos puntos se afectó directamente zona roja de máxima protección, incluso áreas castigadas por los incendios descontrolados, que mágicamente una vez concluida la obra no volvieron a ocurrir. En Bialet Massé implicaría la expropiación de al menos cuarenta familias. Un treinta por ciento de su recorrido pasará por monte nativo que cumple una función vital como regulador hídrico en una provincia que ya perdió el 97% de su bosque original y que atraviesa una crisis hídrica estructural. La obra impactaría de manera directa sobre el río Cosquín y el lago San Roque, del cual depende el setenta por ciento de la población de la ciudad de Córdoba para su provisión de agua.

El gobierno provincial avanzó de manera abiertamente arbitraria. Antes de que concluyera la audiencia pública no vinculante exigida por la ley 10.208, el gobierno nacional aprobó por decreto un préstamo de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento para financiar la obra. Ya en 2020 la Legislatura había sancionado la ley que habilita expropiaciones a lo largo del corredor proyectado. Se trata de una decisión tomada de espaldas a la población, con el financiamiento asegurado y el endeudamiento garantizado, mientras la participación ciudadana es reducida a una formalidad vacía. En la audiencia pública convocada por el propio gobierno, el noventa por ciento de los cerca de 700 expositores se pronunció en contra del proyecto, pero esa expresión masiva fue ignorada.

La autovía no responde a las necesidades de Punilla ni a la mejora de la vida de sus habitantes. Forma parte del Corredor Bioceánico Porto Alegre Coquimbo y está pensada para facilitar el tránsito de camiones de gran porte que trasladan materias primas del agronegocio y la megaminería hacia puertos de exportación. Es una obra a la medida del agronegocio, del turismo de élite y de la especulación inmobiliaria. A la accesibilidad que brindará la traza se suma la liberación de franjas de tierra de alto valor para la urbanización privada, lo que encarecerá el suelo y los alquileres y profundizará el colapso de una región sin infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría trabajadora.

Frente a este cuadro, la respuesta del poder no fue abrir un debate real ni revisar el proyecto, sino iniciar causas penales contra quienes se organizan. La criminalización de los seis imputados de Punilla, también, es una advertencia dirigida a todo el movimiento socioambiental, que en este caso se enfrenta a la realización de una obra de infraestructura reñida con los intereses populares, diseñada para garantizar ganancias empresariales.

Conclusiones

Estas causas abiertas contra 52 luchadores y luchadoras revelan una tendencia nacional: cuando la depredación ambiental capitalista encuentra resistencia, la respuesta de los gobiernos es el Código Penal, con nuevas figuras como la reiterancia. Se intenta convertir en delito lo que es una libertad democrática elemental: movilizarse, protestar y defender el ambiente. El derecho a un ambiente sano y el derecho a la protesta no pueden quedar subordinados a los intereses de las corporaciones mineras, constructoras o inmobiliarias.

En este cuadro, resulta importante la defensa de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, aún con los límites que mostró desde su aprobación en relación a sus objetivos. Esta norma fue aprobada tras enormes movilizaciones populares contra la megaminería, con particular peso en las provincias afectadas, y establece un límite a la actividad en zonas glaciares y periglaciares, protegiendo reservas de agua fundamentales para millones de personas. Hoy esa ley es objeto de presiones y maniobras para su flexibilización o vaciamiento, en línea con los intereses de las corporaciones que buscan ampliar la frontera extractiva sobre territorios sensibles. No es casual que, al mismo tiempo que se impulsa la modificación o reinterpretación de la Ley de Glaciares, se multipliquen las causas penales contra quienes la defienden en la calle.

La criminalización de la protesta socioambiental no es un exceso aislado de fiscales o jueces, sino parte de una orientación política destinada a garantizar negocios millonarios silenciando la voz de las comunidades. Mientras se habilitan proyectos contaminantes y se discuten reformas para debilitar marcos de protección ambiental, se persigue a quienes alertan sobre sus consecuencias. Mientras se reducen regalías y se otorgan beneficios fiscales a grandes grupos económicos, se procesan y encarcelan vecinos.

Por todo ello, este proyecto es un pronunciamiento político frente a un avance represivo que amenaza libertades democráticas fundamentales y busca despejar el camino para el saqueo de nuestros bienes comunes naturales. Defender a quienes luchan por el agua, por la plena vigencia de la Ley de Glaciares y por la protección de los territorios es defender los bienes comunes, a las comunidades y al conjunto del pueblo trabajador.

Solicitamos a las y los diputados acompañen este proyecto de Resolución.

Néstor Pitrola

Romina Del Plá

Myriam Bregman

Nicolás del Caño