Nacionalización del sistema educativo.

PROYECTO DE LEY
La Honorable Cámara de Diputados y Senado de la Nación
sancionan con fuerza de Ley:
ARTÍCULO 1° — Objeto. La presente ley establece una serie de disposiciones
urgentes tendientes a garantizar el derecho a la educación y la continuidad de
las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos/as
del Sistema Educativo Nacional.
ARTÍCULO 2° — Nacionalización del sistema educativo. El Poder Ejecutivo
Nacional a partir de la presente ley recupera la indelegable responsabilidad del
financiamiento del conjunto del sistema educativo de todo el país, del pago de
los salarios a todos los docentes y de la infraestructura escolar en todas las
provincias.
ARTÍCULO 3° — Queda expresamente prohibida la injerencia de los cultos
religiosos, cualquiera sea, en el sistema educativo nacionalizado por esta ley.
ARTÍCULO 4° — Nómbrense en forma inmediata todos los cargos docentes,
auxiliares y / o servicios, que falten según Planta Orgánica Funcional de los
establecimientos educativos hasta cubrir todas las vacantes.
ARTÍCULO 5 —° Los servicios educativos de todos los niveles y modalidades,
en todas las jurisdicciones, deben contar en forma obligatoria con un Equipo de
Orientación Escolar (EOE) como dotación mínima.
ARTÍCULO 6° — Dispóngase la construcción de todos los edificios, aulas y
escuelas faltantes, la solución inmediata de todos los problemas de
infraestructura y el aumento de los cupos y montos de los comedores escolares,
en todo el territorio nacional.
ARTÍCULO 7°— Se establece en 25.000$ (VENTICINCO MIL PESOS
ARGENTINOS) el monto para todos/as los beneficiarios de la Beca
PROGRESAR, retroactivo al mes de marzo, y de pago inmediato al 100%.
ARTÍCULO 8°— Deróguense todas las leyes y resoluciones que contradigan o
mermen los derechos laborales de los estatutos docentes y los regímenes de
licencia.
Se establece el derecho a estabilidad y licencias contempladas en los estatutos
docentes de todos los docentes de todos los programas socio-educativos
vigentes en todas las jurisdicciones del país.
ARTÍCULO 9°— Se establece la duplicación del monto percibido en concepto de
FONID, y su integración al salario básico docente, pasando a ser dicho ítem
remunerativo y bonificable para los docentes de todas las jurisdicciones,
garantizando su percepción para todos los docentes jubilados.
ARTÍCULO 10°— Se dispone la liberación integral de la conectividad (servicios
TIC) y su gratuidad, sin restricción alguna de acceso a estos servicios, y la
entrega de dispositivos que ofician de soporte de los mismos (computadoras /
notebooks / netbooks) para todos los estudiantes y docentes de todos los niveles
educativos.
ARTÍCULO 11°— Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ley serán solventados con financiamiento del Estado Nacional con una
partida presupuestaria extraordinaria en base a la inmediata suspensión de los
pagos de la deuda externa, impuestos especiales a los grandes rentas y
ganancias capitalistas, y la quita de todo tipo de subsidios a la educación privada,
la cual pasará a incorporarse al sistema educativo público con todo su personal,
reconociéndose todos sus derechos laborales.
ARTÍCULO 12°— Las direcciones sindicales –incluyendo sus representaciones
por minoría en las seccionales- y organizaciones de trabajadores docentes y no
docentes de la educación, junto con los centros de estudiantes, de cada
jurisdicción, tendrán plenas facultades de supervisión y seguimiento –con poder
de decisión y de veto- sobre el desarrollo y cumplimiento de las disposiciones de
la presente ley por parte de la Autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 13°— Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Educación de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente Ley y articulará las
acciones necesarias con los Ministerios de Educación de todos los distritos que
componen la jurisdicción nacional.
ARTÍCULO 14°— Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El oficialismo, en acuerdo con la oposición de Juntos Por el Cambio, promueven
sistemáticamente iniciativas legislativas en materia de educación que no son
más que la repetición de viejas recetas, donde abundan la enunciación de
propósitos y objetivos que pretenden ser una declaración de “buenas
intenciones”, mientras brillan por su ausencia las disposiciones concretas y
urgentes que se deberían tomar para abordar seriamente la problemática.
La única medida que impulsan es la creación de nuevos “planes” y “programas”.
Nada nuevo bajo el sol. Ya conocemos muchos: “Asistiré”, “Todos a estudiar”,
“Todos a la escuela”, “Cesaj”, “Patios abiertos” y un largo etc., son la larga lista
de iniciativas de este tipo –que no requirieron de ninguna ley del Congreso, que
bien podría concentrar sus energías en legislar seriamente sobre los derechos
vulnerados de estudiantes y docentes. Todos planes y programas que tienen el
objetivo de “retomar”, “reforzar” o “apuntalar trayectorias educativas”, que tienen
nulo o limitado éxito.
Paralelamente, buscan reforzar el papel y las facultades del Consejo Federal de
Educación, que es un órgano sometido políticamente a los gobiernos
provinciales que ejecutan una brutal embestida contra la educación en cada una
de las provincias y jurisdicciones; y por lo tanto, muy lejos está de atender las
prioritarias necesidades de alumnxs y docentes.
Realizan asimismo apelaciones destinadas a la participación de organizaciones
sociales y juveniles que, en virtud de la “trayectoria” real del sistema educativo
en nuestro país, es lo más sensato suponer que terminará siendo la puerta de
entrada para una mayor injerencia de las iglesias, que han colonizado buena
parte del sistema educativo nacional –no sólo el privado.
La presentación sobre “la discontinuidad de las trayectorias educativas" solo se
circunscribieron a los efectos de la pandemia del Covid-19. Es inobjetable que la
virtualización forzosa -sin garantizar los recursos materiales, tecnológicos y
pedagógicos necesarios para ello- agravó el cuadro de deserción y abandono
escolar. Pero en realidad estamos ante un problema de fondo, que excede y
antecede a las medidas de emergencia sanitaria que en su momento se tomaron.
Por el contrario, este proyecto de ley atiende a la medida legislativa más urgente
que se debería disponer desde el plano educativo para empezar a tomar
seriamente cartas en el asunto. La nacionalización del sistema educativo,
centralizando nuevamente en el poder ejecutivo nacional las responsabilidades
presupuestarias y de financiamiento –de modo de revertir el descalabro de la
descentralización impulsada por el menemismo y sostenida por todos los
gobiernos- es el punto de partida más elemental. Junto con ello, establecemos
el carácter laico del sistema educativo, es decir, su carácter científico, que es
inviable si no está desprovisto de los prejuicios y nociones oscurantistas de las
distintas religiones que no hacen más que ganar terreno en esta materia,
imponiendo y reforzando una verdadera regresión cultural.
Nuestro proyecto de ley establece asimismo medidas harto urgentes –respecto
de las cuales hemos presentado ya numerosos proyectos, cuyo tratamiento fue
bloqueado sistemáticamente en esta cámara en 2020- como el nombramiento y
la designación de todos los cargos docentes; la construcción de escuelas y la
refacción de los edificios existentes para poner fin a los graves problemas de
infraestructura; el aumento en ese entonces a $15.000 mensuales y la reapertura para la inscripción a la beca Progresar; el imperioso aumento del
presupuesto educativo.
Sabemos que el problema que enfrentamos es de mucho más basto alcance, y
el mismo no va a ser solucionado con la sanción de una ley educativa. Si no
abordamos el conjunto de los problemas económicos y sociales que recorren la
vida de lxs niñxs, adolescentes y adultos –la grave situación que atraviesan las
familias trabajadoras- todas las medidas paliativas que se tomen para frenar la
sangría de la deserción escolar –ese es el gran punto en torno a las trayectoriasson inocuas.
Si no se toman medidas de fondo para enfrentar el problema de la desocupación
y la miseria de las familias trabajadoras, de la falta de acceso a la vivienda, lejos
vamos a estar de que los jóvenes que no tienen un techo, puedan acceder a la
“escolarización obligatoria”. Los gobiernos que los reprimen y desalojan cuando
ocupan un terreno; que responden con topadoras, balas y palos al reclamo por
tierra para vivir, mucho menos se ocupan de que esxs niñxs asistan a una
escuela.
Las miles de familias que están en las múltiples ocupaciones de terrenos que
recorren al país, ¿qué posibilidad tienen de sostener una educación sistemática?
Como se ve, el problema no se limita a la virtualidad -que por supuesto cae en
saco roto, cuando la conectividad a internet es un problema casi menor
comparado con la falta de agua potable.
Hacen falta medidas estructurales: derecho a la vivienda, al trabajo, al salario, a
la salud y junto con ello, garantizar efectivamente el derecho a la educación. De
lo contrario, no habrá forma de revertir este proceso de deserción educativa, de
trayectorias escolares discontinuas y, en definitiva, la desigualdad educativa que
no es más que un reflejo de la desigualdad social.
Por el contrario, quienes nos gobiernan (y gobernaron antes) invierten el
problema, de la mano de una operación conceptual que no hace más que
distraer. En los discursos se hace uso y abuso de un concepto que apunta a ser
una especie de cobertura de la agudización de la crisis y la miseria social –en
nuestro país y en el mundo- y es la idea de que la educación “nos va a salvar a
todos”. Cuando la educación es un instrumento que no puede disociarse del
medio social en el que se desenvuelve y que, por lo tanto, no resuelve por sí solo
las posibilidades de desarrollo educativo, cultural y moral de la población, en un
marco de aumento generalizado de la pobreza y el ajuste.
Se le pide a la educación que resuelva el problema de la catástrofe social que
produce el capitalismo en una etapa de franca descomposición. Y se termina
descargando sobre los docentes –precarizados y sin recursos- la
responsabilidad del fracaso educativo, descargando sobre ellxs todo tipo de
frustraciones.
Por todos estos motivos, solicitamos a los y las diputados nacionales el
acompañamiento del presente proyecto de ley.

Romina Del Plá