Proyecto declaración justicia por Dario y Maxi

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Artículo 1°.- Declarar su repudio a la inacción, el encubrimiento y el silencio que, por parte del Estado y la Justicia, se sigue perpetuando en torno a los responsables políticos e intelectuales del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a 20 años de la Masacre de Avellaneda.

Artículo 2°.- Reclamar el urgente avance de las causas que deben investigar la responsabilidad de las autoridades políticas involucradas en la brutal represión, que culminó con decenas de heridos y dos asesinatos, del 26 de junio de 2002.

Artículo 3°.- Denunciar que la impunidad de los responsables pólticos del brutal crimen de Estado que terminó con las vidas de Kosteki y Santillán tiene la finalidad reaccionaria de garantizar cobertura política e institucional para el ejercicio de la represión contra las luchas populares, que se recrudece como política de Estado ante la profunda crisis económica y social que se agrava día a día.

Artículo 4°.- Expresar la solidaridad y apoyo a los familiares y organizaciones sociales que luchan por Justicia. Y rendir homenaje a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, luchadores sociales que fueron víctimas de un crimen de Estado contra el pueblo trabajador.

Artículo 5°.- de forma.

FUNDAMENTOS

El próximo 26 de junio se cumplirán 20 años de los asesinatos de Maxi Kosteki y Darío Santillan. Un crimen de Estado que tenía como objetivo sacar de las calles al movimiento piquetero independiente en el marco de una rebelión popular ante la bancarrota del país y sus brutales consecuencias. 

El gobierno surgido del acuerdo de Alfonsín y Duhalde venía a rescatar al Estado sacudido por la irrupción popular donde confluyeron piqueteros y ahorristas estafados. Había que golpearla y derrotarla para recomponer esa autoridad perdida por el Estado de los explotadores. 

Con la ayuda de la Iglesia habían logrado integrar a la CTA, a la CCC y a la FTV de Luis D’Elía al Consejo Consultivo, pero no podían permitir que aquellos movimientos que rechazaban la cooptación del Estado siguieran organizando a millones de desocupados. Había que aleccionarlos. Así el Jefe de Gabinete de Ministros, Alfredo Atanasof anunció que no permitirían que fuera cortado el Puente Pueyrredón: “cueste lo que cueste”.

La masacre de Avellaneda fue un operativo planificado desde la presidencia de Duhalde y la gobernación de Solá por un Consejo de Seguridad comandado por un gabinete de “unidad nacional” integrado por peronistas pero también radicales como Jaunarena y Vanossi, este último, activo inspirador de la operación. La represión fue perpetrada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en coordinación con todas las fuerzas federales. 

La intervención de los servicios de inteligencia de la ex SIDE, a cargo de Carlos Soria y Oscar Rodríguez fue clave, tanto en la infiltración en las asambleas piqueteras, como en el armado de la ficción que atribuía a los piqueteros haberse enfrentado a los tiros. Es lo que explica que los 32 heridos lo fueron de balas calibre 22, no usadas habitualmente por las fuerzas represivas del Estado. Es lo que explica que los jueces no intervinieran en las primeras horas, que se allanaran locales partidarios.

20 años después continúa la impunidad de los responsables intelectuales de estos crímenes. No solo eso. A los responsables políticos se los reivindica y se los premia. A Felipe Solá con candidaturas y el cargo de Canciller. A Aníbal Fernández nombrándolo Ministro de Seguridad, el mismo que siendo ese día Secretario General de la Presidencia aseguró que los piqueteros iniciarían la “lucha armada”, el mismo que acusó al Partido Obrero de incendiar trenes, el mismo que dejó liberada la zona para que actuara la patota de Pedraza en el asesinato de Mariano Ferreyra, otro crimen contra la clase obrera. Hay en ello un mensaje profundo. El de una clase social que rescata a quién rescata y prepara al Estado con tipos como él y como Berni. 

Sin dudas, se trató de un crimen de la clase capitalista, necesitada de recomponer su ciclo de negocios lo que requería disciplina social y que el mal ejemplo piquetero no se extendiera a las fábricas y lugares de trabajo, que ya demasiado tenían con la ola de ocupaciones que derivaron en las gestiones obreras. Aquellas gestas de Brukman, Zanón, Lavalán, Grissinopoli, o los obreros del subte que impusieron las seis horas en una de las grandes luchas de la etapa. 

Los grandes empresarios como Techint habían impuesto una devaluación de 3 a 1, ahora querían garantizar sus negocios y la regimentación de las grandes víctimas de toda megadevaluación, los trabajadores.

A 20 años, centenares de miles de piqueteros se organizan con el Polo Obrero, con el Frente de Lucha Piquetero, con la Unidad Piquetera mostrando la vigencia de un movimiento histórico de los más explotados dentro de los explotados. Pero también son 20 años que nos muestran que bajo todos los que nos gobernaron en estas dos décadas perdemos los trabajadores. Por eso la vigencia de las banderas de la gran Marcha Federal “por el trabajo y el salario, contra el hambre y la pobreza”. Por eso hoy tenemos que luchar por la libertad y la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, el desprocesamiento de Sebastián Copello y Juan Chorolque y de tantas compañeras y compañeros. Porque la derrota de fondo de los asesinos de Kosteki y Santillán será la derrota de una clase social y sus gobiernos, será la victoria del gobierno de los trabajadores para lo cual debemos organizamos como alternativa política y de poder.

Por todo lo expuesto, repudiamos la inacción estatal, el encubrimiento y el silencio oficial durante estos veinte largos años. Hacemos propio el reclamo por el inmediato avance de las causas judiciales contra los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda. Y solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto de declaración.