Verdad y justicia en el caso Cecilia Basaldúa

Expediente 1124-D-2022

PROYECTO DE DECLARACION

Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exige verdad y justicia en el caso Cecilia Basaldúa, oriunda del barrio porteño de Nuñez. Desaparecida el 5 de abril de 2020 en la localidad de Capilla del Monte de la provincia de Córdoba y cuyo cuerpo sin vida fue hallado por un vecino del lugar 20 días después en un descampado con signos de abuso sexual y de muerte por estrangulamiento.

Artículo 2°.- Denuncia a su vez las múltiples irregularidades que plagaron todo el proceso judicial desde el comienzo de la investigación hasta la elevación de la causa a juicio fijada el próximo 2 de mayo de 2022 ante los Tribunales de Cruz del Eje.

Artículo 3°.- Rechaza la elevación a juicio de la causa Cecilia Basaldúa cuya investigación preliminar se encuentra viciada de nulidad y por la cual se ha imputado a una sola persona, Lucas Bustos, un peón de albañil oriundo de la localidad de Capilla del Monte,  señalado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación como un “perejil”, por no contarse con prueba alguna que lo vincule al hecho.

Artículo 4°.- Expresa el total apoyo a la lucha emprendida por los padres, familiares y amigos de Cecilia Basaldúa, que es acompañada por el conjunto del movimiento de mujeres y diversidades del pais, sumándose al pedido de justicia y Ni Una Menos. El Estado es Responsable.

FUNDAMENTOS

El próximo 2 de Mayo del 2022 comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Se trata de uno de los primeros casos de violencia y femicidio que cobró estado público en Córdoba durante el transcurso del aislamiento más estricto por Covid, en Abril del 2020, momento en que se experimentaba un crecimiento exponencial de la violencia de género puertas adentro de los hogares.

El caso, que tuvo en vilo al país durante los veinte días de su búsqueda, conmocionó a la sociedad entera, no sólo por la brutalidad de su asesinato sino por el entramado policial que dejó expuestos los estrechos vínculos de diferentes estamentos estatales en su desaparición seguida de muerte. El movimiento de mujeres de Córdoba, organizado por la Asamblea Ni Una Menos, abrazó la causa rápidamente, primero exigiendo la búsqueda inmediata de Cecilia, luego luchando por justicia.

Cecilia Gisela Basaldúa de 35 años, oriunda de Buenos Aires, había regresado de un viaje de mochilera por Latinoamérica que duró 5 años. Por ese entonces estaba escribiendo un libro en Capilla del Monte, ciudad en la que residía durante el aislamiento por la pandemia. El 5 de abril de 2020 fue vista con vida por última vez. Veinte días después, su cuerpo sin vida fue hallado por un vecino del lugar en un descampado con signos de abuso sexual y muerte por estrangulamiento.

Desde ese momento la familia de Cecilia y su defensa han desandado una serie de maniobras de encubrimiento de la policía y la fiscalía. Cada paso en el avance de esta causa, ha sido producto de la incansable lucha emprendida por familiares, amigos y organizaciones sociales que debieron sortear aprietes, amenazas, y maniobras judiciales de todo tipo. De este modo se impusieron diferentes vías de investigación, aportando pruebas y solicitando pericias. Sin embargo, repentinamente y sin haberse agotado el proceso de investigación, la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, decidió elevar la causa a juicio, acusando a Lucas Bustos como autor del femicidio. Se trata de un joven peón de albañil de 23 años al que la Secretaría de Derechos Humanos denunció como un “perejil”, ya que no hay pruebas que lo vinculen al hecho, como tampoco lo vinculan los estudios científicos.

Giselle Videla, asistente de la querella y miembro del equipo de abogadas “Justicia por Cecilia”, indicó que la imputación de Lucas Bustos se basa en un sumario presentado por la policía, acerca de dichos que supuestamente Lucas habría efectuado. Pero no hay en la causa una confesión del sindicado culpable, con sus propias palabras. Por el contrario son múltiples los relatos que hablan de una golpiza que habría sufrido Lucas y su hermano en la comisaría para arrancarles una confesión. Asimismo, Giselle Videla puntualizó que tampoco se ha dado lugar a que la división “Homicidios” de Córdoba, intervenga en el caso, generando aún más sospecha acerca de la veracidad sobre un posible vínculo entre Mainardi (principal sospechoso para la familia Basaldúa) y la fiscalía.

Las inconsistencias en la causa son múltiples y parten de una serie de irregularidades en el procedimiento que tiene como fin último el auto encubrimiento respecto a la responsabilidad estatal en general, y de las fuerzas de seguridad en particular. Desde el momento cero, las autoridades locales y las fuerzas de seguridad desconocieron la legislación vigente, y rechazaron la aplicación del protocolo de búsqueda inmediata, que obliga al Estado a disponer de todos los recursos a necesarios para dar con el paradero de la persona desaparecida. No fue hasta que el movimiento de mujeres y sus familiares tomaron las calles exigiendo su búsqueda que se dispuso de diversas medidas de rastrillaje por la zona, y se abrió efectivamente un proceso de investigación.

Al calor de la lucha que desenvolvió el movimiento de mujeres para lograr el esclarecimiento del caso, fueron apareciendo nuevos indicios. Es de destacar el testimonio de una testigo clave, que desarrolló una crónica de cómo Cecilia fue maniatada, amordazada y llevada por la fuerza en un vehículo. El testimonio identificaría a las personas intervinientes como José, Viviana (Rasta), Mario Mainardi (dueño de la vivienda donde se alojaba Cecilia), Ramón (policía de la provincia de Córdoba) y Zárate (miembro de investigaciones de la policía). La testigo también mencionó que la fiscalía de Cosquín sería cómplice por garantizar el encubrimiento. Esta vía de investigación fue descartada de plano por la justicia.

En este cuadro, la apresurada elevación a juicio no hace más que convalidar un proceso viciado, que exime a los verdaderos responsables por el femicidio de Cecilia. Esto motivó el pedido de nulidad de todo proceso por parte de la querella, rechazando que la causa sea elevada a juicio en condiciones de orfandad probatoria.

La situación deja al desnudo, una vez más, la responsabilidad del gobierno provincial y de todo un régimen descompuesto que se cobra la vida de las mujeres. El señalamiento del aparato policial y el Poder judicial da cuenta de que el Estado y sus instituciones encubren y garantizar la impunidad de los violentos.

Frente  al comienzo del juicio, y ante todo este entramado de corrupción, presentamos el presente proyecto de declaración con el objetivo de establecer un pronunciamiento político y una clara exigencia dirigida al poder judicial, para se avance en el esclarecimiento de los hechos y la justicia por Cecilia.

En apoyo a la lucha que libran familiares y amigos de Cecilia Basaldúa, y que motoriza todo el movimiento de mujeres y diversidades de la provincia, solicito a mis pares presente aprobación al presente proyecto de declaración.