Establece la dieta salarial de los Concejales

 Artículo 1°: La dieta de los concejales, al igual que los salarios de los máximos funcionarios del Poder Ejecutivo, Intendente y Vice Intendente, equivaldrán a 4 (cuatro) veces el importe del salario mínimo, vital y móvil, vigente nacionalmente. Al mismo tiempo el importe no podrá superar el mayor salario de convenio colectivo vigente en el ámbito municipal. Los niveles salariales del personal superior del municipio se escalafonarán, en orden descendente, a partir del tope salarial antes indicado. 

Artículo 2º: Las dietas y salarios mencionados en el Artículo 1º de esa ordenanza serán incompatibles con cualquier otro ingreso económico, público o privado, derivado de jubilaciones o pensiones o de rentas de explotaciones privadas de cualquier índole. Por lo tanto, mediante declaración jurada ante los organismos públicos empleadores, su importe deberá ser descontado de la dieta o salario correspondiente. 

Artículo 3º: Queda expresamente prohibida toda partida de fondos reservados en el ámbito municipal como así también todo adicional liquidado como gasto de representación o similares. 

Artículo 4º: Tanto el patrimonio, su origen, como los ingresos de los concejales y funcionarios comprendidos en esta ley serán de público conocimiento mediante declaración jurada pública. La declaración jurada se renovará anualmente y en ella deberán constar ingresos y egresos de todo orden, a saber: tarjetas de crédito, cuentas bancarias, gastos de viaje y evolución patrimonial con detalle de origen de fondos. 

Artículo 5º: De forma. 

FUNDAMENTOS

Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda presentamos este proyecto de ordenanza como contrapunto de los obscenos dietazos de parlamentarios en el orden nacional, provincial y municipal. En efecto, junto a este acompañamos otro proyecto de resolución de repudio al bochornoso aumento del 40% aprobado recientemente por Diputados y Senadores del Congreso de la Nación,  que contó con la anuencia de los distintos bloque que van desde Cambiemos hasta el Frente de Todos y las distintas áreas del peronismo, y solo fue rechazado por el Frente de Izquierda. Cabe destacar que este dietazo se produce paralelamente al aumento del 35,5 % del Monotributo retroactivo al mes de enero, que implica una confiscación a más de 4 millones de cuentapropistas, autónomos y trabajadores precarizados que fueron afectados en sus ingresos durante la pandemia.    

En distintas oportunidades presentamos proyectos específicos para anular las resoluciones que daban lugar a aumentos desproporcionados de las dietas, mientras las mismas fuerzas políticas que se beneficiaban de ellas reclamaban un ajuste contra el pueblo trabajador. Fuimos también quienes denunciamos que los dietazos se hacían tanto de manera directa, con incrementos sobre la dieta neta del legislador, como por medio del aumento de los gastos de representación o del monto que se canjeaba en dinero por los pasajes no usados -una práctica muy extendida.

En estos días, en que frente a la pandemia del coronavirus y su impacto social y económico en un cuadro de bancarrota capitalista que compromete seriamente las finanzas de la ciudad es necesario debatir las prioridades y el destino de los fondos del municipio, por  resulta altamente pertinente volver a poner este proyecto del Partido Obrero en tratamiento. No obstante, queremos señalar el carácter oportunista y distraccionista de los recortes establecidos a concejales y legisladores durante el 2020, que buscaron darle carácter excepcional a una medida que debe ser la regla, y así sostener un régimen de privilegios.  

La brecha que separa lo que gana un trabajador y un parlamentario da cuenta de que son férreos enemigos de revertir el despilfarro más importante de los recursos, que es el pago de la deuda y los subsidios de todo tipo a los capitalistas que defienden a ultranza. La dieta salarial de un Concejal es en la actualidad de $227.300. A esto hay que agregar la extendida corrupción de funcionarios y legisladores que han engrosado sus patrimonios de manera fabulosa, y los desfalcos del patrimonio público a través de negociados de la patria contratista que involucran a todos los bloques capitalistas que ejercen o han ejercido el poder ejecutivo municipal, provincial o a nivel provincial. Es evidente que al régimen político de la patria contratista siguió el de la patria privatizada y la patria del negocio financiero internacional. Se ha acrecentado la corrupción de un Estado al servicio de los capitalistas y de la banca acreedora. 

De acuerdo al programa del Frente de Izquierda un funcionario debe ganar igual que un trabajador calificado. Por eso hemos propuesto que se equipare al monto de cuatro (4) salarios mínimo, vital y móvil. Este importe es similar al de un director de escuela con 20 años de antigüedad, según qué provincia, pero la relación con el salario mínimo establece un compromiso de los legisladores con toda la estructura salarial vigente, y en particular una relación con el monto de los más necesitados. 

La disposición que relaciona el salario de los funcionarios con el salario mínimo no implica meramente una cuestión moral de por sí trascendente; no implica sólo “un estado barato”, implica que los miembros de ese Estado no estarán apartados en su condición material de existencia de la condición de las grandes masas populares. De tal modo que los representantes políticos y públicos en general sean una avanzada del resto de la población y no una excrecencia arribista. 

El Salario Mínimo Vital y Móvil, actualmente en $21.600. Lo que plantearía un ingreso mensual de $86.400 para un Concejal. El contraste entre los ingresos de un legislador o funcionario público con los ingresos de la enorme masa de trabajadores que están por fuera de convenio, contratados en negro o de manera precaria, es un aún más brutal. 

El Estado argentino admite un 40% del trabajo en negro y por lo tanto de la economía de esos sectores en negro y la consiguiente evasión impositiva y social. Más aún, es el mismo Estado que paga en negro a sus trabajadores y pacta contratos en negro de falsa “locación” de servicios: un verdadero fraude laboral contra los trabajadores. La Justicia tampoco juega papel alguno en el juicio y castigo a los empleadores en negro que reproducen en la práctica condiciones de esclavitud. Hay quienes se oponen a esto, aduciendo un hipócrita igualitarismo social: plantean que hay que nivelar para arriba y no reducir el ingreso actual de funcionarios. Por supuesto que tienen razón, pero nada se hace en ese sentido. 

La bancada del Frente de Izquierda, en cambio, ha presentado proyectos de llevar el salario mínimo del trabajador al nivel de la canasta familiar. Pero esos proyectos no han entrado a la agenda parlamentaria, donde se impone la agenda de la clase capitalista. Lejos está de nosotros plantear un proyecto de venganza social. La propuesta que hacemos tiene un carácter socialista. Se trata de impedir que el funcionario formalmente elegido por el pueblo, o los funcionarios del Poder ejecutivo o Judicial, se alejen socialmente de la base social popular que los ha votado. 

El hecho que los diputados cobren una dieta salarial ha sido históricamente un progreso, por el cual pelearon los trabajadores. Antes sólo podían ser elegidos para los parlamentos aquellos que tenían una cierta fortuna bajo la forma del voto censitario. E incluso cuando se impuso, -por presión de las luchas de la clase obrera y los trabajadores- el sufragio universal, los parlamentarios no cobraban ingreso alguno, porque la política era considerada un privilegio de las clases propietarias de los medios de producción. Éstas no necesitaban de ingreso salarial de subsistencia ya que sus ingresos provenían de las ganancias y rentas de la explotación económico-social de los trabajadores. La historia demuestra que en la propia Revolución Francesa los diputados del Tercer Estado, que venían de las provincias al París revolucionario, no podían costearse estadías extendidas porque no tenían ingresos para alquilar, alimentarse, vestirse y sobrevivir. Los obreros cartistas británicos que lucharon por el derecho a elegir sus representantes a los parlamentos costeaban en forma colectiva, a través de colectas de las tradeunions los gastos de éstos. Es un derecho obrero y popular que los diputados cobren un ingreso que les permita subsistir mientras ejercen sus funciones políticas en los parlamentos. Pero impuesto este derecho popular, los poderes económicos de esta sociedad dominada por el Capital operan para corromper a los diputados, por alejarlos de las bases sociales y los mandatos que recibieron con el voto popular. Se trabaja porque los parlamentarios se transformen en una casta burocrática -alejada del pueblo trabajador- bien pagada. Es más: se la adula y se la invita a la vida social de las clases propietarias para que se sientan integradas a las mismas, como parte de la cooptación para que sean sus voceros políticos. Es una práctica común, reconocida ampliamente, que la gran mayoría de los parlamentarios son electos en base a promesas a las masas populares que luego no cumplirán cuando asumen sus bancas. Esto es inherente a la esencia misma de un Estado que no responde a los intereses de la mayoría trabajadora. 

Sólo se podrá superar cuando sea la clase obrera y los explotados los que gobiernen, cuando haya un gobierno de los trabajadores. En ese régimen un legislador electo por el pueblo cobrará un ingreso igual al de un trabajador calificado, no tendrá privilegios especiales y podrá ser revocado por sus electores, si no cumple con el mandato con el que fue electo. Esa lucha, pasa hoy, elementalmente, porque un legislador tenga un salario igual al de un trabajador calificado. En este caso hemos propuesto que sea igual a cuatro (4) salarios mínimo, vital y móvil. La actualización y el aumento del salario mínimo vital y móvil nacional de los trabajadores significarían automáticamente un aumento municipal  y ejercer el control político de su ejecución tienen que empezar por la transparencia de sus propias cuentas. El mismo criterio es extensivo a los máximos funcionarios del Poder Ejecutivo. 

El hecho de que todo funcionario gane lo que gana un trabajador es un paso revolucionario que, apoyado en la apertura de libros de las empresas, abre el camino para terminar con la corrupción que anida en la base del sistema de confiscación del producido del trabajo ajeno. El secreto comercial y bancario forma parte de un sistema de conspiración económica contra consumidores y trabajadores que se traslada a la conspiración de las camarillas de Estado. Los gastos reservados tienen el mismo carácter. La propuesta de esta ordenanza de la declaración jurada pública de bienes e ingresos ataca ese andamiaje en punto a la conducta de los funcionarios públicos. Nuestra propuesta no es declamativa: los parlamentarios del Frente de Izquierda, descontamos efectivamente de la dieta legislativa una suma igual al salario de un trabajador calificado, para nuestra subsistencia particular. El resto de los ingresos los donamos voluntariamente para ayudar a sostener las luchas del pueblo trabajador. Llamamos a los señores Concejales a acompañar este proyecto, como un paso de ruptura con este sistema corruptor.