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Expediente 1009-D-2022
Proyecto de Declaración:
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su más enérgico repudio al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por haberle solicitado al gobierno nacional que le quite los planes sociales a las personas que participan de movilizaciones populares. Tal pedido constituye una criminalización de la protesta social de características inusitadas, en momentos donde el crecimiento de la pobreza y la indigencia en el país está en el pleno crecimiento.
Del mismo modo la Legislatura de la Ciudad Autónoma e Buenos Aires repudia los dichos del Jefe de Gobierno afirmando que las familias llevan a sus hijos a las manifestaciones para usarlos como “escudos humanos”. Estamos ante una infamia contra las familias pobres de la Ciudad y del Conurbano Bonaerense, que en muchos casos concurren a las manifestaciones con sus hijos por la falta de vacantes en el sistema de educación pública. Solo en la Ciudad de Buenos Aires esa falta de vacantes asciende a más de 30.000, concentrándose especialmente en el ciclo inicial de la zona sur de CABA.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia al Jefe de Gobierno, le exige que no tome ninguna medida sancionatoria contra quienes participen en manifestaciones y reclama al gobierno nacional y de la Ciudad que atienden de inmediato los reclamos elevado por las organizaciones sociales.
Fundamentos
Luego de las declaraciones del ministro Juan Zabaleta, que fueron tomadas como una apriete contra el movimiento piquetero, el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, pidió que el gobierno nacional profundice el ataque contra las y los desocupados, coordinando la represión y aplicando sanciones y bajas en los planes sociales, mientras crece la pobreza al calor de una inflación explosiva.
La tesis de que las organizaciones piqueteras “toman de rehenes” a los manifestantes y la insistencia de que el derecho a manifestarse se encuentra por detrás del derecho a la libre circulación –aunque este se afecte solo parcialmente- son los latiguillos de las fuerzas políticas patronales y del gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional para arremeter contra las organizaciones piqueteras.
Valiéndose del ejemplo facilitado por Zabaleta y el gobierno, con la quita de los planes sociales a quienes ellos imputan como responsables de los incidentes en el Congreso cuando se votó el pacto con el FMI, Larreta reclama que se extienda el mismo tratamiento para las y los desocupados que se manifiestan por sus reclamos.
La idea de que las organizaciones piqueteras “extorsionan” a las familias para que se movilicen, bajo la amenaza de darles de baja, se inscribe en una provocación total ya que es el Estado el único capaz de extinguir un plan social, no las organizaciones. Algo que se agravaría con el pasaje de los programas sociales a los intendentes, como intenta forzar el gobierno y apoya hasta la derecha de Milei.
Invirtiendo la carga de los acontecimientos, desde la Ciudad afirman que los manifestantes “usan a los chicos y a las mujeres como escudos para que la Policía no los desaloje”, cuando en verdad se utiliza “discrecionalmente” a las fuerzas represivas para cometer todo tipo de atropellos, desde la requisa de carpas y mantas a la provocación, represión y detención de manifestantes cuando desconcentraban tras el acampe piquetero. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, eligió a las madres más pobres como eje de sus ataques. Para desanimar la protesta social y para armar las condiciones para reprimirla, reclama que se le retiren los planes sociales, incluida la AUH, específicamente a las madres de los chicos pobres argumentando que ellas los llevan a los piquetes y no al colegio.
Mediante esta declaración queremos reafirmar que no es el Estado el que fomenta el acceso a la educación de los chicos y menos aquel que está en manos de un gobierno que supo confesar que no iban a hacer nada para que, lxs chicxs que salieron de la escolarización en pandemia, volvieran a los colegios sino que son las mujeres más pobres las que se abren paso para darle a sus hijxs el acceso a la educación que los gobiernos les niegan.
El gobierno nacional mantiene diálogo con el ministro represivo de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, para coordinar operativos represivos que impidan el derecho a manifestarse de las y los trabajadores desocupados en el marco del ajuste planteado por el gobierno y su pacto con el FMI.
La idea sería que las fuerzas federales impidan el acceso de los manifestantes a las estaciones de tren y/o el ingreso a CABA con elementos para acampar, lo cual sería un hito en la creación pretoriana de derecho, instaurando el delito de “portación de carpa”. Para esta iniciativa apelan a la buena voluntad y experiencia represiva del ministro Aníbal Fernández, quien cuenta con su cuota de experiencia en la Masacre de Avellaneda.
Si el gobierno está decidido a terminar con los planes sociales la única salida que ni implique un retroceso en los derechos adquiridos de la población trabajadora implica la creación de trabajo genuino, con salario y convenio colectivo, en los municipios y/o en la obra pública provincial y nacional. Y mientras se genera el empleo, la garantía de un seguro universal al desocupado que impide que millones de familias sigan en la pobreza.