Solicitud de informes a Berni y Kreplak respecto a la crisis por la cocaína adulterada

Proyecto de solicitud de informes presentado por el Dip. Prov. Guillermo Kane (PO-FITU) referido a la crisis por la cocaína adulterada en la Provincia de Buenos Aires. Número de expediente: D- 5019 / 21-22

La Plata, 4 de febrero de 2022.-

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Dirigirse al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a fin de solicitar informe por escrito a la brevedad de las siguientes cuestiones referidas a la intoxicación de decenas de personas por cocaína adulterada, y la muerte, hasta el momento, de más de 20 de ellas.

• ¿En qué consistió la respuesta del poder ejecutivo frente a la crisis por la droga adulterada? ¿Qué resoluciones tomó el “comité de emergencia”, que incluía al gobernador Axel Kicillof y a distintos ministros, dentro de los cuales se encuentra usted?
• En las últimas horas se detuvo a Joaquín “el paisa” Aquino, y otras personas presuntamente relacionadas a una red de narcotráfico, ¿Desde cuándo tenían identificada esta red? ¿Por qué se lo detiene luego de una tragedia y no antes?
• ¿Cuál es el procedimiento con la droga incautada en función de arribar a conclusiones sobre su composición? ¿Qué actuaciones hubo por parte de las autoridades hasta el momento?
• ¿Por qué la policía bonaerense y el ministerio de seguridad de la Provincia no actuaron frente a las 23 denuncias por venta ilegal de estupefacientes, realizadas durante 2021 por los vecinos del barrio Puerta 8 de Tres de Febrero?
• Informe detallado acerca de las causas judiciales y detenciones de efectivos policiales vinculados al narcotráfico, profundizando acerca de las declaraciones realizadas a la prensa por el Sr. ministro, marcando que: “todos los días tenemos alguna detención de policías vinculados con el narcotráfico”. ¿Cuántos efectivos están implicados? ¿A qué nivel? ¿Qué acciones se tomaron al respecto? ¿Por qué persisten estos casos?
• ¿Cómo es posible que un negocio como el del narcotráfico, que, según estimaciones, significa varios cientos de millones de dólares anuales, opere con el gran nivel de impunidad que lo hace?
• También según declaraciones del Sr. Ministro, se venden “200.000 dosis de cocaína todos los días”. ¿Cómo tienen dimensionado ese mercado sin actuar sobre ello? ¿Cuántos puntos de venta de cocaína estiman que hay en la provincia y bajo qué condiciones para permitir esa venta diaria?
• ¿Qué seguimiento hay de los activos y el lavado de dinero de la plata que surge del narcotráfico? ¿Qué medidas se han tomado respecto de las instituciones financieras que procesan sus ganancias?
• ¿Qué funcionamiento tienen los programas estatales en el ámbito de la salud apuntados al combate a las adicciones? ¿Qué tasa de éxito tienen?
• ¿Qué extensión tiene el consumo de opiáceos que son endémicos en nuestro país, y su comparación con la misma problemática en otros países?

FUNDAMENTOS

El 2 de febrero, el país y la provincia se vieron conmocionados por una verdadera masacre: Al menos 23 personas fallecieron y 84 permanecen internadas en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires luego de intoxicarse con cocaína adulterada. Según las primeras versiones, la droga podría contener sustancias como veneno para ratas o fentanilo, un estupefaciente que puede ser letal en muchos casos.

A día de hoy, no se sabe con exactitud el alcance del producto, pero se espera que el número de muertos crezca a medida que se reporten más casos, incluyendo la posibilidad de víctimas que puedan haber fallecido sin haber recibido atención médica.

Esta tragedia, como no podía ser de otra manera, despertó la bronca popular de los vecinos de las localidades afectadas. En Hurlingham, una de las localidades más afectadas por el caso, un gran grupo de personas arremetió contra un patrullero en la puerta del hospital municipal, denunciando la complicidad de la policía con el narcotráfico que se desarrolla todos los días en sus barrios.

El narcotráfico en nuestro país es un gran flagelo. Pero sobre todo es un negocio multimillonario, que no tendría lugar sin el amparo del poder político y las fuerzas represivas a las redes de narcotráfico.

Este caso es una demostración brutal de esa complicidad que lleva años. Los vecinos del Barrio Puerta 8 de Tres de Febrero, donde se comercializó la primera droga contaminada, habían hecho durante el año pasado 23 denuncias por venta de estupefacientes. Sin embargo, y aún habiéndose hecho dos procedimientos en noviembre y diciembre, nada impidió que se siguiera adelante con la venta de una droga potencialmente letal.

Lo que siguió después de la tragedia fue también demostrativo de una política que evita caer sobre los responsables directos del narcotráfico. La primera acción oficial del ministro Berni y la policía bonaerense fue plagar el barrio Puerta 8 de oficiales, alterando a los familiares ya consternados por la situación de las víctimas, e incluso apresando personas inocentes, según las denuncias de los vecinos. Justamente, quienes viven en Puerta 8 denuncian que, como sucede en la mayoría de los casos, allí se comercializa la droga pero quienes manejan el negocio no viven allí.

En este mismo sentido, la persecución a los consumidores es un intento de “lavar” la responsabilidad que le cabe al poder político. Mientras tanto, las redes de narcotráfico operan impunemente, con zonas liberadas por las fuerzas policiales.

El Estado tampoco tiene ninguna respuesta para darle a la juventud que consume y que sufre dependencia física y psicoemocional hacia este tipo de sustancias. No hay un acompañamiento de las adicciones ni de las familias que ven a sus seres queridos atravesar la enfermedad, ni tampoco del resto de los problemas de salud a largo plazo que genera el consumo. A su vez son escasos los dispositivos puestos en marcha, que no pasan de algunos centros de atención ambulatoria en zonas de población vulnerable y Comunidades Terapéuticas para internaciones de quienes lo requieran, previa evaluación por profesionales del Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico). Denunciamos que una parte del presupuesto destinado a este fin es desviado a iglesias y a ONG’s, como el “programa de atención en ámbito religioso”. El estado no asume la responsabilidad de tener una política frente a la salud de los adictos, y lo deriva incluso en instituciones reaccionarias.

No podemos dejar de mencionar que, más allá de este hecho, lo cierto es que todos los días se consumen drogas adulteradas -es común que los vendedores intenten abultar el producto con otra sustancia más fácil de conseguir y más barata-, y todos los días mueren pibes por ello.

La lucha contra el narcotráfico es, en definitiva, una lucha de fondo contra un régimen social que arrastra a la clase trabajadora, a través de la violencia y la explotación, a refugiarse en el consumo de sustancias de manera problemática, mientras que luego la persigue por ello. Por ese motivo, desde el Frente de Izquierda Unidad también reclamamos la despenalización del consumo y la necesidad de poner en pie toda una serie de dispositivos para acompañar a las víctimas y las familias de víctimas del narcotráfico, a quienes cuentan con adicciones y sus allegados y a toda la población que requiera atención, que cuente con presupuesto propio y estén bajo control de profesionales de la salud del área.

Desmantelamiento de todas las redes de narcotráfico, libertad para todos los consumidores detenidos y derogación de la ley de drogas 23.737 de la dictadura.

Por todos estos motivos solicitamos a los señores Diputados la aprobación del presente proyecto de solicitud de informes