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Expediente 2145-D-2021
Proyecto de declaración
La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la detención de una médica trabajadora del Hospital Materno Infantil de Tartagal quien en pleno cumplimiento de la ley 27.610 realizó una interrupción voluntaria del embarazo siendo la única médica no objetora de conciencia de la ciudad.
FUNDAMENTOS
En el dia de la fecha (3/9/21) por la mañana fue detenida una médica de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, luego de garantizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo, realizando el procedimiento dentro de las normativas establecidas en la Ley 27610 conquistada por la marea verde en el 2020. En un comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, se señala “La compañera ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.
La ley de ILE señala que se requiere un consentimiento de la paciente que solicita el procedimiento aunque éste consentimiento existe, el fiscal Gonzalo Ariel Vega avanzó de todas formas en la detención alegando que para solicitar la ILE se necesitaba la autorización del Juez de Garantías y que el procedimiento fue realizado fuera de término sin dar ningún tipo de prueba que evidencie tal acusación.
El aparato judicial salteño se ha puesto a disposición de Iglesias que tienen un enorme peso e injerencia en todo el país, pero particularmente en el norte argentino, nuevamente se pone de relieve que las relaciones entre Iglesia y Estado suponen un empoderamiento de instituciones oscurantistas y anti derechos. Al mismo tiempo se comprueba lo regresivo del artículo 10 sobre la Objeción de Conciencia, impulsado por estos mismos sectores oscurantistas para permitirse, incluso con la ley conquistada, la negación de este derecho. Este artículo es el que le permite a la Iglesia amedrentar y perseguir a los médicos para que se declaren objetores, e incluso ahora van más a fondo con su campaña oscurantista y arman una causa trucha contra la única profesional garantiza el cumplimiento de este derecho. La separación de la Iglesia del Estado es más necesaria que nunca.
La legislatura porteña debe denunciar esta terrible violación de una ley conquistada por la lucha popular y exigir el desprocesamiento de la médica detenida.
