Repudio a la detención de militantes sociales en Jujuy.

Proyecto de Declaración

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos
en Congreso declaran:

Repudiar las detenciones de 3 (tres) militantes sociales por participar de las
enormes movilizaciones en la Provincia de Jujuy, en las cuales reclamaban
derechos elementales como ser alimentos para comedores comunitarios y
apertura de merenderos.
Asimismo, repudiar el modo en que se realizaron las detenciones y pronunciarse
contra las persecuciones, represiones, torturas y amenazas por parte de la policía
provincial a cargo del Gobernador Gerardo Morales.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En las últimas horas, en la Provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales fueron
detenidos; Sebastián Copello del Polo Obrero, Juan Chorolque, de MTR 12 de Abril, y
Verónica Urzagasti, de MAR, los tres referentes por las luchas sociales.
La policía irrumpió en los domicilios con una supuesta orden de allanamiento. La acusación
es por haber participado de medidas de luchas del movimiento piquetero, todas las cuales
se desarrollaron con miles de participantes.
La movilización popular en la Provincia de Jujuy ha tomado fuerza en los últimos meses
producto del cuadro de aumento de la miseria y el hambre. El agravamiento en la situación
económica y social de la población jujeña se refleja en las “propuestas” salariales de miseria
a los docentes y estatales y en la negativa por parte del gobernador a dar algún tipo de
solución concreta a los miles de desocupados.
Frente a esta política las y los trabajadores docentes y estatales respondieron con
convocatorias a paros y movilizaciones, por un lado y movilizaciones de las y los
trabajadores desocupados nucleados en el Frente de Lucha Piquetero por el otro.
Es así que el Frente de Lucha Piquetero de Jujuy lanzó un plan de lucha provincial por los
reclamos más elementales, como el reconocimiento de merenderos y comedores que
funcionan a pulmón a lo largo de toda la provincia.
El movimiento piquetero independiente viene sosteniendo merenderos y comedores a
pulmón sin recibir ni un gramo de arroz por parte del gobierno provincial.
Luego del impacto que tuvo el acampe piquetero en todo el país y particularmente en Jujuy
donde hace años no se veían estas acciones de lucha Morales se sumó a la ofensiva
punitivista: A través de los medios afines al gobernador, el responsable del Juzgado
Contravencional N°1, Matías Ustarez Carrillo (Radical puesto a dedo por Morales), anunció
que las multas para los tres supuestos “dirigentes” del acampe, (Sebastián Copello del Polo
Obrero, Juan Chorolque, de MTR 12 de Abril, y Verónica Urzagasti, de MAR) podrían ser
de hasta un millón de pesos, arresto o trabajo comunitario. Las declaraciones tuvieron un
claro tono persecutorio.
Esta persecución se extiende a un modus operandi del gobernador contra todo opositor a
su política. En los últimos días se lanzó un ataque a Gastón Remy, concejal del FIT-U,
tergiversando y calumniando su intervención sobre el 40 aniversario de Malvinas.
El ataque salió desde la propia Casa de Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del
Facebook del secretario de Gobierno Diego Rotela. También desde el propio Ejecutivo se
lanzó un pedido de detención a “Nando” Acosta, de la Verde y Blanca de ATE, por participar
de la manifestación en la apertura de sesiones legislativas.
Al tratarse de una política persecutoria no podemos obviar que la dirigente de la Tupac
Amaru Milagro Sala fue apresada en 2016 en Jujuy, en una clara operación política del
gobierno provincial de Gerardo Morales en entrelazamiento con el aparato judicial. Todo el
proceso estuvo lleno de irregularidades.
Todos estos casos relatan un gobierno que se apoya en un régimen policiaco para hacer
pasar el ajuste en la provincia. Desde la asunción de Gerardo Morales la pobreza en Jujuy
aumentó a un 45% y los salarios estatales vienen perdiendo por quinto año consecutivo.
Este ajuste no podría pasar sin la persecución judicial y la represión.
Por otro lado vale aclarar que el código contravencional es un mecanismo de persecución
directa por parte del Poder Ejecutivo. A través del juzgado contravencional se sentencia
con multas y hasta arrestos cualquier reclamo popular hacia el poder político. Es decir que
el gobierno actúa como juez y parte. Estamos frente a un accionar anticonstitucional, que
pasa por encima del derecho a peticionar a las autoridades y manifestarse garantizado en
la Constitución Nacional.
Gerardo Morales recurre a la represión para frenar los reclamos populares. Como lo hizo el
3 de marzo, tras una brutal represión en localidades como San Pedro, Perico y otras, donde
detuvieron a 15 compañeros, los que sufrieron torturas y amenazas, y que fruto de una
intensa campaña y movilización fueron liberados. Se trata de una vía para hacer pasar el
ajuste con la grave crisis que viven las y los trabajadores.
La criminalización de la protesta no va a frenar la lucha de los que más sufren la crisis y el
ajuste de los gobiernos en la pelea por trabajo genuino y el pan de todos los días.
Repudiamos las detenciones y exigimos la inmediata libertad de los compañeros.
La gravedad de la política represiva del gobierno de Jujuy merece masivos
pronunciamientos y movilizaciones de repudio.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.
Romina Del Plá

Myriam Bregman
Nicolás del Caño
Alejandro Vilca