Repudiar y reclamar explicaciones al Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, respecto del Plan de la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocido como Plan de Inteligencia Nacional (PIN)

EXPTE N°2740-D-2025

Repudiar y reclamar explicaciones al Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, respecto del Plan de la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocido como Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que ha sido denunciado por dar total libertad de acción a la SIDE para la persecución política, al habilitar a sus agentes a realizar inteligencia y recolectar información sobre “actores estratégicos” que, por ejemplo, generen “pérdida de confianza” sobre las políticas económicas del gobierno nacional, lo que equivale a una legalización y habilitación del espionaje estatal sobre todo aquel que cuestione a los funcionarios, se organice por sus reclamos o denuncie la represión.

Solicitar a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que fueron informados por el propio Neiffert en noviembre del año pasado respecto de los lineamientos estratégicos de la SIDE y el Plan de Inteligencia Nacional del gobierno, que brinden explicaciones respecto de cuáles fueron las consideraciones que tuvieran sobre dicho plan y los motivos por los cuales no han tenido ninguna actuación respecto del mismo, en el marco de las funciones que le son propias como la de “fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional”.

Demandar a esta Cámara de Diputados el urgente tratamiento del Expte. N°3933-D-2024, por medio del cual se anulan los decretos N° 614/2024 (DNU-2024-614-APN-PTE) y N° 615/2024 (DECTO-2024-615-APN-PTE), de creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente directamente del presidente de la nación, con control operativo de cuatro agencias vinculadas a las tareas de inteligencia, y de la estructura orgánica y funcional de la jurisdicción y de los órganos desconcentrados de la SIDE, junto con el dictado de normas complementarias y aclaratorias.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El día domingo 25 de mayo del corriente, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon publicó en el diario La Nación una nota que describe la existencia de un Plan Nacional de Inteligencia (PIN) donde se fijan los lineamientos estratégicos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para los próximos años.

De acuerdo al informe, se trata de un documento secreto elaborado por la cúpula del organismo presidido por Sergio Neiffert. Allí se caracteriza “cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, enumerar las eventuales acciones particulares a desarrollar para cumplirlas. Y las enumera, a lo largo de un texto de 170 páginas llenos de generalidades, zonas grises y ambigüedades”.

En el PIN se otorga a  la SIDE “la facultad de recabar información de todos aquellos que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si alude a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionen los operativos de la ministra Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados” y a aquellos  “actores” que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno.  

Lo que seguramente erosiona la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios son casos como la estafa con la criptomoneda $Libra o las denuncias de corrupción en el PAMI o los blanqueos sin límite para los evasores que serían héroes para el presidente Milei, mientras los jubilados que no pueden jubilarse porque sus patrones no hicieron los aportes serían ladrones.

La autenticidad del PIN cuenta, según Alconada Mon, con al menos dos fuentes independientes entre sí, la que luego fue confirmada por el propio gobierno a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que admitió su existencia aunque rechazando los objetivos persecutorios que se le adjudican. Además, el Gobierno lanzó una advertencia directa a los medios que reproduzcan el contenido del PIN. Según la Casa Rosada, se trataría de un "documento secreto" cuya divulgación implicaría "un delito federal".

El documento secreto también define como sujeto de interés de la SIDE a todos aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación” y a quienes promuevan la “distorsión” de la “percepción” y afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y, en particular, por medio de la inteligencia artificial.

Es preciso recordar que el Presidente de la Nación viene insistiendo con la necesidad de “odiar más a los periodistas”, un claro ataque a la libertad expresión y que un funcionario de la Casa Rosada, Juan Pablo Carreira, fue el autor de un video desarrollado con inteligencia artificial aparecido durante la veda electoral en la que el ex presidente Macri anuncia que decidió bajar la candidatura de Silvia Lospenatto, llamando a votar al candidato libertario Manuel Adorni, lo que claramente constituye un operativo de desinformación y manipulación de la información pública en las vísperas a una elección. Estas prácticas fueron calificadas por el presidente Javier Milei como “libertad de expresión”.

El documento secreto también alude como foco de interés de los analistas y agentes de la SIDE a los “fenómenos” derivados de la pobreza y la desigualdad, como también de las migraciones internas que “puedan constituir un riesgo” para lo que define como el “desarrollo integral” de la Nación, sin tampoco aportar más precisiones. ¿Quedarían algunas organizaciones sociales bajo la lupa de los espías? Se pregunta Alconada Mon.  La respuesta es sí, considerando que el PIN fija como prioridad la lucha contra el terrorismo (una figura reiteradamente utilizada por la ministra Patricia Bullrich contra manifestantes populares) –incluido el de “raigambre anarquista”, un claro direccionamiento para tipificar como terrorismo a todo movimiento de lucha u oposición política consecuente. Esto mismo se ha verificado en la manipulación mediática contra las organizaciones piqueteras, los allanamientos ilegales y los procesamientos sin pruebas a las organizaciones de desocupados y a los detenidos “al voleo” en las movilizaciones en todo el último período.

Por otra parte, la decisión en el Plan de Inteligencia Nacional de darle prioridad absoluta al alineamiento total con Estados Unidos e Israel, no solo es un acto de sumisión absoluta frente a una potencia extranjera, sino que pone a la Argentina en la lista de cómplices del genocidio sionista sobre el pueblo palestino. Una derivación de ello es el enorme peso y la impunidad con la que actúa la DAIA en nuestro país y su poder de censura y persecución, valiéndose fuertemente del poder judicial, como evidencian las causas judiciales completamente anti democráticas contra Vanina Biasi y Alejandro Bodart, por manifestar públicamente su repudio al genocidio sionista.

Pocas horas después de publicado su informe, Alconada Mon denunció que recibió diez intentos para tomar el control de su cuenta de WhatsApp, como también un intento de ingresar a su cuenta en la red social X, además de enviarle insultos y amenazas a su teléfono celular desde cuatro números telefónicos distintos, y registrarlo con su nombre en una página pornográfica.

Todo lo descripto hasta aquí dan cuenta de los motivos más justificados para el repudio y el pedido de explicaciones al titular de la SIDE, Sergio Neiffert. Del mismo modo que a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que fue informada de los lineamientos generales de la SIDE y los detalles del Plan de Inteligencia Nacional de este gobierno en noviembre del año pasado por el propio Neiffert, y hasta el momento no se le conoce una sola actuación al respecto. El tema es grave dado que entre las funciones de esta comisión bicameral figura la de “fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional”: un catálogo de todo lo que el gobierno de Javier Milei está violentando con este mega plan de espionaje contra el pueblo.

Estos hechos asimismo vuelven a poner en debate lo planteado en nuestro Proyecto de ley (Expte 3933-D-2024) para anular los decretos de relanzamiento de la SIDE. Alli se plantea la necesidad de desmantelar completamente la SIDE y todos los organismos de inteligencia que sólo se utilizan para el espionaje contra el pueblo y para las operaciones políticas de los gobiernos de turno.

En sus fundamentos planteamos que “El gobierno de Javier Milei ha relanzado nuevamente la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Se trata de los bien llamados “sótanos oscuros” del Estado capitalista, que han servido bajo todos los regímenes políticos, democracia y dictadura, fundamentalmente para el espionaje y la conspiración contra el pueblo.  Los servicios de inteligencia en nuestro país, lejos de servir para una defensa nacional estratégica contra amenazas foráneas, han estado históricamente colonizados por los servicios extranjeros del imperialismo y fueron empleados para las peores conspiraciones contra el pueblo y los intereses nacionales -mientras se reforzó el saqueo y el sometimiento colonial. Bajo la última dictadura cívico-militar-eclesiástica la SIDE fue un instrumento del Plan Cóndor, para diseñar planes de secuestros, tortura y genocidio. Bajo los gobiernos constitucionales, su uso para el espionaje interno y el espionaje político fue recurrente, bajo todos los gobiernos. (…)”

“(…) Junto con la relanzada SIDE, que dependerá directamente del presidente Javier Milei y contará con rango y jerarquía de ministerio, los decretos que proponemos anular agrandan tremendamente su estructura. Resulta paradójico que el gobierno que venía a destruir el Estado, está haciendo lo contrario a lo que prometió en campaña electoral. Lo único que destruye Milei son puestos de trabajo, mientras agiganta el aparato burocrático del Estado en materia represiva y especialmente en lo que respecta al reforzamiento de la capacidad de espionaje del Estado contra la población. (…)”

Denunciamos en este proyecto también que “Entre las modificaciones a la ley de inteligencia que contienen los decretos, se amplían las facultades de inteligencia y contrainteligencia, por ejemplo haciéndolos extensivos a quienes el Poder Ejecutivo entienda que amenazan o ponen en riesgo “los intereses estratégicos de la Nación, la sociedad y representantes de gobiernos extranjeros” -algo cuya definición no puede ser más que un terreno de arbitrariedades en manos de gobiernos capitalistas que se dedican a rifar los intereses nacionales, y siendo éste un rasgo exacerbado bajo el propio gobierno de Javier Milei que busca llevar a niveles de paroxismo el sometimiento colonial promoviendo un nuevo ciclo de “relaciones carnales” con el imperialismo norteamericano.  Las modificaciones incluyen un capítulo “bis” al artículo 4 de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que es el que limita las actividades de inteligencia, habilitando que la información que pueda ser obtenida por “la actividad de los órganos u organismos de inteligencia”, pueda ser utilizada para investigaciones judiciales “preservando las fuentes y los métodos” -es decir, sin rendir cuentas sobre los medios por los cuales se obtiene dicha información. A la vez, legaliza que la justicia “pueda requerir el auxilio de los órganos u organismos de inteligencia en las tareas de su especialidad”. Se trata de una grave ampliación de facultades que incorpora el espionaje como herramienta de los procesos judiciales.” 

“La ampliación de facultades para el espionaje atraviesa todo el cuerpo normativo, incluyendo por ejemplo la producción de inteligencia referida a “toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos”, para lo cual la ASN “contará con medios propios para la obtención y reunión de información”. Esto escrito por un gobierno que considera “terroristas” que incurren en “sedición” e “intento de golpe de Estado” a manifestantes populares que ejercen el derecho a la protesta social, es la legalización de una política de Estado para espiar al pueblo con medios “propios” que escapan a toda legalidad (escuchas ilegales, infiltración, espionaje, manipulación de personas, plantación de “pruebas”, y un largo etcétera). Estamos ante una vulneración de las más elementales garantías constitucionales y las libertades democráticas. Además, se elimina la prohibición de argumentar "obediencia debida" ante un hecho puntual, “como eximente de responsabilidad”. Entre otras disposiciones, quedan en manos de la propia SIDE y sus organismos la elaboración de los proyectos de presupuesto para el financiamiento de sus actividades, y “amplias facultades de administración y control de las partidas presupuestarias de sus órganos desconcentrados”. Se eliminan las declaraciones juradas para sus integrantes y se crea una nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia para "cooperar" con el organismo, lo que ha sido señalado por periodistas como un pedido de la DEA.  De esta manera, los titulares de la refritada SIDE tendrán control absoluto de los fondos asignados y los fondos “extra”, adicionales que pueda recibir. Entre ellos, los fondos reservados -utilizados con los fines más espurios, ilegales y corruptos, como ha ocurrido sobradamente a lo largo de nuestra historia. (…)”

Y concluíamos en la fundamentación que “fundamos nuestra oposición a esta nueva SIDE como un rechazo de fondo a las facultades para espiar y conspirar contra el pueblo por parte de los Estados. Como parte de esa posición, seguimos reclamando y luchando, junto a los organismos de Derechos Humanos, por la apertura de los archivos secretos de 1974 a 1983 en relación al terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, así como la apertura de los archivos secretos del Estado en el caso Amia”.

Ahora no estamos frente a un plan “a ejecutarse”, sino en plena ejecución. Es lo que surge de las operaciones de inteligencia y provocaciones desplegadas contra las movilizaciones populares, los ataques a los trabajadores de prensa y contra los opositores en general. Para todos estos operativos la SIDE contó un presupuesto de 100 mil millones de pesos en gastos reservados por decreto, que este congreso anuló luego de que ya fueran gastados, y luego una ampliación de 25 mil millones en marzo de este año, de los cuales 8 mil millones fueron para gastos reservados. Es ilustrativo de los objetivos y la construcción política de este gobierno el hecho de que el presupuesto que le niegan a áreas claves que hacen a derechos sociales conquistados en este país, se lo destinan al espionaje y las conspiraciones contra el pueblo.

Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de ley.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca