Repudiar las políticas implementadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que implican recortes en la cobertura de medicamentos y restricciones en el acceso a prestaciones.

EXPTE N°1686-D-2026

Expresar su repudio a las políticas implementadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que implican recortes en la cobertura de medicamentos y restricciones en el acceso a prestaciones, constituyendo una grave vulneración del derecho a la salud de millones de jubilados y pensionados.

Rechazar los criterios restrictivos establecidos por el organismo para acceder a la cobertura total de medicamentos, que excluyen a amplios sectores de afiliados y dificultan el acceso a tratamientos esenciales.

Manifestar su preocupación por el deterioro del sistema de atención del PAMI, incluyendo el recorte de ingresos a los profesionales de la salud, la falta de insumos, las deudas con prestadores y la reducción de servicios y amenazas de cierre de bocas de atención, hospitales y policlínicos, que afectan directamente la calidad y continuidad de las prestaciones.

Expresar su apoyo a los reclamos de las y los trabajadores y profesionales del PAMI en defensa de sus condiciones laborales y del sistema de atención a las personas afiliadas, denunciando el congelamiento de las negociaciones paritarias, las situaciones de persecución laboral y traslados compulsivos, mientras se sostienen y amplían designaciones en cargos jerárquicos dentro del organismo.

Exigir el pase a planta permanente de las y los trabajadores contratados del PAMI, garantizando estabilidad laboral y condiciones dignas para el desarrollo de sus tareas.

Romina Del Plá

Néstor Pitrola

Myriam Bregman

FUNDAMENTOS

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución para alertar, una vez más, sobre la grave situación que atraviesan las y los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), producto de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, que restringen el acceso a medicamentos, prestaciones médicas y atención integral.

Como ya hemos señalado en anteriores proyectos presentados, se han profundizado los recortes en la cobertura del 100% de medicamentos a través de distintos mecanismos. Por un lado, se eliminó el programa de medicamentos esenciales gratuitos que garantizaba la provisión gratuita mediante la simple prescripción médica, sin necesidad de trámites adicionales.

En muchos casos, estos medicamentos pasaron a ser considerados de “venta libre”, con niveles de cobertura parcial que oscilan entre el 50% y el 80%, trasladando una parte significativa de su costo a las y los afiliados.

Por otro lado, aquellos medicamentos que dejaron de contar con cobertura total y no se eliminaron del vademécum, fueron incorporados al sistema de subsidios por razones sociales, lo que implica la realización de trámites administrativos y el cumplimiento de criterios restrictivos de acceso, tanto en materia de ingresos como de condiciones patrimoniales, que limitan significativamente su alcance. Toda persona afiliada cuya jubilación supere los $570.429,38 queda excluida de dicha cobertura, lo que implica que amplios sectores de jubilados con ingresos apenas por encima del mínimo quedan sin acceso garantizado a sus tratamientos.

Asimismo, y tal como venimos advirtiendo, se han producido recortes en otras prestaciones esenciales del PAMI, entre ellos la internación domiciliaria, donde se ha eliminado el módulo de cuidador a domicilio destinado al acompañamiento en situaciones de rehabilitación, siendo reemplazado en algunos casos por ayudas económicas insuficientes y de muy difícil acceso, considerando también el recorte en el área social que evalúa estos subsidios.

Este recorte no solo deteriora la calidad de vida de las personas afiliadas, sino que además traslada la carga del cuidado a las familias o directamente deja sin cobertura situaciones de alta vulnerabilidad, profundizando aún más el proceso de desprotección que atraviesan las y los jubilados. Cabe señalar que la situación de ingresos de las y los jubilados agrava aún más este escenario.

Actualmente, al mes de abril, la jubilación mínima se ubica en $380.286,25, a lo que se adiciona un bono de $70.000, configurando ingresos claramente insuficientes frente al costo de vida. Esta situación contrasta de manera dramática con el costo real de vida de las personas mayores. Según la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de las y los jubilados alcanzó en marzo los $1.824.682, evidenciando una brecha abismal entre ingresos y necesidades reales.

En consecuencia, la combinación de haberes insuficientes, aumento sostenido del precio de los medicamentos y restricciones en la cobertura configura un escenario que, como ya hemos advertido en reiteradas oportunidades, obliga a cada vez más jubilados y jubiladas a elegir entre alimentarse o continuar con sus tratamientos médicos, constituyendo una vulneración directa del derecho a la salud.

A este cuadro se suma el deterioro del sistema de atención primaria, evidenciado en el paro de 72 horas iniciado el lunes 13 de abril por las y los médicos de cabecera, en rechazo a la Resolución 1107/2026 del INSSJP-PAMI.

Dicha normativa modifica el esquema de pago de honorarios, suprimiendo incentivos económicos, lo que implica una reducción superior al 50% en los ingresos profesionales. El nuevo esquema reduce ese monto a aproximadamente $2.100 mensuales por afiliado.

Según datos difundidos por el propio organismo, un profesional con una cartera de aproximadamente 800 pacientes —alrededor de 40 por día hábil— percibiría ingresos cercanos a $1.600.000 mensuales bajo el nuevo esquema. Sin embargo, este cálculo se basa exclusivamente en el componente capitado, tras la eliminación de pagos por consulta, incentivos y otros adicionales que anteriormente formaban parte de la remuneración, lo que —según denuncian los propios profesionales— implica una caída significativa en los ingresos.

A esta situación se suma la precarización laboral de una parte significativa de las y los trabajadores del organismo, que se desempeñan bajo modalidades de contratación sin estabilidad. En este contexto, resulta necesario avanzar en el pase a planta permanente de las y los trabajadores contratados, garantizando condiciones laborales dignas y la continuidad de los equipos de atención.

A su vez, y en línea con este proceso de desfinanciamiento que venimos denunciando, prestadores de salud han señalado la existencia de deudas acumuladas del PAMI con clínicas, sanatorios y proveedores de insumos, estimadas en cifras cercanas a los $500.000 millones. Si bien desde el Gobierno se han anunciado transferencias y pagos parciales para regularizar la situación, lo cierto es que persisten retrasos y dificultades en el funcionamiento del sistema, lo que afecta directamente el funcionamiento y la disponibilidad de las prestaciones médicas.

En este mismo sentido, se han registrado denuncias y alertas en distintas jurisdicciones respecto de la posible reducción de servicios y amenazas de cierre de bocas de atención, hospitales y policlínicos del PAMI —como en los casos de Rosario y Hurlingham—. Estas situaciones generan una profunda preocupación, ya que implican un recorte directo en la capacidad de atención del sistema y las prestaciones para miles de afiliados.

Este conjunto de medidas no solo impacta en las condiciones laborales del personal de salud, sino que repercute directamente en la atención de las y los afiliados, produciendo demoras, interrupciones en tratamientos y una creciente sobrecarga del sistema público de salud.

Resulta particularmente alarmante que, en este contexto, funcionarios del propio Gobierno hayan relativizado la gravedad de la situación. En declaraciones públicas, el Ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que uno de los problemas del sistema es que las personas “viven más”, expresión que pone en evidencia una concepción regresiva que considera la longevidad como un problema y no como un derecho.

Todo ello configura un escenario de vulneración sistemática de derechos que, como hemos venido sosteniendo, utiliza a las y los jubilados como variable de ajuste, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Por último, resulta fundamental remarcar la importancia de la enorme lucha que siguen dando las y los jubilados frente a estos ataques sistemáticos por parte del gobierno nacional y frente a las represiones constantes por parte de las diferentes fuerzas represivas del Estado.

Por estas razones solicitamos a las y los diputados el acompañamiento del presente proyecto.