Repudiar el caso de gatillo fácil por un efectivo de la Policía Federal que hirió de muerte y asesinó a Thiago Correa de 7 años de edad

EXPTE N°3047-D-2025

Repudiar un nuevo caso de gatillo fácil ocurrido en Ciudad Evita (La Matanza, Provincia de Buenos Aires) por parte de Facundo Daniel Aguilar Fajardo, un efectivo de la Policía Federal que hirió de muerte y asesinó a Thiago Correa, de 7 años de edad, cuando tiraba a quemarropa contra un grupo de asaltantes en retirada y terminó matando asimismo a uno de ellos, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, e hiriendo a otros dos: Uriel Montenovo y Uriel Leiva, ambos de 21 años. 

Denunciar que este crimen, con un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) que dispara con su arma reglamentaria, estando fuera de servicio, 11 tiros en apenas segundos a personas que estaban huyendo, muestra una vez más que la policía y las fuerzas represivas de nuestro país, adoctrinadas en el odio y la violencia contra los pobres, en la represión y el desprecio a los sectores más vulnerables de la sociedad cuando salen a protestar, y en la cobertura a los grandes criminales como el negocio narco, es el principal factor de inseguridad en nuestro país.

Responsabilizar a la ministra de seguridad Patricia Bullrich, máxima autoridad política sobre la PFA, y repudiar sus declaraciones de encubrimiento y el operativo de impunidad que prepara en los mismos términos que hizo con la “doctrina Chocobar” cuando era funcionaria del gobierno de Mauricio Macri. Rechazar de plano que el gobierno nacional y el ministerio de seguridad le brinden patrocinio y soporte jurídico y legal a Daniel Aguilar Fajardo, mientras dejan indefensos y sin recursos para su querella a las familias de las víctimas de este grave crimen.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El pasado viernes 6 de junio en la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza (Provincia de Buenos Aires), a las 7.40 de la mañana, horario en el que muchos niños de guardapolvo blanco transitaban por la calle con su mochila a cuestas, Thiago Correa, de siete años de edad, fue herido de muerte tras ser alcanzado por los disparos de Facundo Daniel Aguilar Fajardo, un efectivo de la Policía Federal que tiró a quemarropa contra un grupo de asaltantes que estaban en abierta retirada y terminó matando a uno de ellos e hiriendo a otros dos.

Su papá, Fabián Correa, relató desconsolado: "Yo estaba hablando con él lo más bien, de la vida, de cómo vamos a salir adelante como padre e hijo. Lo tenía a cocochito. Lo llevé arriba mío porque él me lo pidió: 'Pa, hace mucho que no me llevás'".

Thiago fue internado en el Hospital de Niños de San Justo en estado crítico por haber recibido un disparo en la cabeza, y murió horas después. Una vez más, las balas de la policía irrumpieron allí donde había palabra, proyectos a futuro y gestos de ternura para destruirlo todo.

Thiago no llegó a la escuela junto a sus compañeros por culpa del agente policial Aguilar Fajardo, quien, estando de civil, se creyó dueño de la vida y la muerte de los jóvenes que intentaron robarle y respondió vaciando el cargador de su revólver. En esa balacera también asesinó a uno de ellos, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, e hirió de gravedad a otros dos, Uriel Montenovo y Uriel Leiva, ambos de 21. Actualmente, el uniformado se encuentra detenido por orden del fiscal Diego Rulli, imputado por "exceso de legítima defensa".

Lo cierto es que no constituye un acto de "defensa" ni mucho menos "legítima" tirar a matar como forma de evitar un robo callejero. Ese procedimiento, que es moneda corriente dentro las fuerzas represivas, parte de deshumanizar a los jóvenes que delinquen, considerándolos residuos descartables. El desprecio por la vida de los denominados "pibes chorros", fomentado desde el poder, está atravesado por el racismo y el odio de clase, y se extiende a todos aquellos que se adecúan a esa imagen estereotipada.

Milei y Bullrich refuerzan ese estigma sobre la juventud de los barrios, batiendo el parche de la baja de edad de punibilidad y respaldando el accionar de las fuerzas represivas en cada hecho de gatillo fácil, como ocurrió con Chocobar o con el gendarme que asesinó al trabajador de frontera Fernando Gómez. De ese modo, buscan justificar una mayor militarización de las calles, a los fines de regimentar a la población trabajadora para evitar que levante cabeza frente a los atropellos del gobierno.

Con esos discursos punitivos, dan carta blanca para que muchos, al igual que Aguilar Fajardo, se sientan impunes de abrir fuego en la vía pública generando nuevas masacres. Lo ocurrido desmiente que la problemática de la inseguridad que azota a las barriadas obreras pueda encontrar solución aumentando la presencia policial, tratándose de una institución completamente imbricada en los circuitos ilegales de los que se nutren las actividades delictivas.

Para sumar, un informe del centro de Estudios legales y Sociales (CELS) revela que 8 de cada 10 muertes de este tipo en 2025 en el Gran Buenos Aires ocurrieron con efectivos fuera de servicio.

Como vemos, las responsabilidades políticas de este crimen llegan hasta la cúpula del Estado y la única forma de obtener justicia es a través de la movilización. Abrazamos a las familias de Thiago, de Brandon, de Uriel Montenovo y de Uriel Leiva en estos momentos tan difíciles.

Por todos estos motivos solicitamos a las y los diputados el acompañamiento del presente proyecto de resolución.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca