Expediente 1992-D-2021
Proyecto de Declaración
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechaza las medidas de eliminación del distanciamiento social de 1.5mt en las escuelas y aulas, la conformación de burbujas por la totalidad de la matrícula de cada sala, grado, curso y la convocatoria a les estudiantes que forman parte de los denominados grupos de riesgo. Y exige que las aperturas de escuelas sean guiadas por datos epidemiológicos científicos, entre otros parámetros.
Fundamentos:
El gobierno de CABA lanzó la apertura incondicional e irrestricta de escuelas. Los anuncios de Larreta en este punto han sido de carácter taxativo: el 23 de agosto se completará el retorno escalonado a la presencialidad con la totalidad de les cursantes de cada sala, grado, curso y/o materia.
Es decir, se eliminan las denominadas burbujas y el distanciamiento obligatorio dentro de las aulas con la totalidad de la matrícula, se permite el no uso de barbijo en algunas actividades y se retoma el funcionamiento de los comedores escolares, lo cual representa un riesgo enorme ante la falta de condiciones sanitarias: en múltiples casos los comedores escolares tienen serios déficit estructurales, sin ventilación, incluso muchos se encuentran en espacios ciegos dentro de los edificios escolares; el aforo del 50% planteado por el gobierno es una falacia ya que muchos de ellos previo a la pandemia funcionaban a tope en dos turnos justamente debido a cuestiones de disposición edilicias, y elimina la entrega de canastas alimentarias. Además se instala el uso del transporte público y se levantan las dispensas para les trabajadores de la educación pertenecientes a los grupos de riesgo, y obligan a asistir a las escuelas a les estudiantes que conforman los grupos de riesgo y a quienes conviven con familiares pertenecientes a dichos grupos. Todo este planteo sin criterio epidemiológico alguno.
El protocolo presentado en febrero por Larreta y Acuña ha tenido como sello el desfinanciamiento y la falta de recursos presupuestarios invertidos en obras de infraestructura y reacondicionamiento de espacios, ventilación de los mismos y previsión de calefacción necesaria en invierno. Nada de esto ocurrió, por el contrario, el recorte en infraestructura para el 2021 es la característica sobresaliente. Si bien año a año el presupuesto educativo ha caído en la última década, los últimos dos han requerido condiciones extraordinarias para afrontar un periodo de características excepcionales.
En las "nuevas" disposiciones, nuevamente, la responsabilidad sanitaria y de bioseguridad recae sobre la espalda de conducciones escolares quienes deberán adecuar el funcionamiento edilicio pero sin contar con fondos destinados a obras de infraestructura, acondicionamiento, etc.
Por su parte, les trabajadores docentes y no docentes y estudiantes son quienes deberán apelar como recurso único de prevención al uso del alcohol en gel, del tapabocas en los casos en que sea posible, y «a la suerte» ya que se trata de una vuelta a la normalidad en vísperas de la circulación comunitaria de la variante Delta, con un sistema de salud con serias deficiencias producto también de la desinversión. A su vez, el personal de la salud se encuentra reclamando por salario, como es el caso del hospital Garraham (importantísimo para la población infantil justamente) y faltan segundas dosis. El «nuevo» protocolo abre una tómbola epidemiológica de consecuencias impredecibles.
Esto forma parte de una campaña electoral basada en una línea aperturista y negacionista que ha valido la proliferación del virus del Covid-19 y fallecimientos evitables durante la primer parte del ciclo lectivo.
Estas decisiones nada tienen que ver con las necesidades educativas de les estudiantes a quienes Larreta-Acuña le han negado el derecho a acceder a la educación de manera virtual, justamente no entregando dispositivos ni wifi gratuito pese al incesante reclamo de los sectores docentes, estudiantiles y de familias.
La bandera de la «presencialidad escolar» durante el 2021 se ha constituido en una campaña de corte electoral disputada con el gobierno de Alberto Fernández cuyo ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, ha acordado y cerrado grietas en el Consejo Federal de Educación (CFE) con los ministros de educación de todo el país y de todo color y pelaje. Con ellos ha pactado la eliminación incluso de los limitados semáforos epidemiológicos. Es así que le gobierno de Larreta encuentra un encudre que le resulta favorable en el DNU presidencial de Fernández-Fernández en el que se establece todo tipo de aperturas.
La docencia combativa de la CABA, encabezada por el sindicato Ademys, viene desarrollando acciones de paros, semaforazos y una serie de medidas en escuelas y distritos escolares contra estas medidas de corte bolsonarista. En este sentido estudiantes y familias de distintas comunidades vienen reclamando contra estas medidas que exponen y lesionan derechos elementales de estudiantes.
Ante la batería de ataques, el ajuste y vaciamiento educativo queda planteado que la defensa de la educación pública está en manos de los docentes y jóvenes que enfrentan este ajuste, y de la izquierda.