Rechazo a la intención de subastar un inmueble ubicado en Pringles 340/42/44 donde funciona un Centro de Desarrollo Infantil

Expediente 511-D-2022

Proyecto de declaración

 La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su total rechazo a la intención de subastar un inmueble ubicado en Pringles 340/42/44 donde funciona un Centro de Desarrollo Infantil e insta al GCABA a retirarla del listado de inmuebles a subastar.

Fundamentos

Sr Presidente:

El siguiente proyecto tiene como objetivo primordial que la Legislatura se pronuncie contra el intento de avanzar en la subasta de un inmueble donde funciona actualmente un Centro de desarrollo Infantil. Subasta que sólo profundizará el problema de acceso a las vacantes para niñes de entre 45 días y 3 años en la Ciudad. Consideramos de carácter urgente denunciar  la irresponsabilidad por parte del GCABA frente a la actual problemática en relación a la educación en general pero en particular a su desinterés sobre aspectos sustanciales referidos a la primera infancia.

Mientras el gobierno de la Ciudad de Larreta y la Ministra de Educación Soledad Acuña se presentan en los medios de comunicación como si fueran un gobierno que se preocupa por la educación, las políticas educativas demuestran lo contrario. Con el presupuesto educativo más bajo de los últimos 10 años, sin inversión en la infraestructura escolar y  un plan de vacunación masiva somos las y los docentes quiénes pagamos con nuestras vidas con una presencialidad que no podemos dejar de señalar como criminal.

A este problema, debemos sumarle la falta políticas concretas a la hora de resolver de manera estructural la falta de vacantes para la educación pública en desmedro del derecho a la educación de las y los niñxs de la Ciudad. Con fecha 24 de febrero de 2019 el diario Tiempo Argentino publicó un informe donde señala que 14.209 niños  estaban en listas de espera para el nivel inicial.  En el 2018 las cifras habrían sido de 14.832 en el nivel inicial.  El 28 de febrero 2021, Tiempo Argentino afirma que para el nivel inicial se solicitaron 37.945 vacantes y sólo fueron asignadas 18.384.

Esta situación ha provocado dos fenómenos. Por un lado, ha favorecido el aumento de matrícula en la educación privada debido a los múltiples inconvenientes producidos durante el proceso de inscripción que obligaron a las familias a buscar recursos por fuera de sus posibilidades económicas para poder garantizar a sus hijos/as el inicio del ciclo lectivo luego de comenzadas las clases en varios de los casos relevados. Lo mencionado, referente al proceso de inscripción en línea para las escuelas públicas de la CABA, es sólo un aspecto de la problemática estructural que está atravesando el sistema educativo público, el cual se encuentra en una situación de emergencia alarmante provocada por una política sostenida de vaciamiento fundada en la intención clara de privatizar el acceso a la educación.

Pero por otro lado, ha generado un proceso de desescolarización de numerosos niños y adolescentes que hoy se encuentran desescolarizados en los barrios más carenciados de la zona que es una de las más vulnerables de la ciudad.

En el nivel inicial ya es un problema crónico que se viene denunciando desde sindicatos docentes como Ademys, diferentes asociaciones civiles, grupos de padres auto-convocados, y distintas organizaciones sociales y políticas.  El gobierno de la Ciudad  de Larreta y el Ministerio de Educación no sólo no dan una respuesta a los reclamos; ahora se debe sumar un nuevo oprobio, que consiste en la subasta de propiedades donde funcionan los Cedi que el mismo GCABA publicita desde su página institucional.

La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP y la Defensoría de Laburantes presentaron una acción de amparo colectivo a fin de que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley N° 6.287 que autorizó la venta de numerosos inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad.

Esta ley fue sancionada por la Legislatura porteña el 5 de diciembre de 2019, con 42 votos a favor y 14 votos negativos, y autorizó la venta de 58 inmuebles que el GCBA consideró innecesarios para su gestión. La justificación para vender estos predios es que el producto de la venta será destinado al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes.

La misma trampa retórica. El dinero que ingresa no incrementa el presupuesto destinado para la prestación de estos servicios públicos, sino que libera recursos estatales para ser destinados a otros gastos para nada prioritarios en el marco de la emergencia ambiental, habitacional, económica y sanitaria que vive la Ciudad.

Advertimos nuestro rechazo  a que el inmueble sito en la calle Pringles N° 354, lindero al jardín Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) sito en Pringles N° 340/42/44 cuya enajenación fue aprobada por la Ley N° 3.397 se encuentra entre otros inmuebles a ser subastados. Este jardín es uno de los pocos que admiten alumnas/os de 45 días a 3 años. En la Comuna N° 5 faltan 500 vacantes para ese rango etario. La situación es preocupante.

La subasta del predio de Pringles 340 tiene un precio base de USD 295.081. El precio, claramente, no está en consonancia con los establecido por un inmueble valuado por las leyes del mercado. Por otra parte, subastar un espacio CeDI cuando en el nivel inicial hay un total de 12.370 casos de vacantes que no son otorgadas es una absoluta y total falta de compromiso con la educación pública.

Consecuentes con nuestras propuestas educativas, a principio del ciclo lectivo 2021 presentamos a esta legislatura un proyecto de resolución Nº 355-D-2021 donde advertimos sobre la grave situación de los CeDIS en CABA. Allí solicitamos un informe sobre la falta de vacantes en el ciclo inicial. A su vez, también hemos presentado un proyecto de ley cuyo Nº 1382-D-2021 tiene como eje central el traspaso al Ministerio de Educación tanto de los Cedi como los CPI que se encuentran en la actualidad bajo la administración del Ministerio de Desarrollo y Hábitat.

Por todo lo expuesto, se pide la aprobación de este proyecto de declaración.