Proyecto en repudio a los despidos en Ministerio de Justicia y Secretaría de Derechos Humanos EXPTE N°7483

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación Resuelve:
Rechazar los despidos masivos en el Ministerio de Justicia de la Nación y el virtual
cierre de la Secretaría de Derechos Humanos del citado ministerio, con una reducción
de su planta que las y los trabajadores calculan en un 72% en un año.
Denunciar que las medidas del gobierno nacional, anunciadas por el vocero Manuel
Adorni y ejecutadas por el ministro Mariano Cúneo Libarona y su secretario Alberto
Baños, no solo implican la pérdida de más de 3200 puestos de trabajo y familias en la
calle, sino también el desmantelamiento casi completo de la Secretaría de Derechos
Humanos, y de áreas como los Sitios, espacios de la memoria, y áreas de trabajo
específicas sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura
cívico-militar-eclesiástica que nuestro pueblo impuso con grandes luchas y
movilizaciones.
Repudiar la precarización laboral que los trabajadores han padecido bajo todos los
gobiernos, con modalidades de contratación que los privan de estabilidad laboral, y que
los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad como la que viven hoy con la
pérdida de sus fuentes de trabajo (mediante la renovación de contratos o el cese de la
contratación por medio de un Ente cooperador, Acara). Rechazar asimismo la
eliminación del incentivo salarial, una parte del salario no remunerativa que se pagaba a
los contratados bajo planta transitoria y la planta permanente como compensación
salarial. En contraposición a ello, reclamar la continuidad laboral sin reducción del
salario para todo el personal y el pase a planta permanente de todos las y los
trabajadores.
Denunciar que estos despidos obedecen a una política de ajuste y de negacionismo de
los crímenes del terrorismo de Estado por parte del gobierno de Javier Milei, que apunta
a garantizar la impunidad de los genocidas y a una reivindicación y reconciliación con
las Fuerzas Armadas para volver a darles poder e injerencia en materia de represión
interior, como se establece en recientes decretos relativos a Seguridad y Defensa.
Apoyar todas las medidas, jornadas de protesta y acciones de lucha que tomen las y los
trabajadores en reclamo por su reincorporación inmediata y la continuidad laboral sin
precarización.

Vanina Biasi
Mónica Schlotthauer
Nicolás del Caño
Christian Castillo
Alejandro Vilca

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
El pasado 18 de diciembre, hace poco más de una semana, el vocero presidencial
Manuel Adorni anunció 2.400 despidos en el Ministerio de Justicia mediante la
finalización de la contratación del personal del Ministerio por intermedio del Ente
Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina
(Acara), a partir del 31 de diciembre de 2024 y el cese del pago de los incentivos al
personal de planta permanente y transitoria. Esta medida involucra al conjunto de las y
los trabajadores del ministerio: 2400 despidos y la reducción del 50% del salario a otros
2.000 trabajadores que cobran el incentivo. Luego, anunciaron directamente la
finalización de los contratos de la planta transitoria al 31/12 (alrededor de 1.000
trabajadores en todo el ministerio, entre ellos 400 en la Secretaria de Derechos
Humanos) y la no renovación de los contratados vía Articulo 9.
La situación al día de hoy es que, de seguir con esta política, el 2 de enero del 2025 el
Ministerio funcionará con una guardia mínima afectando su normal funcionamiento y
particularmente, la Secretaría de DDHH verá reducida su planta, en un año, en un 72 %.
Como denuncian los trabajadores, estamos no sólo frente al desmantelamiento de la
Secretaría, sino de su destrucción. Es evidente que el gobierno busca demoler todos los
espacios y áreas especializadas que trabajan por la memoria, la verdad y la justicia para
avanzar con la impunidad de los genocidas.
En la denuncia que realiza la representación gremial de ATE, detallan las pérdidas de
puestos de trabajo de la Secretaría por cada sector. De este modo, los despidos bajo la
Ley de Contrato de Trabajo vía ACARA reducen el personal del Centro de asistencia a
víctimas de violaciones de DDHH en un 61%; en el Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti al reducción es de un 56%; en los Sitios y Espacios de la Memoria en
todo el país se redujo en un 37%; la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad”
se vio reducida en un 62%; el Consejo Federal de DDHH en un 40%; el Archivo
Nacional de la Memoria en un 50% y el Sitio de Memoria ESMA en un 36%.
Frente a ello, el jueves 26 las y los trabajadores de la Secretaría de DDHH reunidos en
asamblea, resolvieron profundizar las medidas de acción. Realizaron un ruidazo y
permanencia, que resultó masiva, en el hall donde se encontraban los funcionarios, y se
exigió una reunión con Alberto Baños, titular de la Secretaría. La misma se logró luego
de la presión de las y los trabajadores y después de que se negará durante más de dos
meses a recibir a la representación sindical de ATE. La Asamblea convocó a apoyar y
participar masivamente del Abrazo a la ESMA y al edificio de la Secretaría de DDHH,
convocado por los distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales
y políticas contra el desguace que quieren llevar adelante Baños y Cúneo Libarona.
Asimismo, se pronunció por la necesidad de unificar las luchas que se dan en las
distintas dependencias y por garantizar, el próximo 2 de enero, el ingreso masivo de
todos las y los trabajadores.
Estos despidos a fin de año fueron precedidos por otra tanda de no renovación de
contratos a poco de iniciar la gestión del actual gobierno de Javier Milei y Victoria
Villarroel. Y esta nueva ofensiva de diciembre viene siendo preparada hace un par de
meses con el anuncio por parte del Ministro de Justicia de la finalización de la
contratación de personal bajo el régimen de Acara y el lanzamiento de un “Plan de
Retiro Voluntario” para los contratados bajo esta modalidad que resultó ser, en un
cuadro de crisis económica y aumento de la pobreza, un plan de retiro totalmente
extorsivo, desfavorable para las y trabajadores (entre el 70% y 80% de lo que
corresponde a una indemnización bajo Ley de Contrato de Trabajo), y su pago en
cómodas cuotas lo convierte en un beneficio para las patronales en perjuicio de los
trabajadores. Aún así, un porcentaje importante de los trabajadores se adhirieron, hartos
de un clima de trabajo hostil, y en la perspectiva de que ese retiro sirva de colchón
mientras buscan otros trabajos, y otros quedaron a la espera de una nueva re
contratación vía Artículo 9 del Sinep. Como se ve, el gobierno nacional oculta que gran
parte de los “2.400 desvinculaciones de Acara” se dieron bajo la forma de retiros
voluntarios.
Corresponde denunciar que la pretensión del gobierno y el ministro Cúneo Libarona de
presentar esta ofensiva contra trabajadores precarizados como una medida “para
eliminar la caja de la política” no resiste su contraste con la realidad, ya que el convenio
entre Acara y el ministerio sigue en pie, solo que ahora va a estar a discreción absoluta
del ministro.
Por otro lado, la resolución tomada por el Ministerio de Justica implica la eliminación
del incentivo salarial, una parte del salario no remunerativa que se pagaba vía Acara que
reciben los contratados bajo planta transitoria y la planta permanente como
compensación salarial, viéndose el salario reducido drásticamente ¡en un mes! entre un
50% y 60%. Al deteriorado salario estatal y las paritarias en su piso histórico,
aproximadamente 2.000 trabajadores de justicia verán reducidos su salario a la miseria
absoluta.
Por otro lado, están aquellos trabajadores que no se adhirieron al “retiro voluntario” y
que desconocen su destino luego del 31 de diciembre del 2024, cuando Acara formalice
su desvinculación contractual, sin indemnización ni continuidad laboral. Esta situación
de despidos amenaza ser extendida hacia todos los entes cooperadores que existen en el
Ministerio.
Es evidente que el Ministerio de Justicia ha operado sobre la fragmentación y la
diversidad de formas contratación precaria para asentar un duro golpe al conjunto de los
trabajadores.
Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el
acompañamiento del presente Proyecto de Resolución