PROYECTO EN REPUDIO A LOS DESPIDOS EN ACUMAR

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Repudiar los cerca de 400 despidos ilegales y sin causa en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) anunciados el pasado 1 de marzo del corriente, que engrosan la lista de más de 100 cesantías ejecutadas durante 2024 y que dejan al organismo reducido a una mínima expresión.

Denunciar que se trata de despidos absolutamente ilegales, en abierta violación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que garantiza la estabilidad laboral, impide el despido sin causa y obliga a reubicar a los trabajadores en caso de reestructuración. Agregar que previamente las autoridades del organismo también dispusieron ilegalmente sumarios truchos, con los que pretendieron "justificar" cesantías alegando supuestos incumplimientos horarios que fueron desmentidos categóricamente en descargos que realizaron los trabajadores.

Rechazar la auditoría trucha del ministro Federico Sturzenegger que en 20 días auditó y decretó una supuesta sobredimensión del organismo que ya venía vaciado. Como parte de esta política de vaciamiento, la Corte Suprema dio por cerrada la “causa Mendoza” que dio origen a la creación de ACUMAR, dando luz verde al desmantelamiento de la escasísima fiscalización en materia de contaminación ambiental que quedaba en pie.

Denunciar que detrás de estos más de 500 despidos, que impiden la continuidad de funciones y tareas del organismo, se esconde la pretensión del gobierno de avanzar en un cierre en los hechos de ACUMAR y favorecer a las empresas contaminantes que operan en la región. 

Exigir la inmediata reincorporación en planta permanente y con pleno respeto del CCT, de todos/as los/as trabajadores despedidos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

Brindar su completa solidaridad con las y los trabajadores despedidos en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y su apoyo a todas las medidas de lucha que adopten en defensa de sus puestos de trabajo y contra el vaciamiento.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

En la madrugada del sábado 1 de marzo del corriente, Milei y el presidente de ACUMAR Lucas Figueiras, delegando la firma en el director de Recursos Humanos Alejandro Matta, comunicaron cerca de 400 despidos en el organismo, que engrosan la lista de más de 100 cesantías ejecutadas durante 2024, con causas truchas como maniobra para evitar pagar la indemnización, y que dejan al organismo reducido a una mínima expresión: los despedidos representan más de un 50% de la planta.

Sin lugar a dudas, estos despidos son absolutamente ilegales. El gobierno está violentando el Convenio Colectivo de Trabajo vigente en el sector, que dispone la estabilidad laboral, impide el despido sin causa y obliga a reubicar a los trabajadores en caso de reestructuración. Con esta ilegalidad, buscan encubrir un atropello previo, como fueron los sumarios truchos, con los que pretendieron "justificar" cesantías alegando supuestos incumplimientos horarios que fueron desmentidos categóricamente en descargos que realizaron los trabajadores. Además, no sé tomaron en cuenta las defensas probatorias que presentaron los agentes, donde se demostraba el carácter ilegal del despido.

Ante el escándalo de los sumarios inventados, el nuevo "fundamento" para despedir ahora lo tuvo que fabricar Sturzenegger, que en 20 días auditó y decretó una supuesta sobredimensión del organismo que ya venía vaciado. Este precedente representa el núcleo del nuevo DNU que prepara el gobierno para liquidar áreas del Estado.

La Corte Suprema hizo lo propio: recargó combustible a la motosierra y, en un claro rescate político al gobierno, dió por cerrada la “causa Mendoza” que dió origen al organismo, y dio luz verde al desmantelamiento de la escasísima fiscalización en materia de contaminación ambiental que quedaba en pie.

La Cuenca Matanza Riachuelo tiene una extensión que va desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la Provincia de Buenos Aires, en la zona de Cañuelas. Ocupa 14 municipios bonaerenses. Se creó por una demanda de vecinos de Villa Inflamable al Estado nacional, la Provincia y la Ciudad, y a 44 empresas contaminantes. Fruto de esa demanda, y de un fallo de la Corte Suprema a favor de estas familias en lo que se llamó la “Causa Mendoza”, se estableció la necesidad de crear un ente tripartito con participación de las tres jurisdicciones, para que establezca un plan de acción para el saneamiento del Riachuelo.

Así es como en el 2008 se crea el organismo Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y se establece el “Plan Integral de Saneamiento Ambiental”, que plantea distintos ejes de intervención en torno a la infraestructura, a necesidades de la población, a la prevención frente a consecuencias ambientales, la recomposición del agua, del aire y del suelo y el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca. Su intervención tiene consecuencias sobre los aproximadamente 8 millones de habitantes de la cuenca, que sufren problemas habitacionales, ambientales y en la salud de niños y embarazadas particularmente.

 La tarea propuesta era y sigue siendo sin dudas enorme y de primera necesidad, impuesta al Estado por presión de una demanda de los pobladores, en la que las y los trabajadores del organismo se empeñaron aún sin todos los recursos adecuados. 

La situación de ACUMAR en este momento, con despidos que redujeron su planta a menos de la mitad, es de un virtual cierre. De todas las áreas echaron a los técnicos y a los profesionales que llevan adelante funciones fundamentales del plan integral de saneamiento ambiental. Aunque el gobierno no lo anuncia como un cierre, objetivamente la realidad es que el organismo no puede continuar sus operaciones y actuaciones en este cuadro.

Como muestra de ello, hace algunas semanas hubo un alarmante vertido de anilina en el arroyo Sarandí, en Avellaneda, que forma parte de la cuenca en la zona de Villa Inflamable, que tiñó de rojo todo el arroyo, frente a lo cual no intervino el organismo que fue precisamente creado para atender este tipo de situaciones. Cuando autoridades de ACUMAR fueron interpeladas por el periodismo ante este hecho, la respuesta fue que “no era su jurisdicción”. Un sinsentido absoluto dado que fue justamente creado para intervenir en ese lugar y por esos motivos que se puso en pie el organismo.

La realidad es que con estos despidos masivos el gobierno vacía en los hechos un organismo que fue creado ante una demanda concreta de la población frente a la contaminación ambiental que afecta a muchísimos pobladores de la zona, sino que 500 familias se quedaron sin su fuente de ingresos. Lo que tenemos son despidos fraudulentos y sin causa, y 150 personas a las que no les pagaron la indemnización que les corresponde.

Es evidente que el objetivo del gobierno nacional es cerrar el organismo y otorgar de este modo un nuevo beneficio para las empresas contaminantes que están sobre el riachuelo, como es el caso de Sadesa, una curtiembre de la familia Galperín que está ubicada en Villa Fiorito, o como el caso de Shell, o la textil que contaminó el arroyo Sarandí, entre tantas otras.

Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de resolución.