PROYECTO DESTITUCIÓN BULLRICH POR ASESINATO ORAN EXPTE Nº7437-D-2024

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación Resuelve:
Exigir la inmediata destitución de su cargo de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
máxima responsable política del asesinato de un trabajador informal, en un violento y
criminal ataque por parte de la Gendarmería Nacional en el puesto 28 de la frontera norte
de la Provincia de Salta, donde resultaron heridos al menos cuatro trabajadores más, dos
de ellos con lesiones graves por disparos de armas de fuego.

Solicitar se informe los datos de los gendarmes que participaron del hecho en el marco
del llamado "Operativo Plan Güemes" y de los mandos superiores que transmitieron la
orden de disparar con armas de fuego.

Reclamar la urgente investigación judicial sobre las responsabilidades de mando,
materiales y políticas, respecto de esta represión criminal contra trabajadores informales
y precarizados y exigir el castigo a los responsables materiales y políticos de este crimen.
Repudiar el respaldo del gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, a la
Gendarmería Nacional luego de estos hechos criminales.

Vanina Biasi
Mónica Schlotthauer
Nicolás del Caño
Christian Castillo
Alejandro Vilca

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Este 18 de diciembre en un operativo criminal por parte de la Gendarmería Nacional, que
responde a la ministra Patricia Bullrich, se asesinó a un trabajador precarizado, en un
ataque artero con armas de fuego donde resultaron heridas otras cuatro personas, al menos
dos de ellos internados en estado crítico.
Cuando los trabajadores todavía se encontraban en Aguas Blancas protestando por la
represión, heridas y asesinato de un trabajador, el gobernador de la provincia, el massista
Sáenz, y las autoridades nacionales, salieron a justificar los hechos sin siquiera
informarse, lo que los hace responsables directos de los crímenes de la gendarmería
nacional.
El crimen ocurrió en el puesto 28 de la frontera norte en la provincia de Salta, donde
trabajadores informales, conocidos como bagalleros, sufrieron el ataque de Gendarmería
Nacional, en el marco del llamado "Operativo Plan Güemes", desplegado por las fuerzas
federales para supuestamente combatir el contrabando y el narcotráfico en la región.
Cotidianamente entre 5000 y 10000 trabajadores sobreviven con el comercio fronterizo
única alternativa laboral en la zona. Es así porque se han destruido miles de puestos de
trabajo con el avance de la caña de azúcar y la soja que desplazaron otros cultivos con
mano de obra intensiva. El trabajador asesinado traía hojas de coca que son de venta legal
en los comercios de todo el Norte argentino de ningún modo era un narcotraficante.
Según denuncias de los bagalleros en los medios locales, Gendarmería abrió fuego contra
un grupo de trabajadores que transportaban hojas de coca y otras mercaderías. El gobierno
considera que esta actividad es “ilegal”, cuando miles de bagalleros hacen ese
denominado trabajado de frontera, trasladando hojas de coca, práctica común en el norte
del país, como único sostén para mantener a sus familias. "Yo vivo hace 30 años de esto.
Soy madre soltera y este es mi sustento", dijo Sandra. Es aberrante que hayan asesinado
a un trabajador acusándolo de narcotraficante.
Se sospecha que la persona asesinada podría ser Fernando Martín Gómez, conocido como
"Pelao”, pero su familia no ha podido confirmar su identidad debido a que Gendarmería
nos les permitió acceder al lugar. La esposa de la presunta víctima, declaró ante El
Tribuno: “Mi marido era pasador de hojas de coca. Tenía hijos. Fuimos al puesto 28 y no
nos dejaron pasar. Queremos saber qué pasó y que nos entreguen el cuerpo”.
Entre los heridos que se registran por el momento, los trabajadores reprimidos
denunciaron que dos de ellos tienen lesiones graves por disparos de armas de fuego y un
tercer trabajador sufrió golpes severos. Todos han debido ser trasladados en código rojo
al hospital San Vicente de Paul de Orán.
La respuesta de los trabajadores de frontera no se hizo esperar y pusieron en pie de
inmediato un corte total de la Ruta Nacional 50, a la altura de Aguas Blancas y a diez
kilómetros del ingreso a la Ciudad de Orán. Exigen la entrega del cuerpo del fallecido,
justicia por los hechos y reclaman la posibilidad de continuar con su actividad porque
sostienen que es su único medio de “supervivencia”. El gobierno que condena al hambre
y priva del derecho al trabajo a miles de personas en nuestro país, debería responder no
con gendarmería, represión y muerte, sino con medidas que atiendan las necesidades
sociales y el hambre.
Se trata de trabajadores informales cuya actividad consiste mayormente en el traslado de
hojas de coca y cigarrillos entre las fronteras de Argentina y Bolivia, evitando los
controles aduaneros. La pretensión de la ministra Patricia Bullrich de presentarnos a los
bagalleros como los grandes “narcos”, por medio de una publicación en su cuenta de X,
es parte de un operativo de manipulación de la realidad como el que vimos cuando
acusaba a manifestantes populares de “terroristas”. Los narcos son los que se beneficiaron
con el blanqueo de capitales que le garantizó un precario “veranito” económico a Milei.
A los narcos lejos de perseguirlos, les proveen beneficios.
Salta está caracterizado por especialistas como un estado narco. Está preso y condenado
el juez federal Reynoso del distrito Oran y otros tres jueces acaban de ser destituidos, lo
mismo que el intendente de Aguas Blancas, en todos los casos por complicidad con el
narcotráfico. En lo que va del año camionetas policiales, patrulleros y ambulancias, han
sido el instrumento de enormes traslados de cocaína. A los responsables del narcotráfico
hay que encontrarlos desarmando el entramado de complicidad del poder político y las
instituciones del Estado, no militarizando la frontera para terminar asesinando a
trabajadores empobrecidos.
Bullrich publicó un cerrado respaldo, ¡y sus felicitaciones! a la Gendarmería que llevó a
cabo este asesinato: “Nuestros efectivos son la primera línea de defensa contra el
narcotráfico. Todo mi reconocimiento para ellos”. No extraña esta reacción, se trata de la
misma persona que defendió a esa misma fuerza ante el asesinato del joven mapuche
Rafael Nahuel en Rio Negro, y del asesinato de Santiago Maldonado en Chubut.
A este operativo gravísimo de impunidad se sumó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz,
quién sostuvo, también por medio de su cuenta de X: “Más unidos que nunca en la lucha
contra el crimen organizado. Gobierno Nacional y Provincial trabajando de manera
conjunta para combatir el narcotráfico, la delincuencia y la inseguridad. Ni un paso atrás.
Cuidamos nuestra frontera. Avanza el plan Güemes”.
El crimen del bagallero no puede quedar impune. Se trata del asesinato de un trabajador
por fuerzas represivas adiestradas para reprimir, no para perseguir a los verdaderos
narcotraficantes por parte de la ministra Patricia Bullrich, responsable además de
sucesivas represiones que incluyeron actos gravísimos de violencia contra jubilados y
contra una niña de 10 años (motivo por el cual desde el Frente de Izquierda ya habíamos
solicitado su destitución en el Expte. 5178-D-2024), tampoco puede quedar impune ni
continuar al frente de un ministerio que reprime y asesina de esta manera.
Por estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales la aprobación del presente
Proyecto de Resolución.