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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación Declara:
Su repudio a los despidos en los diferentes espacios de memoria y dependencias de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia de
la Nación, que implican no solo la pérdida de decenas de puestos de trabajo, sino también
el desmantelamiento casi completo de áreas como los Sitios y espacios de la memoria
sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura cívico-militareclesiástica que nuestro pueblo impuso con grandes luchas y movilizaciones.
Su denuncia de que estos despidos obedecen a una política de ajuste y de negacionismo
de los crímenes del terrorismo de Estado por parte del gobierno de Javier Milei, que
apunta a una reivindicación y reconciliación con las Fuerzas Armadas para volver a darles
poder e injerencia en materia de represión interior.
Su denuncia de la precarización laboral que los trabajadores han padecido bajo todos los
gobiernos, con modalidades de contratación que los privan de derechos y estabilidad
laboral, y que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad como la que viven
hoy con la pérdida de sus fuentes de trabajo. En contraposición a ello, su reclamo por el
urgente pase a planta permanente de todos las y los trabajadores.
Su apoyo a las medidas y acciones de lucha que tomen los trabajadores y al reclamo por
su reincorporación inmediata y el pase a planta de todos los trabajadores del sector.
Vanina Biasi
Nicolás del Caño
Mónica Schlotthauer
Alejandro Vilca
Christian Castillo
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Como parte de su plan de ajuste en el sector público, el gobierno nacional de Javier Milei
está aplicando despidos y una política de desmantelamiento en la Secretaría de Derechos
Humanos y en los sitios de memoria.
Según el cuerpo de delegados de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos ya hay más
de 80 despidos. El área más afectada es la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de
Memoria, con decenas de despidos que afectaron a arquitectos, personal de
mantenimiento y a trabajadores que se ocupaban de actividades pedagógicas y de la
conservación y preservación de los ex centros clandestinos de detención, entre otras
tareas. Estos espacios también se ocupan de aportar pruebas materiales a los juicios de
lesa humanidad. Ese patrimonio protegido y bajo la tutela de jueces queda ahora sin
arqueólogos ni conservadores que sigan manteniendo su arquitectura y condiciones sin
que sean afectadas por el paso del tiempo, las vicisitudes climáticas, y las visitas de
escuelas y personas que quieran conocer su historia.
Esto ha generado una serie de movilizaciones de los trabajadores del lugar, así como
también una audiencia en la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, el lunes 1 del
corriente, que juntó más de 200 personas vinculadas al sector.
El gobierno nacional pretende dar vuelta la página y amnistiar a los genocidas que fueron
encarcelados tras años de organización y lucha de organismos de derechos humanos y
sectores de trabajadores y jóvenes. En esta línea se inscribe el DNU firmado por Milei
que determina la eliminación del organismo que investiga la desaparición de niños
durante la dictadura militar. Sin embargo, la multitudinaria movilización que tuvo lugar
este último 24 de marzo, durante el aniversario del golpe genocida, dio cuenta de que hay
un sector muy importante del pueblo trabajador argentino que está dispuesto a dar batalla
contra esta política.
No solamente en esta área se vienen produciendo despidos y pérdidas de los puestos de
trabajo. Ya hay miles de despidos en distintas áreas del Estado, como en el INTI (cuyos
trabajadores salieron a las calles para defender los puestos de trabajo), el Hospital
Posadas, el SENASA, la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y el
INCAA, entre otras. Esto, después de que el gobierno despidiera a más de 24.000
empleados públicos en los últimos meses.
El despido de trabajadores y el vaciamiento de los espacios de memoria afecta también a
las actividades educativas, ya que las escuelas realizan constantemente visitas guiadas
con estudiantes a distintos espacios que fueron centros clandestinos de desaparición de
personas bajo la dictadura cívico-militar; a la vez que se ponen en peligro programas
educativos que se desarrollan en dichos espacios, como por ejemplo el programa "Jóvenes
y Memoria", que funciona hace años y del que han participado miles de estudiantes de
decenas de escuelas.
Esto repercute en la currícula escolar y la posibilidad de desarrollar actividades que
promuevan la reflexión y el pensamiento crítico sobre las dictaduras militares y la
represión, sosteniendo la importancia de la defensa de los derechos humanos y las
libertades democráticas.
Asimismo, los Sitios se encuentran protegidos por leyes nacionales como la Ley 26.691
que define “su preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo
de Estado, y cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. También los protege la Ley
26.935 de traspaso de los Sitios de Memoria del GCBA al PEN, donde se expresa el
sostenimiento y deber del PEN de dar continuidad al reconocimiento de trabajadores y
trabajadoras de su situación de revista y estabilidad laboral. Asimismo, existen numerosas
medidas oficiales que protegen a cada sitio en particular. El Espacio para la Memoria
Club Atlético fue declarado Sitio Histórico por la Ley 1.794 de la Ciudad de Buenos Aires
en el año 2005 y Lugar Histórico Nacional por el Decreto presidencial 1762/2014. El
Espacio para la Memoria ex Olimpo fue declarado Sitio Histórico por Ley 1.197 de la
Ciudad de Buenos Aires de diciembre de 2003 y Lugar Histórico Nacional por el Decreto
presidencial 1762/2014 El Espacio para la Memoria Automotores Orletti fue declarado
“de utilidad pública y sujeto a expropiación” mediante la Ley 2.112 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el año 2006, su recuperación tuvo lugar en marzo de 2009
y fue declarado Lugar Histórico Nacional por el Decreto presidencial 1762/2014. El
Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá se encuentra resguardado por el Convenio
599/2013 de marzo de 2022, suscripto entre el Estado nacional -a través del Ministerio de
Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- y el gobierno de la provincia
de Tucumán. El Faro de la Memoria de Mar del Plata fue declarado Patrimonio Cultural
de la Provincia de Buenos Aires como Bien de Interés Histórico-Testimonial a través de
la Ley Provincial 13.836 y Sitio Histórico Nacional por Ley Nacional 27.127 en el año
2015. El predio del Espacio para la memoria ex Regimiento de Infantería 9 Coronel
Pagola fue asignado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para su uso como
Espacio para la Memoria mediante Resolución 302/2022 de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado. El Espacio para la Memoria Virrey Cevallos fue
declarado Lugar Histórico Nacional a través del Decreto presidencial 1762/2014. El
Museo de la Memoria “ESMA” fue declarado Patrimonio Mundial en el año 2023 por el
Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas por la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se encuentra también protegido por la
Ley Nacional 26.415 y la Ley 2.599 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Defendemos los puestos de trabajo de todas las personas que están despedidas, así como
repudiamos una política de desmantelamiento de tareas vinculadas a la memoria de los
crímenes de lesa humanidad que nuestro pueblo impuso con grandes luchas y
movilización, y el ataque a las libertades democráticas de los trabajadores, que durante
los últimos 40 años ha demostrado una y otra vez en las calles que la lucha contra el golpe
genocida y la impunidad de ayer y de hoy es una bandera vigente.
Por todo lo expuesto solicito a las y los diputados nacionales la aprobación de este
proyecto.
