Partido Obrero está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
PROYECTO DE LEY
La Honorable Cámara de Diputados y Senado de la Nación reunidos en el congreso
nacional sancionan con fuerza de ley…
Artículo 1°- Se anula el Decreto N° 950/2024 (DECTO 2024-950-APN-PTEEnajenación de inmuebles del Estado Nacional) por el cual se ordena a la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO impulsar los procedimientos de
enajenación de los inmuebles del ESTADO NACIONAL objeto de los Decretos Nros.
952/16, 1064/16, 1173/16, 225/17, 928/17, 355/18, 1088/18, 345/19 y 518/19 y de las
Decisiones Administrativas Nros. 249/18, 24/19, 317/19 y 610/19 que no hubieran sido
enajenados a la fecha de entrada en vigencia del presente, junto con otras enajenaciones
y transferencias de inmuebles del Estado Nacional.
Artículo 2°- Se declaran intransferibles y exceptuados de toda variante de enajenación,
los espacios donde funcionaron centros clandestinos de detención y tortura bajo las
dictaduras cívico militares, los cuales todavía hoy pueden ser fuente de prueba respecto
del terrorismo de Estado para causas judiciales que están en curso.
Artículo 3°- Se conforma una Comisión integrada por organizaciones sociales, de
derechos humanos, de lucha por la vivienda, por representantes de los organismos e
instituciones que funcionan en los inmuebles afectados, cuya tarea será analizar y evaluar
el destino que corresponda darle a los terrenos afectados por esta disposición. La comisión
deberá considerar, para los terrenos que considere aptos, establecer como prioridad el
derecho a la vivienda y, en función de ello, la puesta en marcha de un plan de construcción
de viviendas populares. En base a tales consideraciones y el análisis y evaluación que
realice, elevará al Poder Ejecutivo Nacional un plan con carácter vinculante.
Artículo 4°- El Poder Ejecutivo deberá cumplir con el plan elaborado por la Comisión
creada en el Artículo 2° de la presente ley, en los plazos que para cada caso se establezcan:
algunos de vigencia inmediata, como la continuidad del funcionamiento de instituciones
u organismos que ya funcionaban, y otros debidamente planificados cuando afectan la
realización de obras públicas.
Artículo 5°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Vanina Biasi
Mónica Schlotthauer
Alejandro Vilca
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El presidente Javier Milei ordenó el pasado viernes 25 de octubre, por decreto, poner en
marcha un proceso de venta de bienes inmuebles del Estado. Si bien la medida, publicada
en el Boletín Oficial, ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) la venta de 309 inmuebles, el vocero presidencial Adorni anunció que en
sucesivas etapas se completará la venta de 1200 propiedades cuyo valor el gobierno
estima en 800 millones de dólares.
El decreto no fundamenta la medida, pero Manuel Adorni la explica en que dichas
propiedades generan “gastos innecesarios”.
Durante el anuncio, el vocero festejó que una de las propiedades es la que ocupaba el ex
Ministerio de la Mujer, pero no es el único bien afectado. No sería el único edificio
público a rematar, en la lista se encuentra el Centro de Salud Mental y Acción Social N°
1 ubicado en Manuela Pedraza 1558 de CABA, funcionando en la actualidad. También
se encuentra, según denuncian organismos de derechos humanos, el ex centro clandestino
de detención conocido como “La Perla Chica”, “La Perlita” o “Escuelita”, que funcionó
en la localidad de Malagueño, entre los años 1976 y 1979. Bajo las órdenes del Tercer
Cuerpo de Ejército de Luciano Benjamín Menéndez, fue utilizado como anexo de «La
Perla», el centro de detención, tortura y exterminio más emblemático del interior del país.
Hace apenas unos meses, en noviembre de 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación señalizó el lugar que hoy se intenta rematar como Sitio de Memoria.
Quien realmente debe estar festejando es IRSA, el gran monopolio inmobiliario de
Eduardo Elzstain que hoy tiene la AABE bajo su control directo. Apenas asumió, el
presidente Milei nombró al frente de la AABE a Nicolás Pakgojz, quien en 2017 ingresó
al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con 22 años como “Líder en Proyectos en la
Dirección General de Proyectos de Articulación Público Privada” de la mano de Andy
Freire, Ministro de Modernización del entonces jefe de gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, que fue parte del directorio de IRSA.
Tres años después, Pakgojz era Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión Urbana y
rápidamente llegó a ser Jefe de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Urbano, un área
clave por donde pasan todos los pedidos de rezonificación y convenios urbanísticos que
aprueba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Durante 2020, Pakgojz participó de un programa de la Universidad de Tel Aviv, institución
de la que Elzstain es asiduo concurrente. Meses más tarde estaba defendiendo en la
Legislatura uno de los proyectos más deseados por el dueño de IRSA, Costa Urbana, la
“Dubai” de Elsztain en Puerto Madero. El empresario había intentado conseguir la
rezonificación de la ex ciudad deportiva de Boca durante décadas y lo logró durante la
gestión de Rodríguez Larreta. Así, lo que debía pagar la empresa al tesoro porteño siendo
una zona vecina a Puerto Madero se calculó con un índice de desarrollo urbano similar a
Villa Lugano o Villa Riachuelo y eso le permitió a Eduardo Elsztain ahorrarse 450 millones
de dólares.
El precio fue estipulado en U$s260 millones de los cuales 150 se pagarían con otras tierras,
comprometiéndose IRSA a construir un parque público de 12,5 hectáreas que no puede
realizarse porque está en un espejo de agua intransitable. (LPO 8/1/24).
En la actualidad, IRSA posee una cantidad enorme de reservas de tierra, 15 centros
comerciales, cinco edificios de oficinas, tres hoteles incluidos el hotel Libertador (donde
pernoctó gratis un período prolongado Milei), el Intercontinental en Capital y el Llao Llao
en Bariloche, además posee una participación del 29% en Banco Hipotecario S.A. (IP
9/11/23).
El acercamiento de Milei a Elzstain le abrió la puerta a Jabad Lubavitch, una organización
judía ortodoxa que llevó a su conversión al judaísmo y a alinearse incondicionalmente
con el Estado genocida de Israel. Aunque los intereses comunes son más terrenales. Milei
hizo su carrera con Eurnekian, otro broker inmobiliario, dueño de 33 aeropuertos en
Argentina y 19 más en varios países.
Con este panorama parece que el vocero Adorni se quedó muy corto al tasar los inmuebles
que salen a la venta.
Todos los bloques políticos gobernantes han convalidado este saqueo y las
rezonificaciones sucesivas que transformaron el derecho constitucional a la vivienda en
un mal chiste.
Mientras el gobierno prepara un gigantesco negociado para sus socios de IRSA, las
necesidades de tierra para viviendas populares ya son desesperante.
Un reciente estudio elaborado por el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ), el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), el CEUR Conicet y el
Instituto de Geografía de la UBA sobre los efectos de la desregulación en el mercado de
alquileres con el DNU 70, sostiene: “los contratos disminuyeron, se redujo su duración y
aumentó la frecuencia de actualización de los precios”, en un contexto donde el “62% de
los hogares inquilinos declara ingresos por debajo de la línea de pobreza”. El informe
revela que “ha aumentado el número de hogares endeudados que utilizan el dinero para
pagar el alquiler, pasando del “62% al 67%”. Aún así el porcentaje de hogares que debe
el alquiler aumentó del “18% al 21%” y también creció “la de los que destinan más de la
mitad” de sus ingresos al alquiler, del “32% al 38%”.
Coincidente con el porcentaje de hacinamiento el 56% de los hogares inquilinos tiene
ingresos debajo de los $600.000, de los que un 26% tiene ingresos iguales o menores a
$300.000. Según la canasta básica definida por el INDEC para mayo de 2024, “el 62% se
encuentra por debajo de la línea de pobreza” y de éstos “el 90% de los hogares destina
más de la mitad de sus ingresos al alquiler”.
Mientras el lobby inmobiliario festeja, la población trabajadora es sistemáticamente
expulsada de las grandes ciudades. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados se resiste a
tratar el DNU 70 rechazado en el Senado a pesar de que se requiere una mayoría simple para
derogarlo definitivamente poniendo en vigencia nuevamente la ley de alquileres. Con sus
límites, esta ley establecía un plazo de tres años en los contratos y actualizaciones anuales.
Pero fue el gobierno de los Fernández-Massa el que declaró el “fracaso de la ley” ante el
retiro de las propiedades en lugar de propiciar, como plantea el proyecto del FITU, un
impuesto extraordinario a la vivienda ociosa y la creación de un Banco de Tierras para
construir viviendas populares.
El drama de la falta de acceso a la vivienda involucra a inquilinos, hipotecados UVA,
habitantes de las villas y de las tomas de terrenos y requiere medidas urgentes. El Estado
cuenta con tierra suficiente como para resolver la crisis habitacional. Rechazamos la venta
de los bienes del estado para beneficio de un puñado de especuladores y reclamamos un
impuesto a sus grandes fortunas para garantizar los millones de viviendas que la población
trabajadora necesita.
Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento
del presente proyecto de ley.