Proyecto de Ley Anulación decreto Examen idoneidad en el estado PresentadoEXPTE N°7361-D-2024

EXPTE N°7361-D-2024
PROYECTO DE LEY

La Honorable Cámara de Diputados y Senado de la Nación reunidos en el congreso
nacional sancionan con fuerza de ley…
Artículo 1°- Se anula la Resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y
Transformación del Estado - Secretaría de Transformación del Estado y función pública,
publicada en el Boletín Oficial con fecha del 04/12/2024 (RESOL-2024-26-APNSTEYFP#MDYTE), por medio del cual se aprueba y reglamenta el “Reglamento para la
Evaluación General de Conocimientos y Competencias” - Anexo I (IF-2024-133176562-
APN-SSDYMEP#MDYTE)
Artículo 2°- Se anula el Expte. IF-2024-133176562-APN-SSDYMEP#MDYTE
“Referencia: ANEXO I - REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN GENERAL DE
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS” firmado por María Rosana Reggi, titular de
la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público – Ministerio de
Desregulación y Transformación del Estado.
Artículo 3°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Vanina Biasi
Mónica Schlotthauer
Nicolás del Caño
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Carlos Castagneto

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Con fecha del 4 de diciembre del corriente, la Subsecretaría de Desarrollo y
Modernización del Empleo Público, dependiente del Ministerio de Desregulación y
Transformación del Estado, da a conocer, con la firma de su titular María Rosana Reggi,
el Expte. IF-2024-133176562-APN-SSDYMEP#MDYTE, titulado: “Referencia:
ANEXO I - REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN GENERAL DE
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS”, por medio del cual se aprueba un régimen
de evaluación en la Administración Pública Nacional (APN) como “requisito de carácter
previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público”.
Ese mismo día, la Resolución 26/24 publicada en el Boletín Oficial (RESOL-2024-26-
APN-STEYFP#MDYTE) establece la aprobación de dicho Reglamento y una primera
instancia de realización de la Evaluación obligatoria para todas las dependencias y
organismos dependientes de la APN en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),
facultando a la Subsecretaría de desarrollo y modernización a dictar normas
complementarias para su realización, junto con otras disposiciones.
Apenas pocos días después, el lunes 9, comenzó el primer turno de #exámenes de
idoneidad” a empleados y empleadas del sector público, como requisito previo a la
renovación o no de sus contratos. Según denunciaron sectores afectados por esta
resolución, a quienes se anotaran en diciembre se les podría renovar el contrato por un
año, pero al resto por tres meses -una distinción que no está en la reglamentación, pero sí
en los mails de recursos humanos de los distintos organismos.
Se trata de una nueva y grave ofensiva contra los trabajadores del Estado cuyo
fundamento se encuentra en la reforma laboral promovida por la Ley Bases, que
condiciona la continuidad laboral de unos 40 mil trabajadores y trabajadoras de la APN a
la realización y aprobación de un “examen de idoneidad” estandarizado, desconociendo
el desempeño de sus funciones a lo largo de años mayoritariamente en condiciones de
precariedad, las características de las tareas de cada puesto, y la trayectoria laboral de
cada uno.
Al poco de conocerse la medida, un grupo de científicas puso en circulación un
comunicado que cuestiona el modo en que se utilizan las matemáticas en el examen y
reclaman que no sea usada como medio de selección.
“Lejos de organizar estas evaluaciones en torno a los saberes que los trabajadores
necesitan poner en juego en sus tareas, se vuelve a ubicar la matemática como un medio
para dictaminar la posibilidad de conservar el trabajo. Angustia, miedo y amenaza para
los trabajadores -muchos de los cuales realizan tareas en las que estos saberes no tienen
ninguna intervención-; indignación, consternación, preocupación para los integrantes de
la comunidad de educadores matemáticos cuando vuelve a enarbolarse una práctica
contra la que hemos trabajado durante años, que es la de usar a esta disciplina como un
medio de selección para dividir aguas entre capaces e incapaces”, dice el texto impulsado
por las matemáticas y educadoras Carmen Sessa, Patricia Sadovsky y Valeria Borsani.
Medios de comunicación como Tiempo Argentino han difundido asimismo que hubo un
rechazo al examen y un apoyo a las y los trabajadores archivistas por parte de la
Asociación de Archiveros, “diciendo que los trabajadores de archivo no tienen por qué
cumplir una evaluación así, que cuidan el acervo histórico y cultural de los trabajadores
y nada tiene que ver con su función”. “También la Asociación de Trabajadores Sociales
difundió un comunicado en contra, teniendo en cuenta que los trabajadores sociales en
territorio no necesitan ser evaluados en lógica matemática ni comprensión de texto, tal
como están planteados los ejercicios, porque no tiene nada que ver con sus funciones”.
Esta disposición, que cuenta con el auspicio y la promoción del sindicato UPCN que
dirige Andrés Rodríguez, tiene un carácter absolutamente ilegal porque el convenio
colectivo la establece para el caso de los nuevos ingresos, no -como es la intención y ya
se está empezando a operativizar- para aplicarlos a quienes ya se encuentran trabajando
en el Estado de manera precarizada hace años.
El ministro Sturzenegger -responsable de este completo atropello a los derechos
laborales- ha dicho que la superación del examen no garantiza la continuidad en los
puestos de trabajo. ¿Entonces cuál es el propósito? Es evidente que estamos ante un
instrumento que busca justificar una nueva oleada de despidos masivos.
El gobierno vulnera las normas que obligan al empleador a garantizar la estabilidad
laboral, y asimismo no prevé que la evaluación sirva para ofrecer un avance en la carrera
administrativa con impacto en el salario. El hecho que miles de trabajadores continúen en
un sistema precario de contratación anual aunque realicen las mismas tareas que la planta
permanente, es una de las bases sobre las que se apoya el Gobierno para buscar avanzar
con este examen trucho. En otras palabras, así como en su oportunidad lo hizo Macri,
Milei se vale de la extendidísima precarización laboral prohijada durante las gestiones del
gobierno kirchnerista para ir a fondo en el ajuste.
Las intenciones de Milei y Sturzenegger son manifiestas. El actual régimen de carrera
administrativa ya contempla evaluaciones al personal que desempeña sus tareas en el
Estado, a la vez que las sucesivas contrataciones año a año ofician de evaluación de hecho.
Este examen trucho no ofrece siquiera condiciones para que las y los compañeros puedan
abocarse a estudiar: su único objetivo es, sencillamente, volcar a miles de trabajadores a
una instancia compulsiva durante el mismo mes de diciembre y preparar las condiciones
para efectuar otros miles de despidos masivos.
Además, no se garantiza una instancia de control previo ni posevaluación. Tampoco están
contempladas las veedurías gremiales que establece el convenio para el régimen de
ingreso a la planta permanente. ¡Nadie más que el gobierno va a contar con información
acerca de los resultados de la prueba! Viniendo de una gestión que no tiene empacho en
decir que los jubilados le ganaron por 20 puntos a la inflación (Caputo, 5/11) es previsible
que los resultados sean manipulados por un Poder Ejecutivo que se jacta públicamente de
haber echado a 55 mil empleados públicos.
En el marco de una fuerte campaña de estigmatización del empleo público, la evaluación
persigue la intención de diseminar terror en los lugares de trabajo por la perspectiva de
despidos masivos. Pero también tiene el propósito de desalentar una presión por el salario
en un gremio donde su caída parece no tener fondo: desde noviembre de 2023 el deterioro
salarial alcanza 30%, y el acumulado con los salarios promedios de hace una década
alcanza el 50%.
Mientras avanzan con este examen, se observa una irregularidad y discrecionalidad en la
contratación de funcionarios del gobierno (secretarios, subsecretarios y directores) que
no sólo no son evaluados, sino que se les avala idoneidad por decisión de las autoridades
superiores, sin contar con los requisitos mínimos estipulados en el Decreto 2098/08,
Articulo 14. Son decenas los ejemplos de personal incorporado por amiguismo a través
de formas de contratación que no tienen ningún control, con salarios millonarios que
triplican a los de un trabajador estatal.
El rol de UPCN, que debiera representar los intereses de las y los trabajadores del Estado,
acompañando este ilegal examen, es una nueva entrega luego de haber firmado paritarias
que consagran la miseria salarial de los estatales, con incrementos de 2% y 1%, y de haber
promocionado, junto a la CGT, la reforma laboral regresiva consagrada en la Ley Bases,
que en el ámbito del Estado terminó con estabilidad laboral.
Apoyamos todas las medidas de lucha y movilización que tomen las y los trabajadores
del Estado en defensa de sus puestos de trabajo y sus salarios. Reclamamos el pase a
planta permanente y una recuperación salarial urgente.