Proyecto de Declaración por justicia por Cecilia Basaldúa

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso
declaran:
Expresar la preocupación por la búsqueda de verdad y justicia del caso de Cecilia Basaldúa,
desaparecida el 5 de abril de 2020 en la localidad de Capilla del Monte en la Provincia de Córdoba, y
cuyo cuerpo fue hallado sin vida por un vecino del lugar 20 días después en un descampado con signos
de abuso sexual y muerte por estrangulamiento.
Denunciar las múltiples irregularidades que plagaron todo el proceso judicial desde el comienzo de la
investigación hasta la elevación de la causa a juicio oral. Importa señalar que, en este proceso de
investigación a cargo de la Dra. Paula Kelm, interviniente en la investigación, se desestimaron pruebas
y testimonios claves, se rechazaron recursos interpuestos por la querella, se interrumpieron vías de
investigación y se forzaron otras. Todo en un verdadero entramado para garantizar la impunidad de la
fuerza policial y una probable red de narcotráfico actuante en la región, cuestión que es denunciada por
la familia de la víctima. El principal sospechoso señalado por la familia, Mario Mainardi, no ha sido
imputado en la causa, era dueño del inmueble donde se alojada la victima al momento de la desaparición
y última persona en verla con vida
Rechazar la elevación a juicio de la causa de Cecilia Basaldúa cuya investigación preliminar se
encuentra viciada de nulidad y por la cual se ha imputado a una sola persona, Lucas Bustos, un peón
de albañil oriundo de la localidad de Capilla del Monte, sobre quien la propia Secretaría de Derechos
Humanos de Nación señalo como un “perejil”, por no contarse con prueba alguna que lo vincule al hecho.
Expresar el apoyo a la lucha emprendida por los padres, familiares y amigos de Cecilia Basaldúa, que
es acompañada por el conjunto del movimiento de mujeres y diversidades de la provincia, sumándose
al pedido de justicia y ni una menos el Estado es responsable.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El femicidio de Cecilia Basaldúa fue uno de los primeros casos de violencia y femicidio que cobró estado
público en Córdoba durante el transcurso del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio más estricto
por Covid-19. Su desaparición seguida de muerte ocurrió en abril del 2020, momento en que se
experimentaba un crecimiento exponencial de la violencia de género puertas adentro de los hogares.
Cecilia Gisela Basaldúa de 35 años, oriunda de Buenos Aires, había regresado de un extenso viaje como
mochilera por Latinoamérica. Por ese entonces estaba escribiendo un libro en Capilla del Monte, ciudad
en la que residió durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. El 5 de abril de 2020 fue vista
con vida por última vez. Veinte días después, su cuerpo sin vida fue hallado por un vecino del lugar en
un descampado con signos de abuso sexual y muerte por estrangulamiento.
El caso, que tuvo en vilo al país durante los veinte días de su búsqueda, conmocionó a la sociedad
entera, no sólo por la brutalidad de su asesinato sino por el entramado policial que dejó expuestos los
estrechos vínculos de diferentes estamentos estatales en su desaparición y posterior asesinato. El
movimiento de mujeres de Córdoba, organizado por la Asamblea Ni Una Menos, abrazó la causa
rápidamente, primero exigiendo la búsqueda inmediata de Cecilia, luego luchando por justicia.
La familia de Cecilia ha desandado una serie de maniobras de encubrimiento por parte de la policía y la
fiscalía. Cada paso en el avance de esta causa, ha sido producto de la incansable lucha emprendida por
familiares, amigos y organizaciones sociales que debieron sortear aprietes, amenazas, y maniobras
judiciales de todo tipo. De este modo se impusieron diferentes vías de investigación, aportando pruebas
y solicitando pericias. Sin embargo, repentinamente y sin haberse agotado el proceso de investigación,
la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, decidió elevar la causa a juicio, acusando a Lucas Bustos como autor
del femicidio. Se trata de un joven peón de albañil de 23 años al que la Secretaría de Derechos Humanos
denunció como un “perejil”, ya que no hay pruebas que lo vinculen al hecho.
Giselle Videla, asistente de la querella y miembro del equipo de abogadas “Justicia por Cecilia”, indicó
que la imputación de Lucas Bustos se basa en un sumario presentado por la policía, acerca de dichos
que supuestamente Lucas habría efectuado. Pero no hay en la causa una confesión del sindicado
culpable, con sus propias palabras. Por el contrario, son múltiples los relatos que hablan de una golpiza
que habría sufrido Lucas y su hermano en la comisaría para arrancarles una confesión. Asimismo,
Giselle Videla puntualizó que tampoco se ha dado lugar a que la división “Homicidios” de Córdoba
intervenga en el caso, generando aún más sospecha acerca de la veracidad sobre un posible vínculo
entre Mainardi (principal sospechoso para la familia Basaldúa) y la fiscalía.
Las inconsistencias en la causa son múltiples y parten de una serie de irregularidades en el
procedimiento que tiene como fin último el auto encubrimiento respecto a la responsabilidad estatal en
general, y de las fuerzas de seguridad en particular. Desde el primer momento, las autoridades locales
y las fuerzas de seguridad desconocieron la legislación vigente, y rechazaron la aplicación del protocolo
de búsqueda inmediata, que obliga al Estado a disponer de todos los recursos a necesarios para dar
con el paradero de la persona desaparecida. No fue hasta que el movimiento de mujeres y sus familiares
tomaron las calles exigiendo su búsqueda que se dispuso de diversas medidas de rastrillaje por la zona,
y se abrió efectivamente un proceso de investigación.
Al calor de la lucha que desenvolvió el movimiento de mujeres para lograr el esclarecimiento del caso,
fueron apareciendo nuevos indicios. Es de destacar el testimonio de una testigo clave, que desarrolló
una crónica de cómo Cecilia fue maniatada, amordazada y llevada por la fuerza en un vehículo. El
testimonio identificaría a las personas intervinientes como José, Viviana (Rasta), Mario Mainardi (dueño
de la vivienda donde se alojaba Cecilia), Ramón (policía de la provincia de Córdoba) y Zárate (miembro
de investigaciones de la policía). La testigo también mencionó que la fiscalía de Cosquín sería cómplice
por garantizar el encubrimiento. Esta vía de investigación fue descartada de plano por la justicia.
En este cuadro, la apresurada elevación a juicio no hace más que convalidar un proceso viciado, que
exime a los verdaderos responsables por el femicidio de Cecilia. Esto motivó el pedido de nulidad de
todo proceso por parte de la querella, rechazando que la causa sea elevada a juicio en condiciones de
orfandad probatoria.
La situación deja al desnudo, una vez más, la responsabilidad del gobierno provincial y de todo un
régimen social que se cobra la vida de las mujeres. El señalamiento del aparato policial y el Poder judicial
da cuenta de que el Estado y sus instituciones encubren y garantizar la impunidad de los responsables.
Frente al comienzo del juicio, y ante todo este entramado de corrupción, presentamos el presente
proyecto de declaración con el objetivo de establecer un pronunciamiento y una clara exigencia dirigida
al poder judicial, para se avance en el esclarecimiento de los hechos y la justicia por Cecilia.
En apoyo a la lucha que libran familiares y amigos de Cecilia Basaldúa, y que motoriza todo el
movimiento de mujeres y diversidades de la provincia, solicito a mis pares presente aprobación al
presente proyecto de declaración.
Romina Del Plá

Myriam Bregman
Nicolás del Caño
Alejandro Vilca