La H. Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Solicitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que el Poder Ejecutivo Nacional informe, a través del Ministro de Economía y de los funcionarios competentes en la materia, en relación a las declaraciones públicas del Ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como respecto de la renuncia del Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Lic. Marco Lavagna, sobre los siguientes puntos:
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¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la decisión de postergar la implementación del nuevo cálculo de Índice de Precios del Consumidor, a tan solo días de su anunciada puesta en práctica, y qué funcionarios del Poder Ejecutivo intervinieron en esta definición?
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¿Por qué motivo el Ministerio de Economía y la Presidencia de la Nación se arrogaron la potestad de postergar dicha implementación, cuando se trata de una atribución técnica del Instituto Nacional de Estadística y Censos?
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¿Es cierto que el nuevo índice estaba listo en 2024 y fue postergado por decisión del Poder Ejecutivo, como afirma el ex viceministro Joaquín Cottani?
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Si esta decisión puede derivar en modificaciones y ajustes al presupuesto, toda vez que el proyecto enviado por el PEN para el ejercicio 2026 establecía la incorporación del “Nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC)” (documento “Jurisdicciones”, sección Ministerio de Economía), lo que supone que distintas estimaciones de ingresos y gastos se hayan realizado con un mecanismo diferente al que ahora se quiere utilizar.
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¿Bajo qué criterios de medición se establecieron parámetros como la proyección de una inflación estimada “en un 3,7% interanual para diciembre de 2028” según el Mensaje del Presupuesto?
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¿Bajo qué criterios el Ministro de Economía difundió datos estadísticos del IPC aún no publicados por el Instituto, en una clara violación del Artículo 13 y una potencial violación del Artículo 17 de la Ley 17.622, e informe si existen posibilidades y/o sospechas de que empresas o personas hayan podido sacar provecho de esta situación?
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¿Qué influencia tuvo en estas decisiones el impacto político de publicar un cálculo mayor de inflación en un contexto de ajuste salarial y jubilatorio, y a pocos días de un aumento tarifario?
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¿Qué influencia tuvo en la decisión de postergar la aplicación del nuevo índice el rechazo del capítulo 11 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, que planteaba la derogación o eliminación de la indexación de las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas y pensiones por discapacidad?
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¿Qué relación establece el Ministerio entre el aumento del riesgo país y la baja de los bonos, ocurrida inmediatamente después de la postergación indefinida del nuevo IPC?
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Si existen análisis respecto de la litigiosidad que pueda conllevar esta manipulación de los índices, en casos como los bonos y letras denominadas según índice CER y en relación a otras obligaciones del Estado que se ajustan en base a la inflación, y con qué recursos se pretende afrontar esa problemática
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Los mismos trabajadores que producen las estadísticas tienen salarios por debajo de la canasta familiar. A eso se agrega que un porcentaje alto son trabajadores precarizados. ¿Está previsto el pase a planta permanente de trabajadores transitorios, resolución 48 y monotributistas?
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¿Qué medidas proyectan tomar para frenar la sangría de técnicos y trabajadores del organismo, que se van por los bajos salarios, las condiciones de precariedad y por las presiones contra la actualización del índice y la fiabilidad de las estadísticas del organismo?
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¿El organismo proyecta cumplir con el cupo laboral trans (Ley 27.636) y por discapacidad (Ley 22.431)? ¿Qué plazo se estipula para ello? ¿Se realizará con salarios acorde a la canasta familiar que calcula la Junta interna de Ate Indec?
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¿Qué medidas se prevén para el resguardo de la independencia técnica del organismo frente a intervenciones que claramente puedan apuntar a la manipulación estadística?
Romina Del Plá
Néstor Pitrola
Myriam Bregman
Nicolás Del Caño
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El presente pedido de informes tiene por objeto que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y de los organismos competentes en la materia, brinden información respecto del estado de actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que estaba prevista para la medición del mes de enero del corriente año y, según dichos del Ministro de Economía, ha sido postergada indefinidamente. Esta actualización ha sido largamente anunciada, y según diversos trascendidos y declaraciones de ex funcionarios, como el caso del ex viceministro de Economía Joaquín Cottani, el cálculo para la actualización se encontraba preparado hace mucho tiempo, y no se habría puesto en práctica por decisión política del Poder Ejecutivo.
La renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, puso en alerta al conjunto del pueblo, ya que se produjo a pocos días del estreno del nuevo índice, lo que hizo recrudecer las sospechas sobre posibles manipulaciones. Las declaraciones posteriores del Ministro de Economía no hicieron más que afirmar que entre los motivos que llevaron a la salida del director del Instituto se encontraban las presiones del Poder Ejecutivo por sostener el cálculo anterior del IPC, que resulta en una inflación más baja. Esto incluso entra en contradicción con el Proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el PEN, donde se ponía como un objetivo del organismo la incorporación del nuevo IPC.
Es necesario decir que los datos de la evolución de los precios no son sólo un reflejo estadístico, sino que además tienen una incidencia muy profunda en la economía. No es casual que posterior a la renuncia de Lavagna y los anuncios de sostener el viejo IPC, lo que significa una manipulación estadística, el riesgo país haya vuelto a subir y los bonos argentinos hayan caído.
Tampoco parece casual que el gobierno quiera evitar un cálculo mayor de la Inflación en momentos de enormes recortes a los salarios y jubilaciones, que vienen perdiendo hace mucho tiempo frente a cualquier cálculo inflacionario. No podemos olvidar que en pocos días comenzará a implementarse un tarifazo en distintos servicios (16% de subas en el Gas, 3,6% en la luz), y es indudable que un número más elevado del IPC es un impacto político negativo en ese marco, tirando por tierra el discurso oficial acerca de la “desinflación”.
El IPC que debía ponerse en práctica ahora toma como base la canasta de bienes y servicios elaborada sobre la base de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) 2017/2018, reemplazando a la que toma como base esa misma Encuesta pero de los años 2004/2005. La desactualización es evidente, ya que se toman en consideración incluso productos que ya no son de uso habitual. Según los cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la diferencia entre una medición y otra en el período que fue de noviembre de 2023 a noviembre de 2025 dan cuenta que en lugar de 249,5%, el IPC hubiera sido de 288,2%. El solo hecho de reflejar de forma más real el hundimiento salarial y el fracaso de la política que buscaba contener la inflación a fuerza de recesión económica (con su secuela de despidos y cierres de empresas) es una confesión que golpea el relato oficial. Pero no es solo un problema “narrativo”.
Por supuesto, los trabajadores sufren la pérdida de poder adquisitivo de todas formas y pagan los aumentos de precios, aunque las estadísticas oficiales se encuentren manipuladas y no lo reflejen correctamente. Pero además el cálculo inflacionario es una referencia a la hora de discutir salarios, y en el caso de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares directamente los montos se encuentran indexados al IPC. Por ello, no es de extrañar que la decisión de manipular la estadística también se relacione con la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026, donde el gobierno buscó desindexar todos esos montos. Una inflación calculada más baja permite un “ahorro fiscal”, a costa de los adultos mayores, de las discapacidades, y de los beneficiarios de asignaciones familiares.
El dato de inflación también repercute en la cotización del dólar, porque corre el techo de la banda cambiaria, como fijó el nuevo esquema de Milei y Caputo. A mayor IPC, mayor aval devaluatorio. También ocurre que diversas obligaciones del Estado se encuentran atadas a la inflación, como es el caso de los bonos y letras denominados según índice CER. La manipulación del índice puede derivar entonces en una catarata de juicios de los bonistas contra el Estado, por ser perjudicados por la manipulación estadística.
La frutilla del postre de todo este cuadro crítico y que desenmascara al gobierno fue la designación como director de Pedro Lines, quien era el segundo del organismo pero que se encontraba buscando un nuevo trabajo de forma abierta por plataformas digitales en disconformidad con su remuneración. Es evidente que si Lines siendo personal jerárquico se encontraba en esa situación, el resto del personal del INDEC se encuentra sufriendo condiciones laborales desastrosas. Múltiples fuentes, que van desde las organizaciones gremiales del Instituto hasta fuentes del oficialismo en los medios, afirman que hay una enorme sangría de técnicos y trabajadores producto de los recortes salariales y las políticas de ajuste, lo que compromete que el organismo pueda cumplir su función estadística. Sin duda, también esta sangría se relaciona a las presiones políticas de los gobiernos para incidir en los trabajos técnicos del personal del Instituto.
Por último, hay que decir que todos los gobiernos han tenido una política de presión sobre los índices. Llegando a intervenciones de parte del ejecutivo, con el objetivo de controlar las estadísticas.
Para terminar con las posibles manipulaciones de los gobiernos de turno es necesario un Indec independiente de los gobiernos y el FMI. Dirigido y controlado por sus trabajadores y técnicos con colaboración y apoyo de las universidades, organizaciones de consumidores, usuarios y sindicatos. De esta manera se terminaría con las presiones y manipulaciones y se pondría el desarrollo estadístico y sus mediciones al servicio de la sociedad y que sirva para establecer un aumento general de salarios y jubilaciones al valor real de la canasta básica.
Por todas estas razones, y las que expondremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de solicitud de informes.
Romina Del Plá
Néstor Pitrola
Myriam Bregman
Nicolás Del Caño
