Pedido de Informe al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a cargo del Sr. Juan Cabandié, informe las tareas llevadas adelante
por su ministerio para prevenir y combatir los incendios que se desarrollaron en varias
provincias desde fines del año 2021, y que se continúan hasta el día de hoy, detallando
información sobre los siguientes aspectos:
- ¿Cuáles fueron las acciones realizadas, y el presupuesto destinado a tal fin, en el combate
a los incendios en la Comarca Andina entre las provincias de Río Negro y Chubut, en la
Provincia de Neuquén, en la Provincia de Tierra del Fuego, en la Provincia de Entre Ríos,
en la Provincia de Santa Fe, en la Provincia de Córdoba, en la Provincia de Formosa, en
la Provincia de Misiones y en la Provincia de Corrientes? Se solicita informes particulares
de lo actuado en cada provincia o región, y detalles del rubro o conceptos del presupuesto
ejecutado.
- El Ministerio de ambiente integra el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que debería
“proteger el ambiente de los incendios forestales y rurales en todo el país”, y que tiene la
responsabilidad de coordinar acciones para:
“Proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios”; “Cuidar
la seguridad de la población en general y de las personas que combaten los incendios.”;
“Concientizar a la población sobre el impacto del uso del fuego, fomentando el cambio
de los hábitos perjudiciales para el ambiente”; “Establecer mecanismos para que el
Estado intervenga con eficiencia en materia de incendios”; “Coordinar y asistir a los
organismos nacionales, provinciales y de la CABA con el fin de organizar a nivel federal
todo lo relacionado con el manejo del fuego.”
De estos cinco puntos: ¿qué medidas concretas dispuso el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para “proteger, preservar, cuidar, concientizar” sobre los
incendios? Detalle acciones realizadas y el presupuesto y recursos destinados para tal fin.
¿Qué mecanismos se establecieron para la intervención del Estado? ¿Qué impacto
tuvieron? ¿Cómo miden y evalúan ese impacto?
¿Cómo fue la coordinación y cuál fue la asistencia de los organismos nacionales a los
provinciales?
- El Sistema de Manejo del Fuego, como indica la Ley “…se ordena y actúa por regiones.
De acuerdo a la gravedad del siniestro, opera en 3 niveles:”
“Nivel 1: Es la fase de ataque inicial de todo incendio que se origina dentro del territorio
de una provincia o Parque Nacional. Corresponde a esas autoridades las tareas de
supresión.”
“Nivel 2: Cuando, por la gravedad del caso, Parques Nacionales considera oportuno
solicitar apoyo regional.”
“Nivel 3: Cuando la magnitud del incendio supera el apoyo regional, se pide ayuda a la
Central Nacional para afectar recursos de otras regiones…”
¿Cómo se explica que los incendios hayan avanzado en enorme magnitud si se aplicaron
los niveles según la gravedad?
¿Cuáles son los planes de manejo del fuego creados para brindar protección contra los
incendios en las regiones de las provincias afectadas?
¿Qué sucedió con el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Incendios en las provincias arrasadas por los mismos en los últimos meses?
En cuanto al relevamiento de hectáreas afectadas, ¿El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible tiene informes? ¿Qué medidas se van a tomar para la protección de
los terrenos afectados?
- Quienes integran las Brigadas Nacionales han denunciado ampliamente la falta de
elementos y recursos necesarios para afrontar los siniestros, y las condiciones
extremadamente precarias en que desarrollan su tarea.
¿Qué medidas van a tomar para revertir esa situación?
¿Por qué no se destina el presupuesto necesario para equipar en las condiciones necesarias
un área que se ha vuelto tan sensible en nuestro país?
¿Cómo explica que una colecta solidaria impulsada en redes sociales haya sido la
responsable de comprar el equipamiento para los bomberos y brigadistas que combaten
el fuego en Corrientes, cuando se trata de una responsabilidad propia de su Ministerio?
- ¿Con cuánto personal capacitado se cuenta en cada una de las provincias afectadas por
los incendios?
¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Qué organismo les brinda capacitación?
- En marzo de 2021, a través del Decreto 192/202 publicado en el Boletín Oficial, se
homologó el nuevo convenio laboral para los brigadistas. El mismo no ha detenido los
reclamos por las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector, que en
muchos casos equipara “a la baja” el nivel salarial para uniformar a nivel nacional. En
algunos casos, brigadistas denuncian que ha significado una rebaja salarial de entre 20
mil y 30 mil pesos. En otros, que se siguen extendiendo contratos temporales sin
concretarse el pase a planta ni el respeto a la antigüedad. También denuncian que se han
suprimido cargos importantes como choferes, logística, comunicaciones, capacitación,
jefe de base o administrativos. ¿Qué respuesta tiene para dar a estos reclamos? ¿Cuál es
el plazo para el efectivo pase a planta de todo el personal? ¿Cuál es el salario que van a
garantizar?
- ¿Cuál es el presupuesto asignado para el personal profesional y no profesional que
combate los incendios en las provincias afectadas? Desagregue en gastos salariales y de
equipamiento y protección laboral.
- Los pobladores y hasta organismos como Greenpeace denuncian el carácter intencional
de los incendios, señalando a quienes impulsan proyectos inmobiliarios y/o agropecuarios
detrás de este desastre.
¿Qué medidas impulsan para investigar y esclarecer los hechos y evitar que queden
impunes?
¿Qué van a hacer para combatir el lobby de los agronegocios -más allá de declaraciones
por la red social Twitter?
¿Qué acciones preventivas se van a tomar en relación a ello?
¿Por qué no se establece la prohibición de proyectos de este tipo en los territorios
codiciados para estos negociados?

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Este 2022 muchos y muchas de los y las habitantes de nuestro país comenzaron el año
envueltos en llamas, y no lo decimos en forma de eufemismo sino de manera literal. Desde
fines del año pasado estamos sufriendo una catástrofe ambiental sin precedentes. Con
pérdidas innumerables, de nuestra flora, de nuestra fauna, del suelo, y pérdidas de vidas
humanas -dos brigadistas resultaron muertos tras caerse un helicóptero combatiendo el
fuego en el foco de Aluminé. Para principios del 2022 los incendios en el país se
propagaban por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Formosa. Actualmente
las provincias que más están siendo afectadas son las Provincia de Corrientes y Misiones,
lo que está dejando una catástrofe ambiental, social y económica impensadas.
Las causas de los incendios están a la vista. Por un lado, la sequía histórica que asola a
gran parte del territorio de las provincias, como por ejemplo a toda la región del noreste,
que comenzó en noviembre -y los incendios inmediatamente un mes después, en
diciembre. La media de lluvias en esta época es de 200 milímetros, pero este año no
alcanzan ni a 20 mm. Las altísimas temperaturas de todo enero alimentaron el avance del
fuego. El cambio de régimen hídrico con sequías prolongadas y luego las inundaciones,
es uno de los fenómenos más claros asociados al calentamiento global.
Sabemos que los incendios tienen un alto componente intencional. Según el Jefe de
operaciones de Defensa Civil de la Provincia de Corrientes, entre el 90 y el 98% de los
focos son intencionales. Las quemas apuntan a eliminar pastizales, habilitar nuevas áreas
de explotación ganadera, a la quema de basura u otros fines. La combinación entre estas
quemas intencionales y el cuadro de sequía está provocando la enorme crisis actual.
En el caso de la Patagonia también afectaron las sequías, falta de lluvias y nieve, pero el
ministro buscó echar culpas en los factores climáticos para desligar las responsabilidades
del Estado y las responsabilidades políticas que le caben especialmente en su rol de
máximo funcionario del área.
En realidad, nada de lo dicho le quita responsabilidad, porque la alteración de los factores
climáticos son producto de la basta contaminación ambiental y el saqueo de los recursos
naturales que lejos de revertir desde su cartera, alienta y promueve. No olvidemos que
fue el propio Cabandie quién sostuvo que “no se puede conseguir dólares para pagar la
deuda sin contaminar”. He aquí las dramáticas consecuencias de esta política entreguista.
Ante los sucesos, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky,
segundo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también direccionó la
responsabilidad a la sequía que atraviesa el país, y que “en el caso particular de la
Patagonia, la situación está acentuada porque prácticamente no hubo nieve durante el
invierno y en este momento las temperaturas son altas y los tenores de humedad muy
bajos” (Página12, el 31/12/21). Federovisky, aun sabiendo de la sequía y la falta de
lluvias y nieve, confiesa que las prevenciones en este escenario de parte del gobierno han
sido nulas, antes y durante.
Las inacciones por parte de los funcionarios a cargo el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible podrían explicarse por varios motivos, pero hay uno que
entendemos que es clave: defienden y promueven producciones capitalistas de tipo
extractivistas, como la megaminería, el fracking o las granjas porcinas. Esto lo demuestra
desde el derrame de petróleo en Río Negro producido por Oldelval SA, de la cual YPF es
la petrolera principal, hasta el intento de zonificación en Chubut, que fue derrotado por la
movilización popular, el llamado “Chubutazo”.
Ante esta situación no podemos ignorar al portavoz de GreenPeace Argentina, que dio
toda una definición de hacia dónde deberían apuntar las investigaciones: “Estos fuegos
están ayudados por la sequía, pero son intencionales. Son provocados por manos
humanas para emprendimientos inmobiliarios o ganaderos...”. Ante una realidad
inocultable, denunciada hasta el cansancio también por los pobladores de las zonas
afectadas, el ministro Cabandié, afirmó cínicamente que: “Tenemos que exigirle a la
justicia que aprese a cada responsable y replantearnos como sociedad nuestros métodos
productivos”, como si no tuviera responsabilidades (él y su gobierno) en el amparo,
respaldo y protección de este tipo de emprendimientos en el país. Se escuda en la justicia,
pero no promovió una sola acción legal, ni investigación ni -mucho menos- impulsaron
ninguna acción concreta para evitar que avancen los atentados forestales asociados a este
tipo de actividades.
El calentamiento global que acicatea los incendios parte de un régimen social que los
gobiernos avalan y fomentan. El ministro reconoce que toda la explotación devastadora
de la megaminería, los agronegocios, la exploración de las petroleras, el fracking, además
de reportar ganancias a los pulpos multinacionales que las emprenden, solo sirve a los
fines de honrar los compromisos con el FMI y los bonistas.
Como ya señalamos, cuando el mismo ministro declaró que es imposible pagar la deuda
con el Fondo Monetario Internacional sin contaminar, dejó de relieve cuál es el motivo
real que condiciona toda la política económica y, que está detrás de la depredación
ambiental y el saqueo de los bienes naturales.
El cuadro de quemas intencionales en el caso de Corrientes se produce en una provincia
en la cual se ha avanzado fuertemente sobre los humedales y esteros. El cultivo de pino,
arrasando con el monte nativo, el avance sobre los humedales mediante el cultivo de
arroz, el mismo pino o la ganadería fueron alterando fuertemente el paisaje. La provincia
de Corrientes, y especialmente sus grandes productores rurales, recordemos que se
opusieron fuertemente a la sanción de la Ley de Humedales.
Estos intereses sociales son los que están detrás de las quemas, por un lado, y del avance
sobre los humedales, por el otro. Pero son ellos mismos los primeros en ser reconocidos
por el Estado como damnificados, reclamando líneas de crédito e indemnizaciones por
las pérdidas de la producción.
Por tal motivo insistimos en la responsabilidad de los gobiernos nacional y provinciales.
Es que en un cuadro de sequía y de incendios que fueron creciendo, la respuesta fue más
que tardía e insuficiente. El abandono del Estado a poblaciones enteras, la falta de
recursos para enfrentar el fuego, la precariedad de los bomberos y brigadistas, son, como
siempre, la norma. El despliegue actual, de varias provincias enviando ayuda, se produce
cuando el fuego está fuera de control.
Desde 1996 existe el Plan Nacional del Manejo del Fuego a raíz del importante incendio
ocurrido en el cerro Catedral en Bariloche, que duró más de 25 días. La entonces
secretaria de Ambiente de Nación, la menemista María Julia Alsogaray –recordada por
su incumplida promesa de «limpiar el Riachuelo en 1.000 días» y las incontables
denuncias de corrupción- se vio obligada a crear este plan ante el rechazo generalizado
que provocaron los sucesivos incendios intencionales de aquellos años, ligados a la
especulación inmobiliaria.
A principios de 2013, el Plan Nacional de Manejo del Fuego cambió su nombre por el de
Sistema Federal del Manejo del Fuego (SFMF). Un año antes la ex presidenta Cristina
Fernández anunciaba la compra de 26 aviones hidrantes para el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego, organismo de aplicación del SFMF. Sin embargo, esta compra nunca
se concretó y los viejos aviones hidrantes fueron reemplazados por aviones alquilados de
limitada capacidad de carga. Con el cambio de gobierno en 2015, la problemática
ambiental siguió siendo utilizada como slogan de campaña. Todavía es recordada la frase
del entonces ministro Sergio Bergman sobre la prevención y combate de incendios
forestales: «Para el verano, lo más útil que podemos hacer es rezar».
Ante este panorama, no debe sorprender que en los últimos años se hayan producido
algunos de los más importantes incendios registrados en el territorio, el 95% de los cuales
son intencionales. Sólo por mencionar algunos, en 2015 el fuego arrasó 41.000 hectáreas
de bosque nativo en la zona de Cholila, provincia de Chubut; en 2020, los incendios en el
centro y norte del país arrasaron con casi 900.000 hectáreas, tampoco hubo respuesta de
los gobiernos nacional y provinciales, favoreciendo así la destrucción de ambientes
protegidos que quedan «habilitados», al perder su flora nativa, para ser utilizados en
monocultivos intensivos para la explotación capitalista.
En los últimos años, la lucha por la sanción de una ley que proteja los humedales
(ambientes naturales que almacenan enormes cantidades de carbono, contribuyendo así a
la lucha contra el cambio climático, entre otros) ha cobrado muchísima relevancia ante
las quemas intencionales que afectaron a 22 provincias y generaron una importante
movilización de la población. A pesar de haberse presentado 14 proyectos de ley en este
sentido, incluido el del Frente de Izquierda, el gobierno sacó el tema de la agenda de
sesiones extraordinarias, bloqueando su tratamiento, lo que hizo que pierda estado
parlamentario.
En marzo de 2021 señalamos que la declaración de Emergencia Ígnea en la provincia era
papel mojado, ya que no expresaba un incremento de partidas presupuestarias.
Esto quedó en evidencia una vez más ante el accionar estatal, con los brigadistas
denunciando la precarización laboral, la entrega de insumos de seguridad, recomposición
salarial y asignación de la categoría correspondiente.
Por último, no podemos dejar de señalar que en todos los casos fueron los vecinos
autoconvocados quienes solidariamente accionaron y accionan junto a los brigadistas para
llevar adelante la evacuación de las familias y animales afectados.
Con este proyecto reclamamos respuestas concretas sobre el accionar gubernamental
frente al desastre ambiental que estamos atravesando, y en relación a la responsabilidad
del gobierno y el ministerio de ambiente ante el avance del lobby de los agronegocios, las
petroleras, las mineras y los desarrolladores inmobiliarios, con consecuencias
destructivas para el ambiente y la población de nuestro país.
Por estos motivos solicito a las y los diputados que acompañen este Proyecto de
Resolución