Expediente 2046-D-2021
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relacionados a los Centros de Primera Infancia (CPI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fundamentos
El crecimiento exponencial de los centros de primera infancia (CPI) en todo el país y particularmente en la CABA contrasta directamente con el cierre de lactarios y salas de escuelas infantiles dependientes del ministerio de Educación, la consiguiente falta de vacantes en el nivel que ha llegado a un fallo vergonzante a fin del año 2020 contrario a una familia que reclamaba por una vacante para su hija. A esto se suma el destino de 53 millones a las escuelas infantiles privadas y la desinversión y la falta de construcción de escuelas. Un contraste mordaz que se profundizó durante la pandemia cuya política continúa siendo negacionista exponiendo a niñes y trabajadores de la educación.
El GCBA ha declarado que se trata de un traspaso de matrícula del nivel inicial de educación a los centros de primera infancia que dependen de desarrollo social y son gestionados por empresas privadas y organizaciones, muchas de ellas de carácter religioso. Según explican necesitan esos espacios para abrir salas de 4 y 5 años que son obligatorias. Esto es una falacia ya que la mayoría de los CPI cuentan con salas de 4 años y son de jornada completa, algo que no sucede con los jardines de infantes públicos.
Se trata de una transferencia encubierta de matrícula de la escuela pública al sector privado ya que estos centros están gestionados por organizaciones barriales, empresariales, fundaciones e iglesias de todo tipo sin ningún control sobre las condiciones edilicias, sanitarias y pedagógicas, cuyas matrículas responden a una selección arbitraria por parte de quienes las dirigen. Esta precarización alcanza también a las docentes y trabajadoras por lo cual barre con los derechos y la carrera de las docentes de nivel inicial borrando de un plumazo al estatuto del docente y se empalma con el cierre de los institutos terciarios a favor de la UNICABA.
La proliferación de los CPI en los últimos años en CABA no es ajena a la del resto del país. Desde la aprobación de la Ley Nacional N° 26233 de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil del 2007, se fueron adhiriendo a esta política todo tipo de instituciones privadas y religiosas que cuentan así con jugosos subsidios muy superiores a los que percibe la educación inicial pública. El tan promocionado plan de los 3000 jardines era en realidad el proyecto que maneja la OCDE a nivel global de tercerización y charterización de la educación en los primeros años.
Es necesario también evidenciar que los CPI conspiran contra los derechos de las mujeres y la educación sexual: el manejo de estas instituciones en manos de las iglesias católica y evangélica así como fundaciones y punteros políticos aliados deja la educación de los niños en manos del oscurantismo religioso a la vez que “forma” a las familias en prédica de la sumisión de las mujeres. Muchos de estos centros se encuentran conveniados con la Fundación CONIN del siniestro Abel Albino.
Por lo expuesto, solicitamos se acompañe el presente proyecto.