EMERGENCIA NACIONAL FRENTE A LOS INCENDIOS EN LAS PROVINCIAS DE CHUBUT, RÍO NEGRO, SANTA CRUZ Y NEUQUÉN

EXPTE N°7091-D-2025

ARTICULO 1°.- Declárese la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Seguridad, a los fines de garantizar la totalidad de los recursos para la extinción, combate y prevención de los incendios desarrollados en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

ARTÍCULO 2°.- La emergencia presupuestaria establecida contemplará el destino de recursos y partidas presupuestarias necesarios para garantizar:

a)- Aviones hidrantes, Helicópteros, Parque Automotor y herramientas de alto impacto.

b)- Refuerzo de personal en las brigadas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, brigadas provinciales y cuerpos de bomberos voluntarios, entre otros, con garantías salariales, estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad y herramientas en las condiciones que exige la tarea; así como el inmediato aumento salarial para todos los brigadistas para que el salario sea como mínimo el valor de la canasta básica total patagónica, y se pase a planta permanente a todo el personal afectado, terminando con las contrataciones precarias

c).- Elementos de comunicación y digitales para la ubicación y delimitación de las tareas requeridas.

1. d) Asistencia inmediata a las personas afectadas en la provisión de agua potable, alimentos, vestimenta, alojamiento como así también atención médica, psicológica, sanitaria y todo aquello que se requiera en función de las necesidades inmediatas de las familias damnificadas.
2. e) Asistencia directa para la reconstrucción de los hogares y de todo bien de índole personal o público que fuera afectado sin exigir retribución alguna por parte de los damnificados hacia el Estado.
3. f) El restablecimiento de todas las redes de servicios públicos.

ARTÍCULO 3°. – Lo mencionado en el artículo precedente será realizado y organizado bajo relevamiento previo y control de los vecinos de la zona afectada por los incendios, los trabajadores de las brigadas, bomberos voluntarios, equipos técnicos conformados a tal fin, voluntarios y actuales agentes estatales.

ARTÍCULO 4°.- Prohíbase la venta, comercialización, loteo, subdivisión y cualquier tipo de cambio en el uso del suelo en las áreas afectadas por los incendios forestales, garantizando la remediación definitiva y recuperación del monte nativo, con la sola excepción de viviendas familiares o minifundios, por el plazo de 60 años.

ARTÍCULO 5°. - El Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar la reconstrucción socioambiental de la región, empezando por un inminente plan de viviendas para todas las familias afectadas, la exención impositiva en los servicios públicos y contribuciones locales de las mismas, así como un plan de erradicación y control de especies exóticas y de reforestación del bosque nativo para la prevención futura

ARTÍCULO 6°.- Prohíbase el cultivo de pinos tanto para su uso comercial- maderero como ornamental o para generar derechos de forestación con supuestos fines de reducción del carbono.

ARTÍCULO 7°. – Créase el Bono de Emergencia Ígnea para el recupero de los fondos utilizados para atender la situación de emergencia exigible a grandes empresas que desarrollen su actividad en los territorios provinciales en términos porcentuales en relación a sus ganancias reales. Los excedentes y posteriores contribuciones serán destinados para la creación de un Fondo Especial de Emergencia Ígnea, cuyo destino no podrá ser modificado y será utilizado para posibles emergencias ígneas futuras, campañas de prevención, compra de equipamiento, etc. Los montos recaudados deberán ser publicados en el Portal Oficial de Gobierno para el conocimiento de toda la población.

ARTÍCULO 8°. - Las partidas presupuestarias establecidas en la presente Ley, deberán emerger de un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales.

ARTÍCULO 9°. – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Romina Del Plá

 Néstor Pitrola

Myriam Bregman

Nicolás del Caño

FUNDAMENTOS

 Según datos oficiales preliminares, al 8 de enero de 2026 los incendios forestales en la Patagonia ya arrasaron cerca de 7.000 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas, y se informan más de 3.000 habitantes evacuados. Al momento de la redacción de este proyecto, se informan focos de incendio activos en Los Alerces, entre Lago Verde y Lago Rivadavia; en Los Glaciares, en Cerro Huemul; en Puerto Patriada y El Hoyo. El fuego entre diciembre de 2025 y los primeros días de 2026 afectó zonas de cuatro provincias: Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.

Esta situación gravísima se viene repitiendo año tras año, sin que se tomen medidas que tiendan a mitigar y prevenir que ocurran estas catástrofes climáticas. Por el contrario, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional se limitan a dar “alertas” como parte de “emergencias” por el alto riesgo de los incendios, pero no se toman medidas de fondo para evitarlos. Recordemos que el 2025 tuvo el registro de los peores incendios forestales de Bosques Andino Patagónicos de las últimas tres décadas, perdiéndose 32.000 hectáreas.

Como viene sucediendo frente a este tipo de catástrofes, frente a un gobierno nacional que está muy lejos de atender las necesidades de la emergencia con equipamiento, maquinaria y personal, son los pobladores organizados junto a los brigadistas mal equipados y peores pagos los que vienen sosteniendo todo el esfuerzo de esta nueva catástrofe. El auxilio a las víctimas viene recayendo en la solidaridad popular donde intervienen organizaciones sindicales y sociales, que los gobernantes no se privan de estigmatizar.

Ante el desarrollo de estos incendios, el Servicio Nacional del Fuego cuenta con un solo avión, un parque automotor en pésimas condiciones y un profundo desguace del personal. Los trabajadores brigadistas no cuentan con estabilidad laboral, cobran entre 650.000 y 850.000 pesos por mes (cuando la canasta básica en esas provincias es superior al millón y medio de pesos), y denuncian que las herramientas son insuficientes y que incluso tienen calzado precario para esta tarea. Desde la llegada del gobierno de Milei, los trabajadores denuncian que el sector de brigadistas de Parques Nacionales perdió un 20% de su planta.

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales en sus discursos sobre el tema buscan responsabilizar a la población, estableciendo lo que incluso especialistas y brigadistas han denunciado como una “caza de brujas”. Las distintas declaraciones de emergencias ígneas que rigen en las provincias y localidades sólo establecen “prohibiciones” y disciplinamiento para la población, sin destinar recursos materiales para mitigar y combatir el fuego. Finalmente, se usan como parte de un ataque en curso contra las comunidades que luchan, por ejemplo, contra la apropiación de tierras por parte de los Benetton y Lewis, y para encubrir las responsabilidades políticas y proteger negocios. Señalar la intencionalidad de los incendios no debe criminalizar al pueblo, como intentan hacer, sino exponer al poder político y a los intereses empresariales, particularmente pero no exclusivamente inmobiliarios, que estuvieron y están en el origen de muchas de estas catástrofes.

El recorte al Servicio Nacional de Manejo del Fuego es una pieza clave de esta política. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el presupuesto de este servicio, dependiente a partir de esta administración del ministerio de seguridad, se recortó en un 70% en términos reales, según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Menos presupuesto, menos recursos, menos personal y brigadistas sometidos a condiciones laborales de extrema precarización explican por qué los focos se descontrolan año tras año. Jornadas extenuantes, contratos temporarios, salarios de miseria y falta de equipamiento conviven con incendios cada vez más intensos, en un contexto de crisis climática que el propio gobierno niega. El resultado es una respuesta estatal magra, tardía e insuficiente frente a emergencias que podrían evitarse o prevenirse.

Al desguace de los sistemas de prevención y combate del fuego se suma el desarrollo de una explotación maderera que combinó desmonte de nativos e implantación de especies exóticas que han aumentado el riesgo de incendios. A esto se suma la urbanización sin planificación de los gobiernos provinciales y el fomento del turismo como “industria” que le ha abierto la puerta a la especulación inmobiliaria.

A pesar de estar protegido por leyes provinciales y nacionales, se aprovechan los incendios para realizar cambios en los usos del suelo forestal que las leyes prohíben. A la pérdida de biodiversidad que implica la suplantación del bosque nativo por los monocultivos, se le suman la baja en la calidad del suelo por el alto consumo de agua y la acidificación que conlleva el cultivo de las especies de rápido crecimiento y una particular propensión del pino a multiplicar el fuego: la sequedad que generan en los suelos, la gran proporción de aceites en su composición orgánica y el efecto multiplicador que tienen las explosiones de las piñas -los frutos de los pinos- han sido algunos de los factores determinantes en la rapidez de la expansión de los incendios durante estos años. El trasfondo de esto son los negociados de empresarios forestales que buscan apropiarse de extensiones de tierras con la excusa de compra de “derechos de forestación”.

El nuevo modelo de colonización del “capitalismo verde” son los bonos de carbono, que supone la recirculación de millones de dólares hacia el mercado financiero global vía supuestas acciones de remediación climática, a través de la forestación con monocultivos de rápido crecimiento. Es lo que explica las plantaciones de pino Ponderosa en Patagonia, cuya madera de baja calidad no es aprovechable en términos económicos y deriva en plantaciones abandonadas. Los efectos de este monocultivo forestal en los equilibrios ecológicos de la región han sido devastadores. Según explica el colectivo de investigación Agua Yala en “Bienvenidos a Pinolandia. Agua, pinos y territorio”, es la alta tasa de supervivencia en su primer año de esta especie de pino en particular y su resistencia a la sequía (versus otras más aprovechables como el Oregón) lo que garantiza un modelo de negocios basado en la obtención de subsidios por plantación. “Esta motivación cortoplacista está incentivando las plantaciones masivas de esta especie, sin considerar las consecuencias ecológicas”, reseña la publicación.

Asimismo, el negacionismo anti ambiental del gobierno reproduce el discurso que hace fracasar una cumbre climática tras otra en nombre de los negocios y negociados capitalistas. Sucede que las altas temperaturas se combinan con fuertes vientos, aspectos naturales que se han modificado en virtud del cambio climático. Este combo explosivo empeora la amplitud y voracidad de los incendios forestales en los últimos años en la Patagonia y en otros lugares del mundo. La crisis climática y ecológica es a su vez producida en gran medida por la quema de combustibles fósiles y negocios extractivistas, que son beneficiados con exenciones impositivas, fiscales, aduaneras y cambiarias con el RIGI. Sólo los pueblos están haciendo frente contra sus estados a la catástrofe que se profundiza.

Resulta necesario denunciar que la situación gravísima que estamos viviendo se da en el marco de una tentativa de ofensiva aún más directa sobre los bosques nativos y los parques nacionales. El ajuste y la desinversión son la antesala de una reorganización del territorio en función de intereses privados. Allí se explica el intento, por parte del gobierno nacional, de reformar la Ley de Tierras y el régimen de Manejo del Fuego.

La reforma de la Ley de Tierras apunta centralmente a eliminar los límites a la compra de hectáreas por parte de extranjeros, incluso en zonas fronterizas, profundizando la pérdida de soberanía territorial. Aunque el gobierno habla de “alentar inversiones”, lo que está en juego es la expansión del acaparamiento capitalista de tierras que ya alcanza cifras escandalosas: más de 12,5 millones de hectáreas en manos extranjeras, con una fuerte concentración en la Patagonia. Capitales británicos, qataríes, emiratíes, chinos e italianos controlan enormes extensiones de bosques, ríos, lagos y zonas estratégicas, muchas veces violando la Ley de Bosques Nativos.

En paralelo, la modificación del régimen de Manejo del Fuego busca eliminar las restricciones que impedían cambiar el uso productivo de un campo durante décadas (30 o 60 años según el caso) luego de un incendio. Se trata de un verdadero premio para quienes incendian de manera intencional para “limpiar” tierras y reorientarlas hacia negocios inmobiliarios, turísticos, forestales o extractivos. No es casual que muchos incendios se inicien en momentos y lugares estratégicos, ni que se repitan año tras año en las mismas zonas.

Todo esto muestra que la orientación del gobierno nacional, y también de los gobiernos provinciales, es la de garantizar la rentabilidad de los grandes grupos económicos a costa del ambiente, de las comunidades y de los pueblos originarios, que siguen enfrentando ofensivas de desalojo de sus tierras. Queda claro, si analizamos todos estos factores, que los incendios no son una fatalidad inevitable, sino el resultado de una política de saqueo que debe ser combatida por la población contra los gobiernos y los capitalistas.

El Proyecto de Ley que presentamos plantea un cambio drástico en la política nacional del manejo del fuego, dándole todos los recursos necesarios para el combate inmediato de los incendios, atendiendo todas las necesidades de los pobladores afectados, de los brigadistas intervinientes, de la reconstrucción de las viviendas y reposición de bienes afectados y de la recuperación de las tierras afectadas con especies nativas.

Para ello establece un bono proporcional a las ganancias de las empresas y las grandes fortunas muchas radicadas en las provincias afectadas entre las cuales se encuentran las petroleras que vienen acumulando ganancias extraordinarias al tiempo que dejan un pasivo ambiental gigantesco.

También establece la prohibición de comercializar las tierras afectadas, ante la evidencia de que sectores inmobiliarios se han aprovechado de la pérdida de valor de los territorios arrasados por el fuego. Por todo lo expuesto ponemos a consideración de esta Cámara el presente Proyecto de Ley.