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Expediente 2325-D-2021
PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, proceda a dejar sin efecto la Resolución-2021-871-GCABA-SSPSGER y arbitre los medios necesarios para reincorporar y pasar a planta permanente de los hospitales donde prestaron servicio al conjunto de los enfermeros y trabajadores de la salud contratados durante la pandemia.
FUNDAMENTOS
La legislatura de la Ciudad que viene de votar un homenaje a los profesionales de la salud por su labor en la atención de la pandemia del Covid-19, debe abandonar los simbolismos vacíos y poner un freno a la política de ajuste del Ejecutivo porteño. La resolución 871 plantea liquidar la llamada “Planta Transitoria de Covid” que constó de nada menos que 2000 enfermeros quienes en las peores condiciones laborales, se jugaron su propia vida para enfrentar la pandemia mundial, antes y después de las vacunas siendo 37 las muertes de enfermeros por covid en la Ciudad. Con salarios de pobreza, sin licencias y con francos rotativos que impiden un merecido descanso, el ministerio de salud porteño y el propio gobierno de la ciudad fueron los principales impulsores del vaciamiento con las sucesivas renuncias masivas en el Santojanni y el Durand que ocurrieron en los últimos meses. Incluso previo a lanzar la resolución 871, se había despedido vía mail a más de 100 enfermeros del Durand.
Lejos de ser consecuencia de una mejora en la situación sanitaria, los despidos forman parte del plan de ajuste del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es el mismo que se expresó en el presupuesto porteño de 2021 y que se vio en los hospitales durante la primera y segunda ola de Covid, con terapias intensivas colapsadas, escasez de personal y falta de respiradores y camas UTI. Ahora que la pandemia por Covid atraviesa una etapa con menos casos, el gobierno de CABA avanza en desmantelar el precario sistema que puso en pie, dejando en la calle a cientos de trabajadores de los hospitales, vacunatorios y centros de testeos. Antes de la pandemia, el sistema de salud ya se encontraba plagado de contratos precarios y de monotributo, o como sucede con los concurrentes que ni siquiera cuentan con salarios o ART. Esta política beneficia a la medicina privada, que se vale del pluriempleo y sobreexplotación a la que se someten los trabajadores para alcanzar la canasta básica. Aunque la emergencia de covid haya servido como excusa para justificar una precarización mayor, esta realidad es anterior y es la que impulsó al movimiento de enfermería que lucha por el pase a la carrera profesional denegada por el gobierno porteño y la burocracia de SUTECBA dirigida por Alejandro Amor.
El gobierno nacional tampoco se hace eco de esta situación, que se repetirá en distintas provincias, teniendo en cuenta que de conjunto los presupuestos nacionales 2021 y ahora 2022 mantienen el ajuste en la salud pública derivando en los mismos resultados: vaciamiento del sistema de salud pública. Lo cierto es que la pandemia no terminó, hay sobrados ejemplos de países que tuvieron que dar marcha atrás en el aperturismo a partir de rebrotes, y sin alcanzar la inmunidad de rebaño el peligro de nuevas variantes adaptadas a las vacunas no termina. El programa para un verdadero control de la pandemia debe partir de la centralización del sistema de salud, una política que serviría una vez concluida la pandemia, para mejorar y abastecer al sistema de salud, como desde el inicio plantea el Frente de Izquierda, terminando con el negociado de la medicina privada a costa de la superexplotación de profesionales, reconociendo a los enfermeros como profesionales, llevando el salario de trabajadores de la salud por encima de la canasta básica familiar y poniendo los recursos del país al servicio de la atención sanitaria por sobre el pago de deudas fraudulentas y usurarias como al del FMI.
Para que esta Legislatura realmente pueda homenajear la enorme labor de los enfermeros, llamamos a dejar sin efecto la resolución que los despide.
