ANULACIÓN DEL DNU 366/2025. ANTIMIGRANTES

EXPTE N°2943-D-2025

ARTÍCULO 1°- Anúlese el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 (DNU-2025-366-APN-PTE – Disposiciones), publicado en el Boletín Oficial con fecha 28 de mayo de 2025, por medio del cual se establece por decreto una reforma reaccionaria y anticonstitucional de la ley 25.871 de migraciones, que impone restricciones al acceso a la ciudadanía, facilita deportaciones, introduce el cobro de prestaciones de salud en dependencias públicas y habilita el arancelamiento en las universidades nacionales, entre otras medidas que integran una política anti migratoria y expulsiva contra los trabajadores por parte del gobierno de Javier Milei.

ARTÍCULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Presentamos este proyecto de ley con el objetivo de anular en su totalidad el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 366/25, dictado de manera unilateral y sin intervención del Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei. Este decreto constituye un brutal ataque contra los derechos elementales de la población migrante que vive y trabaja en nuestro país, y por extensión, contra toda la clase trabajadora.

Lejos de atender una necesidad real o una emergencia concreta, el decreto representa una reforma regresiva, con claros tintes xenófobos, de clase y represivos. Modifica aspectos fundamentales de la Ley de Migraciones N.º 25.871, una norma conquistada gracias a décadas de lucha de las organizaciones de derechos humanos, migrantes y sociales, y que reconoce a la migración como un derecho humano.

El DNU 366/25 establece una batería de medidas que apuntan directamente contra la población trabajadora migrante, especialmente la proveniente de países hermanos de América Latina, con el claro propósito de expulsarla o marginarla del acceso a derechos esenciales como la educación, la salud y la ciudadanía. Veamos algunos de los aspectos más graves que fundamentan nuestra posición:

Ciudadanía para los ricos, exclusión para los trabajadores

El decreto modifica la posibilidad de acceder a la ciudadanía argentina, reemplazando el criterio de aportes al país por parte de los migrantes —como el trabajo, el estudio o los lazos comunitarios— por la necesidad de realizar una “inversión relevante”. En otras palabras, se niega la ciudadanía al trabajador y se le otorga al empresario. Se privatiza el derecho a pertenecer.

Residencias más precarias y plazos arbitrarios

Se reduce de 180 a 90 días la validez de la residencia precaria, lo que genera un escenario de inestabilidad y desprotección para miles de trabajadores migrantes que necesitan tiempo real y concreto para regularizar su situación, buscar empleo, vivienda, y construir un proyecto de vida digno.

Restricción de derechos y disolución del principio de reunificación familiar

Se elimina la extensión de derechos a los familiares de migrantes, una medida que atenta contra la unidad familiar y el principio de no discriminación. Este ataque a las familias obreras migrantes es una forma de presión para disuadir la radicación permanente en el país de sectores vulnerables.

Educación y salud públicas, bajo amenaza

El decreto habilita el arancelamiento de las universidades nacionales para la población migrante y el cobro de servicios de salud en hospitales públicos, salvo emergencias. Estas medidas son una afrenta directa al principio de gratuidad y universalidad de estos servicios, y una clara violación del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza derechos a todos los habitantes del suelo argentino, sin distinción de nacionalidad.

Deportaciones exprés

La facilitación de deportaciones exprés, que institucionaliza una presunción de culpabilidad contra el migrante pobre, y crea un clima de persecución y hostigamiento que aviva el odio xenófobo, en lugar de promover la integración y el respeto mutuo. Impulsa la expulsión de migrantes ante la condena en primera instancia de un delito, violando el principio de inocencia.

Mientras se endurecen las condiciones para que los trabajadores migrantes accedan a derechos básicos, se abren las puertas a los capitales extranjeros sin regulación alguna. El gobierno de Milei se muestra dispuesto a entregar soberanía a cambio de inversiones, mientras persigue y reprime a quienes vienen al país a contribuir con su trabajo.

Este decreto no sólo es ilegítimo por su forma —dictado sin consulta ni urgencia real— sino profundamente inconstitucional en su contenido. Viola principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y los pactos de derechos humanos ratificados por nuestro país.

Su implementación no traerá más que sufrimiento a miles de personas, conflictos en las instituciones educativas y sanitarias, y una peligrosa división entre trabajadores migrantes y nacionales, alentando el odio, el prejuicio y la persecución.

El objetivo final del decreto anti migratorio del gobierno de Milei es claro: atemorizar a millones de personas migrantes que trabajan y viven en nuestro país, para desincentivar cualquier intento de organización y lucha por sus derechos. Se trata de una política que busca disciplinar a la clase trabajadora en su conjunto, sembrando miedo, división y discriminación.

La migración no es un delito. Por el contrario, es una condición histórica, social y natural de la humanidad. Desde sus orígenes, el ser humano ha migrado en busca de mejores condiciones de vida, de sustento y de desarrollo. Impedir o criminalizar la migración equivale a ir en contra de la propia evolución y del derecho fundamental a buscar una vida digna.

En Argentina, los verdaderos “ilegales” no son los trabajadores migrantes que llegan con lo puesto a ganarse el pan, sino los grandes capitales extranjeros que obtienen beneficios impositivos escandalosos, radicaciones exprés y hasta cesión de tierras en zonas estratégicas del país, como ocurre con los grandes terratenientes en el sur. Estos casos constituyen no solo una burla a los migrantes pobres, sino una violación flagrante a los derechos de soberanía nacional.

Los trabajadores migrantes hacen lo que han hecho y siguen haciendo millones de compatriotas argentinos que migran a Estados Unidos, Europa u otros países en busca de un futuro mejor. No hay ninguna diferencia esencial entre el migrante boliviano que trabaja en una obra, la enfermera paraguaya que cuida en un hospital público, o el joven argentino que lava copas en España: todos son parte de una misma clase que enfrenta las mismas injusticias, y que debe tener los mismos derechos.

Este proyecto de ley busca anular el decreto 366/25 por ser una norma regresiva, inhumana y anticonstitucional, y porque representa una amenaza directa contra la unidad, los derechos y la dignidad del conjunto de la clase trabajadora.

Todos los sectores políticos que se reclaman democráticos y defensores de los derechos humanos deben rechazar este decreto ilegal, inconstitucional y profundamente regresivo. 

No se trata sólo de defender los derechos de las personas migrantes, sino de defender el carácter público, gratuito y universal de la salud y la educación, de rechazar la utilización del Estado para beneficiar a los grandes capitales a costa del pueblo trabajador, y de afirmar que en la Argentina no hay lugar para políticas de exclusión ni de odio.

Por estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto de ley.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca