ANULACIÓN DE LOS DECRETOS 345 y 346 DESMANTELAMIENTO DE ORGANISMOS DE LA CULTURA

EXPTE N°2814-D-2025

Artículo 1°— Anular el Decreto 345/2025 (DECTO-2025-345-APN-PTE) del Poder Ejecutivo Nacional con fecha de 21 de mayo de 2025 y publicado en B.O. el 22 de mayo de 2025, el cual dispone la transformación de los organismos: INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, el INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO, el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS EVA PERÓN, la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS, y la COMISIÓN PROTECTORA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES, y la fusión del INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO, y del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS JUAN MANUEL DE ROSAS.

Artículo 2°— Anular el Decreto 346/2025 (DECTO-2025-346-APN-PTE) del Poder Ejecutivo Nacional con fecha de 21 de mayo de 2025 y publicado en B.O. el 22 de mayo de 2025, el cual dispone disolver los organismos: INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO, INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO, INSTITUTO NACIONAL BELGRANIANO, INSTITUTO NACIONAL JUAN DOMINGO PERÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS, la COMISIÓN PERMANENTE NACIONAL DE HOMENAJE AL TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN, y la transformación de los organismos: MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE y del PALACIO LIBERTAD, CENTRO CULTURAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.

Artículo 3°— Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara este Proyecto de Ley con el objeto anular los decretos N°345 y N°346 publicados por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 21 de mayo y dándole vigencia mediante su publicación en el Boletín Oficial el 22 de mayo, en virtud de la importancia que revistan dichos decretos y siendo que son un grave ataque a todo el sector de la cultura de nuestro país.

El Poder Ejecutivo Nacional se dispuso a través del Decreto 345/2025 la fusión del INSTITUTO NACIONAL YRIGOYENEANO, creado por la Ley N°26.040, y del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS JUAN MANUEL DE ROSAS, creado por el Decreto N°26/97, y cuya vigencia fue restablecida por la Ley N°25.529, los cuales dependerán de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Asimismo, dispone la transformación de los organismos desconcentrados y descentralizados como el INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, del INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO, del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS EVA PERÓN, de la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS y de la COMISIÓN PROTECTORA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES.

Asu vez, en el Decreto 346/2025 dispone la disolución de los organismos desconcentrados de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación del INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO del INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO y del INSTITUTO NACIONAL BELGRANIANO. Asimismo, dispone la disolución de los organismos actuantes en la órbita del Ministerio de Capital Humano del INSTITUTO NACIONAL JUAN DOMINGO PERÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS y de la COMISIÓN PERMANENTE NACIONAL DE HOMENAJE AL TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN, y sigue en su artículo 11° disponiendo la transformación de los organismos como el MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, el PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE y el PALACIO LIBERTAD, CENTRO CULTURAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.

Estos nuevos decretos de Javier Milei, que reestructuran y centralizan organismos culturales, representan un nuevo ataque del gobierno a la cultura y a quienes la hacen posible todos los días. No se trata de una medida aislada: forma parte de un plan sistemático de desmantelamiento del sector cultural, que ya mostró su orientación con el vaciamiento del Fondo Nacional de las Artes, del Museo del Traje que pasó a funcionar en otro edificio, los despidos masivos en el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y en áreas de Cultura, y el ajuste a los espacios públicos de formación y producción artística.

Este ataque tiene su origen en la Ley N° 27.742, Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en la cual se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año. Por dicha ley el Poder Legislativo, delegó al Poder Ejecutivo Nacional facultades referidas a materias determinadas de administración y vinculadas a la situación de emergencia que fuera declarada. El oficialismo de ninguna manera podría haber obtenido la cantidad de votos para la sanción de esta nefasta ley si la “oposición” colaboracionista no se los hubiera dado. Este Congreso es cómplice de haber posibilitado la “Ley Bases”, cuyo único objetivo es liquidar derechos consagrados por las y los trabajadores. Anima tal intento una razón material: profundizar el ajuste fiscal que reclama el Fondo Monetario Internacional, y una razón simbólica: aportar a la cruzada que se ha denominado “batalla cultural” por parte de un gobierno fascistoide.

El gobierno de Milei, lejos de, “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común” como señala en sus disposiciones como base para su delegación, lo único que busca es profundizar la precarización que sufren las y los trabajadores de la cultura a lo largo y a lo ancho del país. Estamos frente a una orientación política que no nació con Milei, pero bajo su gobierno alcanza un nivel brutal, profundizando una línea privatizadora que todos los gobiernos sostuvieron en mayor o menor medida.

Estas medidas que fueron impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, no poseen fundamento técnico, presupuestario ni administrativo que justifique las modificaciones impuestas a dichos decretos, además de que falsean la información.

Como ser, el Decreto N°345 señala que : “es importante destacar que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), mediante el informe de evaluación del Sistema de Control Interno presentado en el mes de octubre del año 2023 … …concluyó que los Sistemas de Control Interno del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO son débiles, en la medida en que presentan falencias que afectan a sus principales operaciones”, ofreciendo como ejemplo que “los subsidios y/o aportes otorgados en el marco de las distintas líneas del llamado PLAN PODESTÁ, el que surgió como consecuencia de la Emergencia Sanitaria dispuesta por el Decreto N°260/20 sus modificatorios y complementarios durante el período 2020/2021, que los mismos se encontraban rendidos solo en un CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (46%), de los cuales el NOVENTA Y DOS POR CIENTO (92%) aún no fueron analizados por el área competente”. (Boletín Oficial, 21/05/2025).

Pero lo que no dice es que estábamos en medio de una pandemia mundial que en nuestro país significó la muerte de más de 130.000 personas. Las y los trabajadores, y en particular los de la cultura, sufrieron situaciones límites de sobrevivencia que fueron enfrentadas mediante la organización en múltiples asambleas virtuales y de a poco con actividades presenciales que reclamaron a los gobiernos municipales, provinciales y nacional diferentes medidas de asistencia, desde subsidios no retornables hasta bolsones de comida porque el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) primero y el DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio) después, impedía la posibilidad de trabajar, de hacer funciones, ergo, de acceder al dinero para comer, pagar el alquiler, los remedios. Lo que refleja la enorme precariedad laboral que padece el sector.

La arbitrariedad oficial en su intención de emprenderla en este caso contra el INT y los artistas de teatro la evidencia el recorte del informe de rendiciones citado, ya que la propia SIGEN en el último informe de mayo del presente año señala que “el porcentaje de las rendiciones completadas durante todo el registro de 2022, que incluye al Plan Podestá, llega al 92%.  En ese mismo informe se detallan los montos de los subsidios que no se tramitaron por motivos ajenos al organismo: los beneficiarios que renunciaron, solicitaron prórroga o devolución y los que aún se encuentran en plazo de rendir como los inhabilitados” (La Nación, 24/05/2025). Queda expuesta así, por boca del propio Órgano de Contralor estatal la mentira respecto de los porcentajes esgrimidos a modo de argumento en el decreto de marras, un método clásico de la administración de La Libertad Avanza.

Para citar otro ejemplo, como ser el de la CONABIP, este decreto representa un retroceso grave en términos de federalismo, autonomía y desarrollo cultural. El texto oficial disuelve la actual estructura de la CONABIP, reemplazándola por una unidad meramente dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación y vaciada. Los profesionales y trabajadores de las Bibliotecas Populares señalan que entre los impactos más preocupantes se encuentran: la pérdida del carácter federal, es decir, se eliminan las vocalías provinciales, concentrando el poder de decisión en la Secretaría de Cultura; la pérdida de autonomía: esto significa que, las decisiones estratégicas y presupuestarias dejan de estar en manos de la CONABIP y pasan a depender completamente de las autoridades de turno; y la vulneración de la Ley 23.351, porque se desconoce el marco legal que garantiza el financiamiento de las bibliotecas populares, un fondo ratificado en 2022 por amplio consenso legislativo.

Los decretos en cuestión fueron celebrados en redes sociales por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, “en el marco del reordenamiento administrativo”, según se expresa en el Boletín Oficial- establece que la CONABIP deja de ser un organismo federal descentralizado (es decir, con relativa autonomía del Poder Ejecutivo) para pasar a depender totalmente de la Secretaría de Cultura (convertida en secretaría de Estado, también por decreto, en 2024).

Es válido recordar que documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establecen que los Derechos Culturales son fundamentales, están interconectados con otros derechos humanos y deben ser protegidos por los Estados.

El artículo 15° del PIDESC reconoce que todas las personas tienen el derecho de participar en la cultura, disfrutar de los avances científicos y proteger sus creaciones intelectuales y materiales.

Además, los incisos 17° y 19° del mismo artículo de la Constitución Nacional le ordenan al Congreso crear leyes que protejan la diversidad cultural, la libre circulación de obras, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. También deben garantizar el uso responsable de los recursos naturales y la preservación del patrimonio cultural y natural.

Estamos frente a un gobierno, que desde que asumió viola constantemente los derechos del pueblo, que desprecia la cultura, el arte y a quienes lo producen como parte de su cruzada anti obrera y reaccionaria.

Es importante que este cuerpo tenga presente que el 4 de junio se cumple el plazo de diez días hábiles para que el Congreso acepte o no los decretos, pero es fundamental que las y los trabajadores de la cultura se organicen para derrotarlo.

No se trata de una reivindicación de un sector en particular, sino que está en disputa también el derecho al acceso a la cultura para la juventud, los trabajadores y el pueblo. La producción y circulación cultural está en riesgo y condicionada en favor de una política de mecenazgo por parte de sectores del capital, que se viene insinuando desde hace algunos años, tanto como de entrega a las corporaciones propietarias de las plataformas digitales (OTT).

Ante el retiro del Estado en la financiación de la cultura y la decisión explícita del gobierno nacional, con el aval de los partidos del régimen y la burocracia sindical, de desmantelar la legislación laboral vigente, la apropiación cultural quedará restringida a unos pocos, al igual que la renta. Mientras tanto, el trabajo se volverá un bien escaso y las condiciones laborales y salariales serán cada vez más duras para quienes logren acceder a él.

Por los motivos expuesto, y los que expondremos oportunamente, llamamos a las Sras. Diputadas y a los Sres. Diputados a acompañar el presente Proyecto de ley.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca