ANULACION DE LA RESOLUCION 347/2025 DEL MINISTERIO DE DEFENSA QUE IMPLICA EL DESPLIEGUE DE MEDIOS Y PERSONAL DE LAS FFAA EN LA «ZONA DE SEGURIDAD DE FRONTERAS NORTE Y NORESTE», DESDE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.

EXPTE N°2059-D-2025

ARTÍCULO 1°- Anulase la Resolución 347/2025 (RESOL-2025-347-APN-MD) del Ministerio de Defensa, firmada por el ministro Luis Petri, por medio de la cual se establece el inicio de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, u “Operación Roca”, que implica el despliegue de medios y personal de las Fuerzas Armadas en la “Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste”, desde el 15 de abril al 15 de diciembre del 2025.

ARTÍCULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente

Traemos a consideración este proyecto de ley para solicitar a los miembros de este cuerpo el tratamiento de la anulación de la Resolución Ministerial 347/2025, firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri. Dicha resolución constituye un grave reforzamiento represivo, que ilegalmente faculta a las Fuerzas Armadas para intervenir en la represión interna y limitar aún más las libertades democráticas.

El gobierno de Milei, mediante la denominada “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, autorizó a miembros de las Fuerzas Armadas a detener personas en caso de delitos flagrantes. Aunque la medida se presenta bajo el argumento de combatir el narcotráfico y las redes de trata, los pilares que sostienen dichos negocios permanecen intactos. En realidad, este operativo busca reforzar los rasgos despóticos y represivos del Estado, en un contexto de intensificación de la crisis económica y creciente descontento social.

La medida se aplicará principalmente en las fronteras, donde las Fuerzas Armadas están desplegadas como parte del “Operativo Roca”, impulsado por el oficialismo y que también cuenta con la participación de la Gendarmería. El gobierno planea movilizar hasta 10.000 militares en las provincias de Salta y Jujuy. Este operativo se suma al Plan Güemes, promovido por el gobernador salteño Gustavo Sáenz junto a la ministra Patricia Bullrich, que se implementa desde 2024, habilitando la intervención de fuerzas represivas federales en el norte de nuestro país, y ya tiene como saldo el asesinato de un trabajador bagayero a manos de la Gendarmería, Fernando Gómez, por cuyo crimen hay cinco gendarmes imputados.

El gobierno justifica esta política como parte de la lucha contra el narcotráfico, mientras que ha implementado un blanqueo que permitió a grandes delincuentes legalizar su dinero ilícito; en contra de la trata de personas, mientras que la ministra Bullrich participa en el encubrimiento de los responsables de la desaparición del niño Loan; y contra el contrabando, mientras mantiene en marcha los negocios capitalistas relacionados con el contrabando de drogas y granos en los puertos y la Hidrovía.

Además, esta política se alinea con el enfoque de “fortalecimiento fronterizo” y medidas antimigrantes promovidas por su aliado Donald Trump. En este marco, Milei busca crear un enemigo interno para dividir a los trabajadores, culpando a los extranjeros por los negocios ilegales en la frontera. Experiencias de países como México y Colombia, donde esta política promovida por el Pentágono ha generado narcomilitares y un aumento de la violencia, evidencian los riesgos de la militarización de la seguridad pública.

El oficialismo busca reforzar el poder represivo del Estado para intimidar a los trabajadores en un contexto de aumento de las luchas obreras y garantizar la imposición de su plan de ajuste en beneficio de los capitalistas y el FMI.

Simultáneamente, esta medida coincide con la llegada al país del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, quien tiene programadas reuniones con el ministro de Defensa, Luis Petri, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Xavier Isaac. No parece casual, dado que el gobierno estadounidense tiene interés en establecer una base militar en Ushuaia.

La Resolución 347/2025 no solo es absolutamente cuestionable respecto de falta de legalidad y efectividad, sino que tiene graves implicaciones para los derechos civiles. La medida, basada en "reglas de empeñamiento" reservadas, levanta sospechas sobre su compatibilidad con las leyes vigentes y el Código Procesal Penal. Expertos legales advierten que esta autorización podría ser inconstitucional, ya que la detención de civiles corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad.

Además, la resolución carece de definiciones claras sobre las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en estas detenciones, lo que podría generar confusión y abusos de poder. La ambigüedad en la cadena de mando también plantea preocupaciones sobre quién supervisará las acciones militares y cómo se garantizará el respeto a los derechos humanos de los detenidos.

La Resolución 347/2025 vulnera derechos fundamentales. Permitir que las Fuerzas Armadas detengan civiles representa una restricción indebida de la libertad personal, especialmente si no se respetan las garantías procesales. Si estas detenciones se realizan sin normas legales estrictas y supervisión judicial, podrían violarse el derecho a un juicio justo y las leyes que protegen a los ciudadanos. Además, estas operaciones militares en áreas civiles podrían implicar registros o vigilancia que atenten contra la privacidad.

Rechazamos la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de “seguridad interior”, cuyo objetivo de fondo es la militarización social y un reforzamiento represivo contra el pueblo trabajador. Estamos ante una medida claramente inconstitucional y contraria a numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina.

Por todo lo expuesto solicitamos a las Sras. Diputadas y a los Sres. Diputados acompañar el presente Proyecto de Ley.

Vanina Biasi

Vilma Ripoll

Nicolás Del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca