ANULACIÓN DE LA D.A. 7/2025

ARTÍCULO 1°- Anúlese la Decisión Administrativa 7/2025 (DA-2025-7-APN-JGM), por medio de la cual se incentiva a los funcionarios jerárquicos de la Administración Pública Nacional (APN) a que produzcan despidos en sus áreas mediante la asignación de Unidades Retributivas proporcionales a dichos despidos, lo cual constituye un ataque sin precedentes contra los trabajadores estatales.

ARTIULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El pasado 20 de marzo, con las firmas del jefe de gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, el gobierno publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa DA-2025-7-APN-JGM, mediante la cual el Estado Nacional estableció un incentivo salarial para el personal jerárquico de la Administración Pública en función de la cantidad de despidos que produzcan entre los empleados públicos de sus dependencias.

Efectivamente, en su artículo 5° establece que “Podrán asignarse unidades retributivas (UR) adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores” en “función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción, previa intervención de la Secretaria de Transformación del Estado y función pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía”.

Se trata de que los funcionarios se beneficien personalmente de un ataque a las condiciones de vida de sus trabajadores subordinados.

Considerando la discrecionalidad que caracteriza las decisiones del oficialismo, esto es una invitación a cazar en un zoológico, despidiendo sobre todo a los trabajadores más precarizados, a quienes se les vencen sus contratos luego de muchos años de prestar servicios sin que ningún gobierno hubiera modificado lo que a todas luces constituye un fraude laboral, consentido por las conducciones sindicales burocráticas.

Se estima que 50.000 contratos vencieron el 31 de marzo. Es decir que con sólo no renovar dichos contratos los funcionarios se repartirán $74.285 por cada trabajador despedido. Una invitación a despedir en masa. Según estimaciones publicadas en el medio La Nación (27/3), a modo de ejemplo, el despido de 700 trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Trabajo equivaldría a 64.000 UR adicionales: “casi $52 millones para repartir entre las autoridades superiores”.

Que la propia cartera laboral tenga contratados trabajadores en forma precaria durante décadas explica la falta de controles sobre el sector privado que aporta casi la totalidad del empleo no registrado de la mitad de la fuerza de trabajo activa.

En un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y enero de 2025, el Gobierno despidió a 43.778 empleados de la Administración Pública Nacional, lo que representa un recorte del 12,8%.

El CEPA indicó que entre los sectores donde se registraron despidos se encuentran las empresas públicas y sociedades estatales, seguidos por la Administración descentralizada, y la Administración centralizada y desconcertada.

Como porcentaje del total de empleados en Desarrollo de Capital Humano Ferroviario se despidió al 99,7%, en Télam el 79%, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 60%, Educar 52,7 %, Hospital Bonaparte 51%, INCAA 47%.

En cuanto a empresas o sociedades con mayor recorte de personal, la lista está encabezada por el Correo Argentino (-4.705), seguido por la ex AFIP, Agencia de Recaudación y Control Aduanero (-1.694), Aerolíneas Argentinas (-1.558), AySA (-1.463), CONICET (-1.422), Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (-1.333), ANSeS (-1.272), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (-1.075), Banco Nación (-765) y ENACOM (-719).

El CEPA concluye: “Sobresale asimismo el recorte de personal sobre un organismo clave en materia social como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que vio reducida su dotación en 60%. Y el feroz recorte del 52% del personal del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, cuya comunidad se encuentra movilizada enfrentando el cierre dispuesto por el Gobierno nacional”.

De funcionarle este incentivo, el gobierno libertario alcanzaría durante su gestión y hasta hoy una cifra de despidos cercana a los 100.000 trabajadores ya que actualmente se acerca a los 50.000 entre organismos y empresas del estado ya que los despidos han continuado en los últimos meses. Un desguace que también afecta a la población usuaria de servicios de salud, educación, de transporte ferroviario y también de protección a las infancias, a las personas discapacitadas, a los jubilados que ya no tienen oficinas de ANSES en sus localidades, a las mujeres en situación de violencia de genero entre otros servicios.

Llamamos a las y los diputados nacionales a acompañar el presente proyecto de ley para anular esta resolución que constituye una afrenta a los derechos laborales y humanos de los trabajadores estatales. 

Vanina Biasi

Mónica Schlotthauer

Nicolás del Caño

Christian Castillo

Alejandro Vilca