Partido Obrero está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
Expediente 2745-D-2021
Proyecto de Declaración:
A 20 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del año 20001, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exige justicia por las 38 víctimas de la masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad actuantes, y exige juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales, y el cese inmediato de la persecución y criminalización de la protesta social de ayer y de hoy.
Fundamentos:
En las Jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, la respuesta ante la rebelión popular fue una feroz represión, el último manotazo del gobierno de la Alianza –y de los gobernadores peronistas– para permanecer en el poder. El gobierno de la Alianza debutó matando a dos compañeros en el puente de Corrientes-Resistencia y se fue como llegó, con una masacre de 38 personas.
Veinte años después del Argentinazo, el signo sigue siendo el de la impunidad. De las 38 muertes, sólo ocho fueron llevadas a juicio y obtuvieron alguna condena.
Por las siete muertes producidas en Capital Federal fueron juzgados, a principios del 2016, solamente cuatro homicidios –y las penas dictadas resultaron irrisorias.
Mientras el pueblo trabajador era subsumido por un ajustazo, sacudido por la inflación, la corrida cambiaria, la corrida bancaria y el "corralito", el gobierno de De la Rúa y los provinciales seguían pactando con los organismos internacionales de crédito la sangría popular.
El principal responsable de la masacre, el ex presidente Fernando de la Rúa, ni siquiera pasó por el banquillo de los acusados.
Los dos funcionarios de mayor jerarquía que llegaron a juicio, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibieron penas de cuatro años y nueve meses de cárcel más nueve años de inhabilitación y de cuatro años de prisión, respectivamente, por hallarlos culpables de los “homicidios culposos” de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón, tres de los cuatro homicidios que llegaron a la instancia de juicio oral. Otros policías, de distinta jerarquía, recibieron penas similares. De los 17 acusados, seis fueron absueltos y dos sobreseídos.
En la provincia de Santa Fe, donde se produjeron diez asesinatos, sólo fue llevado a juicio el de Carlos “Pocho “ Lepratti. El autor fue condenando a 14 años y otros siete oficiales recibieron dos años y 8 meses de castigo por alteración de pruebas en la investigación. Fueron las únicas condenas.
La situación no fue diferente en la provincia de Buenos Aires. De las nueve víctimas, sólo los casos de Ariel Maximiliano Salas y Damián Vicente Ramírez –de apenas 14 años–, asesinados en La Matanza, llegaron a juicio. Fueron condenados dos civiles: el comerciante Luis Mazzi, a 14 años, y su custodio, a 4 años y 6 meses, por homicidio en riña. Los siete homicidios restantes, cuyos autores materiales fueron identificados como miembros de la policía bonaerense, siguen impunes.
Con excepción del homicidio de Ramón Alberto Arapi, en Corrientes, donde se condenó a 20 años de prisión al autor material y por encubrimiento y adulteración de pruebas a otros seis oficiales de la policía correntina, el resto de los asesinados el 19 y 20 de diciembre siguen impunes.
Para este régimen, por norma, la represión es una “decisión política no judiciable”. Sobre todo, cuando se trata de una rebelión popular. En tanto la condena a los militantes César Arakaki y Daniel Ruiz sigue la línea represiva y criminalizadora de la protesta social. Ambos militantes condenados por su participación en las jornadas contra la reforma previsional de Macri, demuestran que la política persecutorio y las condenas disciplinantes son, invariablemente gobierne quien gobierne, contra el pueblo, sus interese y contra quien los defiende.