PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina
RESUELVE
Declarar su más enérgico repudio frente a los femicidios perpetrados en los últimos días —Agostina Vega en Córdoba, Dulce María Candia en Misiones y Noelia Rivero en Buenos Aires—, los cuales se suman a los al menos 96 casos contabilizados a lo largo de 2026, según informa a la fecha el Observatorio Lucía Pérez. Estos crímenes expresan la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y diversidades en un contexto de crecimiento de la violencia, el hambre y el desamparo en nuestro país.
Exigir justicia por Agostina Vega y acompañar el reclamo de la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba que exige la inmediata destitución del fiscal Raúl Garzón, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y la exigencia de inmediata expulsión de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante de Córdoba.
Repudiar el negacionismo de la violencia de género que predica el gobierno nacional de Javier Milei que no sólo allana el camino para el crecimiento de todas las formas de discriminación y agravios contra las mujeres y diversidades, sino que se expresa asimismo en ataques y vaciamiento de nuestros derechos en materia de salud, educación, asistencia y protección. Denunciar asimismo que esa motosierra la aplican por igual los gobernadores en todas las provincias, sin distinción de pertenencia política, y que, junto a otros poderes del Estado, como la justicia y las policías, suelen ser una pieza fundamental de los operativos de impunidad y protección de los violentos y abusadores, como en este momento se pone de manifiesto a raíz del brutal femicidio de Agostina Vega en Córdoba.
Alertar que el desmantelamiento de los organismos de prevención y asistencia, sumado al vaciamiento de los programas de acompañamiento a las víctimas, deja a miles de mujeres y diversidades en el desamparo total, convalidando y profundizando la violencia.
Exigir el tratamiento urgente e inmediato en las comisiones de esta Cámara de todos los proyectos de ley orientados a combatir de manera integral la violencia de género y a defender y promover los derechos de las mujeres y diversidades trabajadoras.
Manifestar su total apoyo y adhesión a la movilización popular que se llevará a cabo el próximo 3 de junio, a once años del primer "Ni Una Menos", que toma gran relevancia frente al recrudecimiento de los femicidios, transfemicidios y la violencia por motivos de género en todo el territorio nacional.
Romina Del Plá
Néstor Pitrola
Myriam Bregman
Nicolás Del Caño
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
Traemos este proyecto de declaración a consideración de este cuerpo por la enorme alarma que produce la escalada de violencia contra las mujeres y diversidades en nuestro país y que se cobró la vida de tres mujeres en los últimos días: Agostina Vega en Córdoba, Dulce María Candia en Misiones y Noelia Rivero en Buenos Aires. Estos aberrantes hechos —que se suman a una estadística que suma 96 casos en lo que va de 2026— vuelven a poner de manifiesto una trágica realidad: al menos una mujer es asesinada cada 31 horas en la Argentina.
Esta situación no es el resultado de tragedias inevitables, sino que expresa la responsabilidad directa del Estado. Estamos asistiendo a una nueva situación en escena, donde las leyes vigentes para las alertas tempranas y de protección no se cumplen. Actualmente cada funcionario decide de manera arbitraria qué ley acata y qué no, si convoca o no a la "Alerta Sofía", o si activa los protocolos correspondientes ante la desaparición o el riesgo de una mujer. La ignorancia sistemática de leyes vigentes que apuntan a la protección de las víctimas por parte del poder político convierte al Estado en cómplice necesario de cada femicidio.
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, junto a los gobernadores ha destruido los ya precarios programas destinados a atender la violencia de género. El desfinanciamiento y vaciamiento sistemático de las herramientas de asistencia es total. Han dejado sin presupuesto los refugios para las víctimas que necesitan huir de sus agresores, han desmantelado de forma brutal la Línea 144 echando a sus trabajadoras, y han liquidado el acceso elemental a la salud, a la educación sexual y a los programas de acompañamiento económico. En un cuadro de crisis social y económica profunda, las mujeres y diversidades son las más afectadas.
A esta problemática material, se suma una deliberada ofensiva ideológica y política desde las más altas esferas del poder ejecutivo. El gobierno de Milei promueve el negacionismo respecto de la violencia hacia las mujeres y diversidades, negando la brecha salarial y la opresión y cuestionando figuras jurídicas conquistadas por años de movilización del movimiento de mujeres y diversidades, como la de femicidio, lo que conlleva que miles de mujeres y disidencias se encuentran hoy en ante el desamparo convalidado y profundizado por la gestión libertaria, que con su política de ajuste y sus discursos de odio, convertidos en política de Estado, las condena a estar cada vez más expuestas a ser víctimas de los flagelos más aberrantes. Insistimos: esta postura oficial tiene consecuencias directas: funciona como un amparo, impunidad y luz verde para los violentos, habilitando crímenes de odio y femicidios. Para sostener este relato negacionista, los funcionarios gubernamentales recurren a una manipulación de las estadísticas pretendiendo hacer pasar los femicidios como un "homicidio común más" y negando la matriz de dominación, subordinación y disciplinamiento que sufren las mujeres y diversidades.
Es en este marco que se produce el intento de disuadir a las mujeres y diversidades a la hora de denunciar. Detrás de proyectos legislativos reaccionarios que pretenden agravar penas sobre supuestas "falsas denuncias", las cuales representan un número ínfimo en la realidad judicial, se esconde el objetivo de amordazar a las víctimas, disciplinarlas y consagrar la impunidad de los violentos y abusadores.
Además, acompañamos las medidas impulsadas por la asamblea Ni Una Menos de Córdoba y las presentaciones realizadas en tal sentido por la concejala del Frente de Izquierda Cintia Frencia reclamando el Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal que interviene en la causa del femicidio de Agostina Vega, la solicitud de destitución del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el pedido de expulsión del concejal oficialista Ricardo Moreno, quien fue apartado antes que el proyecto se trate. Entendemos la desaparición y posterior femicidio de Agostina como un crimen del poder político en el cual se violaron los procedimientos legales que se deben desarrollar frente a la desaparición de mujeres y niñas. No se aplicaron los protocolos de búsqueda inmediata ni el Alerta Sofía, y se desarrolló un operativo de encubrimiento a un puntero del PJ como Barrelier, a quien además se le proporcionó la defensa legal del concejal oficialista Ricardo Moreno.
Como si fuera poco, el propio fiscal Raúl Garzón confirmó en una escandalosa conferencia de prensa que fueron hallados restos humanos, que, “en un 98 por ciento” correspondían a la adolescente. Sin ninguna explicación seria de lo que pasó con Agostina, en un intento por encubrir a la Policía de Córdoba y a sí mismo como “investigador”, propuso premiar a los perros de dicha fuerza, hecho que fue denunciado allí mismo, expresando la bronca de millones que asistían en vivo a dicha conferencia, por la periodista, docente y concejal del Frente de Izquierda (MC), Laura Vilches.
A 11 años del primer 3J por Ni Una Menos es indispensable la movilización popular ganando las calles por el pedido de justicia por todas las víctimas de femicidio y por los derechos de las mujeres y diversidades. En ese sentido, manifestamos el total apoyo y adhesión a la movilización convocada para este miércoles frente al Congreso Nacional y en cientos de localidades de todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a las diputadas y diputados el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Romina Del Plá
Néstor Pitrola
Myriam Bregman
Nicolás Del Caño