Las elecciones presidenciales de 2023 encuentran a la Argentina nuevamente sumergida en una catastrófica crisis económica, social y política.
El gobierno del Frente de Todos, electo por la mayoría popular en 2019 para sacar al país de la situación calamitosa en la que lo dejó el gobierno macrista, ha fracasado estrepitosamente. Quienes venían a “desendeudar al país” y a “defender la soberanía nacional”, incrementaron la deuda pública y el sometimiento colonial de la Argentina a los dictados del Fondo Monetario Internacional y el imperialismo yanqui. Quienes venían a “llenar la heladera de los argentinos” duplicaron la inflación y, sobrecumpliendo las metas de ajuste dictadas por el FMI, incrementaron la indigencia y empujaron a millones de trabajadores informales y formales a la pobreza. Quienes venían a “defender a los jubilados contra los bancos” hundieron al 75% de los jubilados en la indigencia, y echaron mano a los títulos en dólares de la caja jubilatoria para rematarlos por migajas en beneficio de los especuladores financieros. Quienes venían a “terminar con la represión” y “defender los derechos humanos” desalojaron a miles de familias sin techo en Guernica para defender la instalación de un country.
El gobierno “nacional y popular” concluye su mandato de la misma manera que lo hizo el de Macri: con una corrida cambiaria, una disparada inflacionaria y suplicándole un nuevo rescate al FMI. La coalición oficial, golpeada por su fracaso, se encuentra en un estado profundo de disgregación. El presidente, carente de toda autoridad, se ha transformado en una figura decorativa. Y el mando efectivo del gobierno ha pasado, con el respaldo de la vicepresidenta, a manos del “superministro” Sergio Massa, el ala más derechista y proimperialista de la coalición.
El fracaso inapelable del gobierno “nacional y popular”, sumado a la zaga de fracasos de los gobiernos capitalistas de la Argentina en las últimas décadas, es lo que explica el crecimiento de una derecha profundamente reaccionaria y fachistoide. Las distintas variantes de esta derecha, sean los miembros de Juntos por el Cambio o los mal llamados “libertarios” de Javier Milei, acuerdan en emprender un plan de guerra contra la clase obrera en beneficio del capital. Aspiran, sin embargo, a que el actual gobierno realice la mayor parte posible del “trabajo sucio”, presionando para que habilite una megadevaluación del peso antes de su retirada y vaya aún más a fondo en el ajuste contra el pueblo.
Como se ve, la crisis está muy lejos de haber tocado fondo. Argentina marcha a un colapso capitalista de mayor envergadura, que devolverá a la escena todos los fantasmas de las crisis de 2001, del 89’ y del 75’. No solo los que remiten a la hondura de la bancarrota y la desorganización económica, sino también aquellos que rememoran las grandes irrupciones combativas de los trabajadores y el pueblo argentino.
Un colapso económico en ciernes
La pretensión de la coalición oficial de ampararse en el estallido de la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía para justificar el fracaso del gobierno carece de sustento. Oculta que en los últimos años los grandes grupos capitalistas de la industria automotriz, de la industria alimenticia, los agroexportadores, las empresas fintech, los bancos y los especuladores financieros han hecho ganancias extraordinarias. Es decir, ha sido la orientación capitalista del Frente de Todos lo que explica el fracaso oficial y el hundimiento social.
Como sólo la izquierda predijo, denunció y enfrentó, los acuerdos del gobierno con los “fondos buitre” y el FMI no han garantizado estabilidad económica ni han devuelto a la Argentina al mercado de créditos internacional. Por el contrario, el país es víctima de un vaciamiento financiero descarado. Los 45 mil millones de dólares de superávit comercial que obtuvo Argentina bajo la gestión del Frente de Todos no han redundado en un aumento de las reservas del Banco Central. Las reservas internacionales del país se han despilfarrado integralmente -financiando una fuga masiva de capitales y pagando intereses usurarios de deuda externa- sin lograr evitar una desvalorización de la moneda nacional. El salto en la crisis capitalista mundial, que dio lugar al aumento de las tasa de interés de la Reserva Federal norteamericana, recrudeció la fuga de capitales de la Argentina. Se evidencia, de esta manera, que la crisis argentina es el resultado del saqueo capitalista del país.
De la mano de la devaluación del peso y los tarifazos se espiraliza el proceso inflacionario, que se acerca a los dos dígitos mensuales y amenaza con transformarse en una hiper. La tentativa del gobierno de poner un freno a la devaluación, buscando un desembolso adelantado del FMI y elevando la tasa de interés a niveles exorbitantes, conduce a una mayor entrega de los recursos estratégicos del país, en un caso, y a un incremento inconmensurable de la deuda en pesos del Banco Central, en otro. Las altas tasas de interés, junto a las restricciones a numerosas importaciones que impone el BCRA para evitar una mayor sangría de divisas, están infartando la economía nacional. Así, al fantasma de la hiper, se le suma el desembarco de un proceso recesivo.
En oposición a que sean los trabajadores quienes paguen los costos de un nuevo colapso económico del país, desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda planteamos la recomposición general -e indexación por inflación- de salarios y jubilaciones, el reparto general de las horas de trabajo disponibles, la prohibición de despidos y suspensiones y que la crisis la paguen las patronales. En oposición al saqueo capitalista planteamos la ruptura con el FMI, el no al pago de la deuda externa y la nacionalización, sin indemnización, del sistema bancario, el comercio exterior y los recursos estratégicos del país, bajo control obrero.
Descomposición política y estatal
La crisis política argentina se desarrolla al compás del derrumbe económico y social del país. El hundimiento nacional, y el fracaso de las fuerzas que gobernaron la Argentina para ponerle fin a ese derrotero, es lo que explica el proceso de disgregación de todos los partidos y coaliciones políticas tradicionales. El renunciamiento de los tres últimos presidentes de la Argentina a una nueva candidatura presidencial en las próximas elecciones es una expresión muy clara de ese proceso.
Junto a la disgregación se profundiza la descomposición de los partidos tradicionales. Todos ellos, entrelazados con distintos sectores del empresariado nacional e internacional, se encuentran involucrados en numerosos casos de corruptela y en el direccionamiento de la obra pública, como lo revelan, entre otros, el juicio por la “causa Vialidad” contra Cristina Fernández o las coimas de Mauricio Macri por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Esta descomposición política y estatal le ha dado un protagonismo inusitado al Poder Judicial, que emerge, en reiteradas ocasiones, como un árbitro de la crisis política. Pero la Justicia misma, en tanto poder del Estado, está atravesada por el choque de los mismos intereses, lo que atenta contra la posibilidad de jugar un papel de arbitraje efectivo. A nivel internacional el imperialismo se ha valido del copamiento del Poder Judicial para hacer valer sus propios intereses y asegurar los negocios para sus monopolios. Esa pelea se ha agudizado con la disputa con China, que presiona para captar parte de los negocios que hasta el momento estaban en manos de los yanquis y europeos. La guerra judicial involucra a los servicios de inteligencia oficiales y clandestinos, nacionales y extranjeros. La descomposición abarca al conjunto de los estamentos del Estado capitalista. El viaje a Lago Escondido de los funcionarios del macrismo, empresarios de grandes medios de comunicación, jueces y fiscales, puso en evidencia la imbricación obscena del Poder Judicial con la oposición de derecha y sectores del establishment. Del mismo modo, quedó de manifiesto, en las recientes elecciones provinciales, la relación estrecha entre los poderes judiciales locales y los gobernadores peronistas, que pretendían reelegirse violando sus propias normas constituciones.
La perla que pinta de cuerpo entero la descomposición de los partidos del sistema es su imbricación con el crimen organizado en general y con el narco en particular. El avance del narcotráfico en la Argentina, uno de los grandes negocios capitalistas del mundo, progresa bajo el amparo del Estado. Así, las “fuerzas de seguridad” se han transformado en las socias mayoritarias del crimen organizado y en el principal factor de inseguridad ciudadana. El Estado y los políticos capitalistas protegen a los bancos y casinos, donde se lava el dinero sucio proveniente del crimen organizado, y mantienen privatizado el puerto de Rosario, por donde sale la droga del país. El crimen organizado se asocia a la degradación generalizada de las condiciones de vida de las masas. La juventud, privada del acceso a la educación, privada de un trabajo estable y bien pago e incluso también de un programa social -como resultado del ajuste del gobierno y el FMI- queda a merced de las bandas delictivas. La juventud, privada de todo, se transforma en una presa fácilmente reclutable. Mientras más crece la pobreza y la pauperización social, más se amplía el horizonte del crimen organizado y se recrudece la descomposición social. El Estado y los políticos capitalistas, que están “ausentes” cuando se trata de garantizar trabajo, salud y educación para la juventud, están muy “presentes” a la hora de amparar o encubrir a los narcos e incluso también reclutar jóvenes para la criminalidad.
A la descomposición de los partidos y el Estado capitalista le oponemos la construcción de un partido obrero y socialista de masas y la lucha por un nuevo Estado, basado en la democracia de los trabajadores. Planteamos la elección por el voto popular de jueces y fiscales, el desmantelamiento del aparato represivo y la constitución de una nueva fuerza de seguridad, reclutada y formada por las organizaciones de trabajadores y DDHH.
Un plan de guerra contra los trabajadores
El programa económico que levanta la clase capitalista, a través de sus representantes del peronismo y la derecha, mantiene incólume la dependencia y el sometimiento del país al FMI. Con la megadevaluación aspiran a licuar una parte considerable de la gigantesca deuda en pesos del BCRA y a desvalorizar aún más los salarios para que gane competitividad la “patria exportadora”. Para Milei, la megadevaluación sería la precondición para viabilizar su programa de dolarización de la economía. Pero para la Argentina -que carece de reservas y tiene vedado el acceso al mercado de créditos- una dolarización plantearía un mayor endeudamiento con el capital financiero internacional a tasas exorbitantes. La dolarización sería la pérdida completa de soberanía del país y redundaría en la quiebra de una gran parte de la industria nacional, con sus consecuentes despidos, crecimiento de la desocupación y de la pobreza.
Junto al sometimiento al FMI, la clase capitalista pretende lanzar un plan de guerra contra los trabajadores. Milei y Bullrich, por su parte, pretenden realizar una reforma laboral destruyendo la legislación vigente. Larreta busca el mismo objetivo con la colaboración del peronismo, tomando como modelo el gobierno de Macri que pactó 100 leyes con el PJ. El peronismo y la dirección de la CGT quieren avanzar con las reforma gremio por gremio que ya vienen llevando adelante, atacando los convenios colectivos. Es la receta que ya experimentó el gobierno del Frente de Todos en Toyota, con el apoyo abierto de la burocracia del Smata. Sea de una manera o de otra, todos quieren avanzar aún más en el achatamiento de los salarios, en la ampliación de la jornada laboral, en la aceleración de los ritmos de trabajo y terminar con las indemnizaciones por despido. La reducción de la jornada laboral con la que se embanderan los sectores del peronismo provenientes del movimiento sindical es la zanahoria para hacer pasar la destrucción de los convenios. Es, al mismo tiempo, un saludo a la bandera, pues los bajísimos salarios imponen, de hecho, un alargamiento de la jornada laboral que se concreta por la vía de las horas extras o directamente del doble y el triple empleo. El plan de guerra contra los trabajadores incluye avanzar con una nueva reforma previsional, para aumentar la edad jubilatoria, o, como lo propone Milei, directamente volver al régimen confiscatorio de las AFJP. Incluye también un nuevo sistema impositivo, para desgravar al capital y reforzar los gravámenes contra los asalariados y cuentapropistas. El programa de la derecha plantea avanzar en la privatización, lisa y llana, del sistema educativo y sanitario.
La degradación social que está sufriendo el pueblo argentino y la magnitud del plan de guerra que se pergeña contra la clase obrera ha instalado, entre la clase capitalista y sus políticos, el temor a una rebelión popular. Por eso, mientras Patricia Bullrich apuesta a un programa de “shock”, Larreta propicia el “gradualismo” y tiende lazos con sectores del peronismo y la burocracia sindical, que oportunamente supieron integrar o acompañar al gobierno macrista. Pero en lo que coinciden es en instaurar un régimen de terror y represión contra el pueblo. Pretenden llevar al extremo la política de criminalización que ya están aplicando los gobiernos provinciales de todos los signos políticos: los radicales en Jujuy y Mendoza encarcelando opositores, el peronismo en Catamarca, Cordoba, Chubut o Salta, el kirchnerismo en Santa Cruz o Chaco. Los representantes del liberalismo económico quieren un “Estado fuerte” cuando se trata de reprimir la resistencia de los trabajadores a sus planes ajustadores.
Los libertarios, que vociferaban contra la “casta política”, han pactado con lo más rancio de la camarillas políticas provinciales: los Menem, los Bussi, y Cía. Confesando su profundo conservadurismo, los liberales se oponen a la educación sexual integral en las escuelas, al derecho al aborto, a la libertad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo y de las personas a decidir sobre su propia identidad de género. Defienden, en cambio, la venta de niños y de órganos. Los liberales, en definitiva, son enemigos acérrimos de las libertades civiles y democráticas.
En oposición a las “salidas” patronales, anti-obreras y represivas, que preparan tanto la derecha como el peronismo, planteamos la necesidad de echar a todos los políticos capitalistas y desarrollar una salida obrera, de izquierda y socialista.
El movimiento obrero
En cuatro años de ininterrumpido crecimiento de la informalidad laboral, recorte en la asistencia social y deterioro de los salarios y las jubilaciones, las burocracias sindicales de la CGT y la CTA no han convocado ni a un solo paro nacional y las organizaciones sociales oficialistas no han emprendido lucha alguna. La integración de las dirigencias sindicales y sociales al gobierno “nacional y popular” transformó a las organizaciones obreras en un chaleco de contención de la voluntad de lucha de los trabajadores. En definitiva, sin la estrecha colaboración de las burocracias sindicales y las organizaciones sociales oficialistas no hubiera sido posible el progreso del ajuste fondomonetarista.
Sin embargo, a pesar de la burocracia, se han desarrollado grandes luchas por el salario y las condiciones de trabajo. Así lo confirma la gran huelga de los trabajadores de la salud de Neuquén, los grandes paros de la Multicolor bonaerense, la gran lucha docente de Santa Cruz y Río Negro, las autoconvocatorias de Salta, La Rioja y San Juan, los importantes paros de Conadu Històrica, el ascendente plan de lucha de los trabajadores del Subte y los fuertes paros desde abajo en la UTA. Y allí donde los trabajadores no cargaron con la pesada loza de la burocracia sindical y, por el contrario, contaron con una dirección clasista y combativa, se puso de manifiesto la fuerza imparable de la clase obrera. Es lo que evidenció la gran huelga que protagonizó el Sindicato del Neumático (Sutna) en 2022. Se trató de la huelga industrial más importante de las últimas décadas en la Argentina, que enfrentó a patronales extranjeras y nacionales y a todo el arco político capitalista, desde el gobierno del Frente de Todos hasta la oposición de derecha. El resonante triunfo del Sutna, conquistando la mejor paritaria del país, demostró la fuerza de un colectivo obrero cuando cuenta con una dirección dispuesta a luchar.
El gran contraste con toda la dirigencia traidora lo ha mostrado el movimiento piquetero. El sector más precarizado de la clase obrera argentina, organizado en la Unidad Piquetera, ha sido el protagonista de infinidad de multitudinarias marchas, acampes y piquetes contra los planes de ajuste del FMI, por el derecho al trabajo formal y el seguro al desocupado. Ha dado también infinidad de muestras de solidaridad y unidad de clase, apoyando a todos los sectores de trabajadores en lucha. Es por todo esto, justamente, que el movimiento piquetero se ha transformado en el blanco predilecto de los ataques, las difamaciones y las persecuciones del establishment.
La situación calamitosa en la que se encuentra la clase obrera argentina reclama la intervención urgente de los trabajadores en el escenario nacional, con sus organizaciones y sus métodos. Por un congreso de delegados electos por asamblea de todos los sindicatos de todas las centrales, del movimiento de desocupados, tanto de la Unidad Piquetera como de la Utep, para impulsar un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general, contra el plan de guerra de los capitalistas y sus políticos. En oposición a la atomización de los trabajadores y a la colaboración de clases, propugnamos la unidad entre trabajadores formales e informales, entre ocupados y desocupados, y la independencia de las organización obreras respecto de la patronales, el Estado y sus partidos. Por la recuperación de los sindicatos y la expulsión de la burocracia de todos los pelajes.
Argentina en la crisis mundial
La crisis argentina se desenvuelve en un escenario internacional signado por el recrudecimiento de los choques comerciales, diplomáticos y bélicos entre las grandes potencias, por un salto de la crisis capitalista -con sus grandes quiebras bancarias en las principales metrópolis-, por la agudización de una catastrófica crisis ambiental, por el desarrollo reciente de rebeliones populares en toda América Latina y por la emergencia de un combativo movimiento obrero en Europa. El “nuevo orden mundial” surgido del avance de la restauración capitalista en la ex Unión Soviética y China se ha venido abajo y la vieja disyuntiva -socialismo o barbarie- ha adquirido una renovada actualidad a escala planetaria.
El imperialismo norteamericano -golpeado por la crisis capitalista y por el extraordinario desarrollo del gigante asiático en los últimos veinte años- busca mantener su hegemonía política y militar a escala global desenvolviendo una ofensiva colonizadora contra China y contra Rusia. Busca, de esa manera, apropiarse íntegramente de las mieles del proceso de restauración del capitalismo en esos países. Es esa ofensiva lo que explica la tentativa de la OTAN de alistar a Ucrania en sus filas y la reaccionaria invasión de Putin al país europeo. Es, también, lo que explica las tensiones en el estrecho de Taiwán y el crecimiento inusitado de los presupuestos de guerra de todas las principales potencias. La posibilidad del estallido de una Tercera Guerra Mundial, e incluso un conflicto nuclear, sobrevuela la situación internacional.
Los choques entre EEUU y China han metido la cola en nuestro país. El imperialismo norteamericano, a través del FMI, se vale del sometimiento económico de la Argentina para alinear al gobierno a los intereses geoestratégicos de EEUU. Por eso, en sus visitas a la Argentina, el Comando Sur de Estados Unidos se interesa por la Estación Espacial China instalada en Neuquén, por el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde se exporta una gran masa de materias primas a China, y por la explotación del litio, el nuevo oro blanco que ocupa un lugar central en el desarrollo tecnológico mundial. Como se ve, la clase dirigente argentina y el gobierno nacionalista han demostrado, por enésima vez, ser incapaces de enfrentar el sometimiento del país al imperialismo. Por el contrario, se han transformado en un vehículo de él. El revés de Lula al pedido de rescate financiero realizado por el gobierno argentino, confirma la inviabilidad de una unidad latinoamericana sobre bases capitalistas.
En oposición al guerrerismo imperialista, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea: ¡guerra a la guerra!, abajo los gobiernos guerreristas, por la unidad internacional de los trabajadores y el socialismo. En oposición al sometimiento y la injerencia de las potencias mundiales en nuestro subcontinente, planteamos la expulsión del imperialismo, la instauración de gobiernos de trabajadores y la Unidad Socialista de América Latina.
Por un gobierno de la izquierda y los trabajadores
La excepcionalidad y explosividad de la crisis Argentina nos plantea, a los partidos integrantes del Frente de Izquierda, un desafío y una responsabilidad de carácter histórico. La rebelión popular que se incuba en nuestro país, de la que son principalmente conscientes las fuerzas políticas del régimen, debe conducir a la instauración de un gobierno de los trabajadores y la izquierda. El proceso electoral de 2023 representa, desde el punto de vista del Partido Obrero, un terreno más de la lucha por ese desafío estratégico.
Para que la izquierda juegue un papel decisivo en el proceso nacional debe defender su completa independencia de todas las fuerzas capitalistas, incluido el peronismo y, en particular, el kirchnerismo. No se trata de transformar a la izquierda en la versión consecuente de un nacionalismo capitalista impotente y timorato, como lo plantea Juan Grabois, sino de explotar ese fracaso para proclamar la superioridad histórica y práctica del programa obrero y socialista. No se trata de encubrir la corruptela que envuelve al kirchnerismo en general, y a la vicepresidenta Cristina Fernández en particular, como lo hacen Bregman y Del Caño, para recoger las migajas de su retroceso electoral. Por el contrario, es necesario denunciarlas y señalarlas como parte de la corruptela intrínseca al régimen y que envuelve a todas las fuerzas y políticos del sistema. Sólo con una delimitación tajante la izquierda puede pelear por la conquista política de los amplios sectores desencantados con las distintas fuerzas que gobernaron la Argentina.
Para que la izquierda juegue un papel decisivo es necesario su compromiso férreo y abnegado con la lucha de los explotados. Solo así podrá crecer y desarrollarse como una fuerza militante y revolucionaria. No se trata de balconear la lucha del movimiento piquetero, ni mucho menos reproducir los prejuicios que los capitalistas introducen en un sector de los propios trabajadores, como lo hace el partido de Bregman y Del Caño. Se trata de ser los organizadores e impulsores de la lucha de todos los sectores de la clase obrera -los formales, los informales y los desocupados- a través de un frente único contra los capitalistas y su Estado. Una izquierda al margen de las grandes luchas y gestas de la clase obrera se transforma en una izquierda pequeño burguesa y palaciega, donde lo que florece son los “gestos parlamentarios” a las fuerzas del sistema. Si la izquierda carece de una gran fuerza organizada y militante, sus conquistas electorales se diluyen o ella misma pasa a asimilarse al régimen. La izquierda no puede ser una mera etiqueta electoral, debe bregar por su fusión con el movimiento obrero, creando un nuevo movimiento popular en la Argentina, con banderas socialistas.
El Partido Obrero insiste en plantearle a todos los partidos del Frente de Izquierda la realización de un Congreso común, abierto a la vanguardia obrera y juvenil, para abordar con los métodos propios de la clase obrera las polémicas sobre programa y estrategia y trazar un plan único de intervención en todos los terrenos de la lucha de clases, incluido el electoral.
A 40 años de su retorno, el fracaso de la democracia capitalista es inapelable. El anhelo de una emancipación social y nacional en nuestro país pone a la orden del día la lucha por el gobierno de los trabajadores y la izquierda.
PROGRAMA
Fuera el FMI, abajo el saqueo capitalista
Detrás de la política ajustadora del gobierno nacional se encuentran las exigencias del FMI. La tutela del Fondo no solo apunta a expoliar los recursos financieros y naturales del país, sino también a alinear a la Argentina detrás de los intereses del imperialismo yanqui, en un escenario internacional signado por los crecientes choques y conflictos. Sin una ruptura con el FMI, Argentina no tiene posibilidades de ponerse en pie y desenvolverse como un país soberano. Junto a la ruptura con el FMI, es necesario terminar con el saqueo capitalista de la Argentina, repudiando el pago de la deuda externa, nacionalizando el sistema bancario y el comercio exterior. La deuda externa se ha revelado como un método eficaz de expoliación de la riqueza nacional por parte de los capitalistas extranjeros y nacionales. El repudio de la deuda es una condición sine qua non para poner fin al saqueo nacional. Solo a través de una banca estatal única y el monopolio del comercio exterior, bajo control de los trabajadores, se puede poner fin a la fuga de capitales que se desarrolla a través de la especulación financiera, la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, y concentrar el ahorro nacional para destinarlo a un plan de obras públicas y a la industrialización del país bajo la dirección de los trabajadores.
Arriba los salarios y las jubilaciones, abajo la precarización laboral
El deterioro sostenido que han sufrido los salarios y las jubilaciones ha tornado insostenible la situación que viven las masas trabajadoras. Planteamos un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para colocarlos por encima del costo de la canasta familiar, y su indexación automática por inflación. Planteamos la eliminación del IVA, de todos los impuestos al consumo, y del impuesto a las ganancias implementado al salario, y su reemplazo por impuestos progresivos al gran capital. Planteamos el reparto general de las horas de trabajo sin afectar al salario, para garantizar el pleno empleo de calidad. Planteamos el establecimiento de un seguro universal al desocupado, equivalente a la canasta básica, y, en lo inmediato, la universalización de los programas sociales. Planteamos la prohibición de despidos y suspensiones, la apertura de los libros de contabilidad de las empresas y la ocupación y puesta en funcionamiento, por parte de sus trabajadores, de toda empresa que cierre o despida masivamente. En oposición a la reforma laboral que pergeñan las patronales y los partidos tradicionales, planteamos la defensa de los convenios colectivos de trabajo, el fin de la informalidad y la tercerización laboral, la efectivización y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados del sector público y privado. En oposición a la reforma previsional, planteamos el 82% móvil para los jubilados, la restitución de los aportes patronales y el control del Anses y el Pami por parte de los trabajadores activos y pasivos.
Por el derecho a la tierra y la vivienda
El encarecimiento de la tierra y de la vivienda es producto de la entrega de tierras a la especulación inmobiliaria y al agronegocio. Las grandes constructoras acaparan las tierras en las principales ciudades del país, muchas veces favorecidas por ventas de terrenos públicos a precios irrisorios. El déficit habitacional asciende a los cuatro millones de viviendas. Sin embargo, el gobierno solo ha construido, en cuatro años de gobierno, apenas 100 mil viviendas. De la mano del crecimiento del déficit habitacional se disparan los precios de los alquileres, que se vuelven cada vez más prohibitivos. Planteamos la asignación del suelo urbano ocioso a la vivienda popular, y un plan masivo de construcción de vivienda y urbanización de los barrios populares bajo control de los vecinos, financiado con un impuesto extraordinario a los especuladores financieros, a los bancos y grandes capitalistas.
Por los derechos de la mujer trabajadora
El fracaso del gobierno del Frente de Todos ha tenido su expresión también en el terreno de las reivindicaciones de la mujer. La cooptación de mujeres de la “ola verde” al Estado, para constituir el Ministerio de las Mujeres y Diversidades ha concluido en una farsa. El gobierno, en alianza con sectores clericales y condicionado por el ajuste fondomonetarista, ha estado de espaldas a las demandas de las mujeres y diversidades. Contra la política fracasada del FdT y la tentativa de las iglesias junto a los sectores reaccionarios de todos los bloques patronales de avasallar las conquistas logradas por la lucha de las mujeres, planteamos la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y su implementación efectiva en cada provincia y municipio del país. Planteamos la educación sexual integral, laica, científica y respetuosa de las diversidades en cada establecimiento escolar, con programas debatidos y resueltos por las organizaciones de mujeres, centros de estudiantes y organizaciones populares. Planteamos la separación de la Iglesia del Estado, confiscando todos los bienes que han sido otorgados históricamente por el Estado, en todos los niveles, al clero y terminando con todos los beneficios económicos otorgados a la Iglesia, y con su influencia en el Estado, especialmente en la salud, la educación y la asistencia social. Contra la violencia hacia la mujer, planteamos la asistencia en materia de vivienda, trabajo y asistencia médica y psicológica para las mujeres violentadas, a cargo de un Consejo autónomo integrado por representantes electas de las propias mujeres.
En defensa de la educación pública
El desfinanciamiento y la degradación de la educación pública que han impulsado todos los gobiernos ha dado un salto con el pacto del gobierno con el FMI. El presupuesto educativo ha sufrido un recorte nominal del 15% en el último año. Los planteos privatistas de Milei han sido preparados por todos los gobiernos de las últimas décadas, en tanto el desfinanciamiento educativo es la vía por la cual se alienta un proceso de privatización educativa. La crisis de la educación pública -producto de las políticas de ajuste y privatización, del avance sobre el estatuto y las conquistas de la docencia, del desguace de la escuela media, del avance sobre los institutos de formación docente, del desfinanciamiento de las universidades- plantea la vigencia de la lucha por la educación pública, laica y gratuita. Planteamos la anulación de las reformas y leyes antieducativas (Ley Federal, LEN, LES); un sistema educativo único nacional, a cargo del estado; y la triplicación del presupuesto, bajo control de docentes y estudiantes. La defensa irrestricta del Estatuto del docente. El fin de las pasantías gratuitas en la educación media. La democratización de las universidades y la expulsión de las camarillas universitarias que ofician como la correa de transmisión de los intereses capitalistas al interior de las universidades.
En defensa de la salud pública
La pandemia de Covid puso al desnudo como nunca la crisis del sistema de salud en Argentina, fuertemente golpeado por décadas de vaciamiento y privatización impulsada por todos los gobiernos. Se puso en evidencia que es imposible resguardar la salud de la población si el sistema sanitario se organiza en función de la búsqueda del lucro privado. Al igual que lo que sucede con la educación, el pacto con el FMI agravó el ajuste en salud. Planteamos la centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores, se trata de una medida elemental para gestionar los recursos en función de criterios sanitarios y no empresariales. Planteamos el aumento del presupuesto, por el salario igual al costo de la canasta familiar para todo el personal de salud y el pase a planta permanente de todos los precarizados. Planteamos el carácter formativo y derechos laborales idénticos al del personal de planta para residentes y concurrentes. Nacionalización sin pago de los laboratorios que lucran con la salud del pueblo.
Recuperación de los recursos estratégicos
El saqueo capitalista de la Argentina tiene una expresión muy aguda en el proceso de enajenación de los recursos estratégicos del país. El gasoducto Néstor Kirchner, por el cual se pretende viabilizar la exportación de gas, promete transformarse en una nueva fuente de saqueo nacional, con los monopolios petroleros internacionales secando las reservas hidrocarburíferas de Vaca Muerta y apropiándose de los dólares resultantes del comercio exterior. Una situación similar se perfila con la industria del litio, que ha adquirido un carácter estratégico en la puja tecnológica internacional. Para ponerlos en función de un desarrollo nacional al servicio de las mayorías trabajadoras, planteamos la nacionalización integral, sin indemnización, del petróleo, el gas y el litio, bajo control obrero y defendemos el derecho a veto de las comunidades para frenar la depredación ambiental. La nacionalización del comercio exterior debe servir para ponerlo en función de la aquisición de tecnología que permita desarrollar una industrialización del litio.
Abajo la depredación ambiental
En la Argentina y en todo el mundo se agrava la crisis ambiental: la sequía, los desmontes, los incendios, la destrucción de los humedales, los agrotóxicos, la megaminería y la destrucción de los glaciares. El Frente de Todos prometió la Ley de Humedales, pero retrocedió ante la presión de los capitalistas inmobiliarios. Milei, por su parte, directamente niega el cambio climático. Es que la depredación ambiental es una característica intrínseca al sistema capitalista, que busca siempre aumentar la tasa de beneficio de los grandes grupos económicos aunque sea a costa de la destrucción del planeta. En definitiva, la tendencia destructiva sólo podrá ser revertida con la instauración de gobiernos de trabajadores. Reivindicamos y apoyamos el derecho de las comunidades a vetar emprendimientos contaminantes. Planteamos la defensa de los humedales, la prohibición inmediata de fumigación con agrotóxicos en zonas pobladas y su periferia, y sobre cursos de agua, abriendo camino a una transición para terminar con su uso. Finalizar la explotación de megaminería, manteniendo las fuentes de trabajo en tareas de remediación a cargo de las empresas. El saneamiento de los ríos y suelos contaminados bajo supervisión de organizaciones ambientales y de vecinos. Planteamos el cese inmediato de las quemas y desmontes, recuperación de las áreas devastadas, financiado por las empresas responsables. Impulso a las energías renovables y limpias. Planteamos la evaluación independiente del impacto ambiental de emprendimientos económicos, controlado por trabajadores, vecinos y organizaciones ambientales.
Abajo el narco-Estado, basta de represión e inseguridad
De la mano de todos los gobiernos ha progresado la imbricación del narcotráfico con el Estado. El gobierno del FdT hace propio, cada vez más, el discurso de la derecha. Se valen del crecimiento de la inseguridad para amplificar su agitación en torno a un programa completamente reaccionario. La derecha pretende reforzar la presencia de las fuerzas represivas, promover la “justicia por mano propia” y reforzar el punitivismo. Pero ese programa, además de que será utilizado para criminalizar la protesta social, ya ha fracasado para dar salida a la crisis de la inseguridad. Pues las fuerzas represivas son parte del problema, no de la solución. El punitivismo tampoco ha dado resultados positivos. La aprobación de las llamadas “leyes Blumberg” y las reformas del código procesal penal -que aumentaron las penas y prohibieron las salidas anticipadas de prisión- no redundaron en una caída de la criminalidad. Por el contrario, la inseguridad crece bajo el amparo del Estado, a través del crimen organizado. Planteamos: Fuera los narcos de los barrios, abajo las zonas liberadas y el narco estado. Desmantelamiento de las fuerzas represivas y la constitución de una nueva fuerza de seguridad reclutada y formada por las organizaciones obreras y de DDHH. Revocabilidad y elección popular de jueces y fiscales. Basta de represión y criminalización contra los que luchan, libertad a los presos por luchar, cierre de todas las causas contra luchadores populares. Abajo las condenas contra Cesar Arakaki y Daniel Ruiz. Basta de gatillo fácil en los barrios.
Junto con ello, es necesario plantear la nacionalización bajo control obrero de los bancos y casinos, que es donde se lava el dinero del crimen organizado, y de todos los puertos privados que son una plataforma de exportación para los narcos. Planteamos la urbanización e iluminación de los barrios y la construcción de centros de atención de consumos problemáticos en cada barrio. Planteamos reforzar la organización independiente de la clase trabajadora y la juventud en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, por todas las reivindicaciones urgentes de las masas: salario, trabajo, educación, salud, etc. La organización obrera es el mejor escudo contra el progreso de la criminalidad y la descomposición social.
¡Fuera la burocracia sindical! Por una nueva dirección en el movimiento obrero
Las direcciones de las centrales obreras y los sindicatos se han revelado como agentes de los intereses patronales o correas de transmisión de la política del gobierno de turno. La usurpación de las organizaciones obreras por parte de una burocracia, las ha transformado en un chaleco de contención de la potencialidad de lucha de la clase trabajadora. Planteamos la necesidad imperiosa de expulsar a la burocracia de los sindicatos y recuperarlos para la organización y la lucha de los trabajadores. Hace falta una nueva dirección del movimiento obrero, clasista, democrática y combativa. Planteamos el impulso de un congreso de delegados electos por la base de todos los sindicatos, centrales y del movimiento piquetero, para impulsar un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general, contra el plan de guerra de los capitalistas y sus políticos y por un plan económico y político de la clase obrera. Planteamos la derogación de la ley de asociaciones sindicales y la elección de delegados en todos los lugares de trabajo.
Por un gobierno de la izquierda y los trabajadores, por la unidad socialista de América Latina
Este programa es incompatible con el régimen del FMI y con los gobiernos capitalistas en general. A través de una acción histórica independiente de las masas obreras y populares, apuntamos a echar a los políticos capitalistas, revocar todos los poderes estatales vigentes e instaurar un gobierno de los trabajadores y el socialismo. En oposición a la democracia y al Estado capitalista, que esconde la dictadura férrea del capital, planteamos la constitución de un nuevo Estado basado en el poder y la democracia de la clase trabajadora. En oposición a las fuerzas y gobiernos abiertamente proimperialistas y ante los reiterados fracasos de las fuerzas nacionalistas burguesas latinoamericanos, planteamos la lucha por la unidad socialista de los pueblos del subcontinente, poniendo en pie una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.
