Seis meses de gobierno de Milei han sido más que suficientes para establecer un veredicto categórico: en la Argentina se ha instaurado un régimen completamente antiobrero, antinacional y profundamente represivo.
La orientación social del gobierno quedó en evidencia desde el minuto uno de su asunción.
La megadevaluación del peso ejecutada en diciembre por el ministro Caputo y la consecuente disparada inflacionaria, recortaron sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Junto con ello, de la mano de la “motosierra”, la “licuadora” y la recesión económica, se concretaron centenares de miles de despidos en el sector público y privado. Así, el gobierno creó -en tan solo los tres primeros meses del año- 3,2 millones de nuevos pobres. Hoy, más de la mitad de la población argentina se encuentra en la pobreza y un 18% sumergida en la indigencia.
Este ajuste brutal ha servido para incrementar los beneficios de los capitalistas, que han ganado fortuna en estos meses, pero de ninguna manera para abrir una salida a la bancarrota del país. El relato de que tenemos que hacer un “esfuerzo” para crecer en los próximos meses se ha derrumbado con la emergencia de una nueva crisis. La nueva suba del dólar y del riesgo país anticipa una devaluación generalizada y un default de la deuda, que llevará al país y especialmente a los trabajadores a mayores padecimientos.
Esta política local del gobierno se mantuvo siempre en sintonía con sus políticas y lineamientos internacionales. Milei, con el apoyo de los partidos y políticos tradicionales, alineó al Estado argentino con el bando imperialista de la Otan en la guerra en Ucrania y con el sionismo en Medio Oriente, apoyando desembozadamente la masacre y el genocidio del pueblo palestino.
El significado de la Ley Bases
Si alguna duda quedaba de la orientación social del gobierno, la reciente aprobación de la Ley Bases la despeja definitivamente.
Es que la Ley, entendida como una piedra basal del proyecto libertario, arrasa con importantísimos derechos laborales en beneficio de las patronales: habilita la destrucción de las indemnizaciones por despido, refuerza el curro de la tercerización laboral al eliminar la responsabilidad de la empresa principal, termina con la estabilidad de los trabajadores estatales, cercena el derecho a huelga y elimina las multas a las patronales que contratan en negro. Restituye, además, impuestos contra los trabajadores, mientras reduce o exime del pago de ellos a ricachones y grandes empresarios. La Ley Bases habilita la entrega de los recursos estratégicos del país a los monopolios extranjeros, que podrán usufructuarlos sin siquiera dejar migajas en Argentina, y otorga poderes especiales a Milei, que serán utilizados para reforzar su poder personal.
Si el gobierno de Milei, que cuenta con bloques minoritarios en el Congreso, logró que se apruebe esta nefasta Ley fue gracias a la colaboración de la falsa “oposición”. Lejos de haber existido alguna tentativa de “golpe de Estado” cuando la Ley se trataba en el Senado, como absurdamente el gobierno denunció, lo que existió, en realidad, fue un rescate del gobierno por parte de la “casta” de los gobernadores y los partidos del sistema. No solo del macrismo y los radicales, sino también del peronismo y de la CGT y las CTAs, que rechazaron parar y movilizar al movimiento obrero para que no pase la Ley Bases. Cristina Fernández de Kirchner se sumó a este operativo de rescate, llegando incluso en su última carta pública a defender la reforma laboral y las privatizaciones.
Unos y otros, sin lograr cerrar sus propias crisis internas e incluso recrudeciéndolas, le han garantizado al gobierno el progreso de una política contraria a los intereses populares.
Bancarrota económica
Sin embargo, la victoria política que el gobierno se anotó con la aprobación de la Ley Bases no ha despejado, de ningún modo, la crisis económica que asola al país. Víctima de un vaciamiento capitalista voraz, la Argentina marcha a una nueva bancarrota económica.
Es que el “saneamiento” de los pasivos del Banco Central del que el gobierno se jacta se ha hecho a costa de incrementar en 400 mil millones de pesos la deuda del Tesoro. Esta medida plantea el peligro de un nuevo “plan Bonex”, o sea, una confiscación de los depósitos bancarios de los ahorristas. La reducción del gasto que el gobierno logró, de la mano de la “motosierra” y la “licuadora”, ha tenido como contrapartida una reducción de la recaudación fiscal, fruto de la brutal caída del consumo y la actividad económica. Nuevamente, el Tesoro se revela insolvente para afrontar la deuda. Durante el mes de junio el BCRA volvió a perder reservas, adelantándose a la tendencia que prevalecerá durante todo el segundo semestre. Los agroexportadores, por su parte, retienen la cosecha en reclamo de que se le ponga fin al “atraso cambiario”.
El gobierno ha entrado en choque con el FMI, que le reclama una nueva devaluación del peso, la eliminación inmediata de los subsidios a las empresas energéticas y la liberación de tarifas, y un aumento de la tasa de interés, para evitar una mayor corrida cambiaria. Pero de implementar estas medidas el gobierno no solo recrudecería el proceso recesivo, sino que también le asestaría un golpe a su “principal conquista” económica: la reducción de la tasa inflacionaria.
La conclusión que podemos sacar a más de seis meses de su llegada al gobierno es que Milei y su camarilla financiera han agudizado todas las tendencias a la bancarrota del país. Los capitalistas y grandes fondos de inversión impondrán una devaluación y apertura del cepo, agravando el saqueo de la Argentina. Los trabajadores deben tomar nota de esta situación, ya que refuta la idea de que estamos ante un gobierno fuerte e invencible. Por el contrario, en las próximas semanas se plantearán crisis que incluirán la caída de ministros y mayores choques internos en el gabinete.
La respuesta de los trabajadores
Aunque la ofensiva del gobierno de Milei no ha desatado, por el momento, una respuesta a la altura de las circunstancias, grandes luchas y movilizaciones obreras y populares se han desenvuelto en tan solo seis meses.
El 20 de diciembre, el movimiento piquetero, el sindicalismo combativo y la izquierda abrieron la compuerta e iniciaron el proceso de resistencia contra la ofensiva libertaria. A eso, le siguieron los paros nacionales del 24 de enero y del 9 de mayo, la gran marcha de la mujer el 8 de marzo contra las provocaciones antiderechos, la gran movilización del 24 de marzo contra la política negacionista del gobierno y en defensa de las libertades democráticas, la gigantesca e histórica movilización en defensa de la Universidad pública del 23 de abril, y la rebelión popular del pueblo misionero.
Todas esas acciones, entre muchas otras, dan cuenta de la voluntad de lucha del pueblo argentino. Y si aún no han tenido un mayor alcance y desarrollo ha sido por la política colaboracionista del peronismo y la burocracia sindical, que rechazan desenvolver a fondo la lucha hasta derrotar al gobierno. El colaboracionismo de la burocracia sindical con un gobierno de ofensiva directa contra los trabajadores pone de manifiesto la necesidad imperiosa de la lucha por la expulsión de la burocracia sindical y por una nueva dirección en el movimiento obrero.
Represión y persecución
Semejante ofensiva contra los trabajadores necesita, evidentemente, estar acompañada de un reforzamiento de la represión estatal y la persecución política.
Milei dejó en claro esta orientación cuando designó a la defensora de la dictadura militar Victoria Villarruel como su vicepresidenta y, más tarde, a la represora Patricia Bullrich como su ministra de Seguridad. Lo confirmó cuando instauró un “protocolo antipiquetes”, detuvo a numerosos manifestantes por oponerse a la Ley Bases y avanzó en la semiilegalización del derecho a huelga. Ahora, pretende también avanzar en la criminalización de la pobreza y la juventud, bajando la edad de inimputabilidad, mientras los narcos y tratantes son premiados con el blanqueo de capitales.
El ensañamiento particular que el gobierno ha guardado contra el movimiento piquetero apuntó siempre a desarticular al sector más empobrecido de los trabajadores, que ha jugado un papel de vanguardia en la lucha de clases. Este ataque, sin embargo, ha sido preparado durante años, a través de campañas de desacreditación y estigmatización impulsadas, en distinto grado, por todos los gobiernos y por los medios de comunicación masivos, tanto los de derecha como los “progresistas”.
La campaña de difamación contra el Polo Obrero y el Partido Obrero, lanzada desde el gobierno, la justicia y los medios de comunicación, intenta equiparar a la fuerza que se puso al frente de la lucha contra Milei, a la fuerza que ha ocupado la primera línea de combate en todas las grandes gestas del pueblo argentino y que jamás ha integrado ni colaborado con ningún gobierno capitalista, con las fuerzas y partidos del sistema. Se trata de una burda operación difamatoria.
Ilusamente, a través de la persecución, la difamación y el terror represivo, el gobierno pretende desactivar la respuesta combativa de los trabajadores ante el crecimiento imparable de la pobreza. Pero la fuerza elemental de las masas, desbordando las políticas colaboracionistas, más temprano o más tarde se abrirá paso. Es lo que indican las rebeliones populares latinoamericanas del último lustro, que enfrentaron gobiernos tan o más represivos que el de Milei, y la propia historia de los trabajadores y el pueblo argentinos.
Preparar la huelga general
Los trabajadores argentinos asistimos, nuevamente, a un desafío histórico: o Milei le asesta un revés a la clase obrera, o, por el contrario, somos los trabajadores quienes derrotamos al gobierno y abrimos paso a una salida política en nuestros propios términos.
La estrategia que pregona el peronismo y la burocracia sindical, que se limita a preparar un recambio electoral en 2025 y 2027, prepara una mayor frustración de los trabajadores. Que Milei concluya su mandato en 2027 equivale a que logre imponer todo su plan de guerra contra los trabajadores.
En oposición a esa perspectiva, es necesario luchar por la derrota del gobierno de Milei a través de una acción histórica independiente de los trabajadores.
Se trata de preparar la huelga general a través de una intensa agitación y propaganda políticas, y del reagrupamiento del activismo combativo y antiburocrático en los lugares de trabajo, de estudio y en las barriadas, para luchar contra los despidos, por los salarios, contra el hambre y por todas las reivindicaciones urgentes de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Los gobiernos provinciales se amparan en la motosierra del gobierno nacional para descargar el ajuste contra los trabajadores, mientras rescatan a los grupos capitalistas que actúan en sus respectivas provincias. La subordinación política de los trabajadores a los gobernadores, sean del color que sean, conduce al movimiento obrero a un impasse mortal que tributa al ajuste y, finalmente, al gobierno de Milei.
Por una salida obrera y socialista
El rechazo del peronismo a pelear por la derrota del gobierno derechista y su defensa de la institucionalidad burguesa están determinados por el contenido conservador de su programa. Las numerosas experiencias nacionalistas burguesas en Argentina y América Latina se han revelado incapaces de emancipar a los países del subcontinente de la opresión imperialista y a los trabajadores de la explotación capitalista.
Poner fin a la explotación social y a la opresión nacional reclama el liderazgo de los trabajadores, estructurados como clase autónoma e independiente, para luchar por una salida obrera y socialista. Es decir, para oponerle a la catástrofe capitalista una salida político-económica de la clase obrera: el gobierno de los trabajadores.
Significa plantear, ante el cuadro de desorganización económica generalizada, la ruptura con el FMI, el cese del pago de la deuda, la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, y el control obrero general de la economía, para destinar el ahorro nacional a un plan de reactivación económica.
Significa oponer a la carestía generalizada el aumento general de emergencia de salarios y jubilaciones, llevándolos al costo de la canasta familiar, y su indexación automática por inflación.
Significa plantear, ante los cierres de empresas y despidos masivos, la ocupación de las fábricas por sus trabajadores, su expropiación sin pago ni indemnización y el reparto general de las horas de trabajo disponible sin reducción salarial. Y el seguro universal al parado ante la desocupación masiva.
Significa rechazar el guerrerismo imperialista, que crece de la mano de la descomposición capitalista internacional, defender la unidad de los trabajadores de todo el mundo, apoyar la causa del pueblo palestino contra el genocidio sionista y luchar por la unidad socialista de América Latina.
Con esta estrategia y con este programa, el XXIX Congreso del Partido Obrero convoca a las y los luchadores del movimiento obrero y la juventud a organizarse.
¡Preparemos la huelga general para derrotar a Milei!
¡Abajo la motosierra de los gobernadores!
¡Derrotemos la represión y la persecución contra las organizaciones populares con la movilización independiente de los trabajadores!
¡Defendamos al Partido Obrero y al Polo Obrero de los ataques de Milei y el Estado capitalista!
¡Por una salida obrera y socialista!
