Este viernes 28 de febrero, la diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda Romina Del Plá convoca a una Audiencia Pública en el Congreso Nacional de la que participarán Eugenio Semino (defensor de la Tercera Edad), Néstor Pitrola (dirigente del Partido Obrero), los abogados previsionalistas Andrea Falcone y Luciano González, y Leonardo Fabre (Apops), entre otras organizaciones y referentes de jubilados y pensionados, organizaciones sindicales y referentes de la lucha en defensa de la jubilación de distintas provincias del país.
La audiencia plantea la defensa de la movilidad jubilatoria como un derecho inalienable, su concepto como salario diferido de los trabajadores y la defensa de los regímenes especiales y se propone ser un punto de apoyo para promover una amplia unidad de movilización por la defensa de las y los trabajadores jubilados de nuestro país.
La suspensión de la movilidad jubilatoria aprobada en la Ley de Emergencias consagra una nueva confiscación de proporciones a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH en nuestro país. Los aumentos por decreto anunciados recientemente por el presidente Alberto Fernández convalidan este robo, con una brusca reducción de los aumentos previstos para los haberes de los trabajadores jubilados que cobran más de la mínima.
La política detrás de esta medida es violentar un derecho de quienes han trabajado toda su vida para garantizar el pago de la deuda y sostener diferentes subsidios al capital. Se trata de una profundización de la ofensiva contra los jubilados que reclama el FMI, a quienes se les niega hace décadas el derecho al 82% móvil. Tenemos asimismo un nuevo ataque a las cajas previsionales, reforzando el desfinanciamiento de la ANSES, por un lado y el uso indebido del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, por el otro.
Al mismo tiempo, han quedado en “estudio” los llamados regímenes especiales que se incluyeron inicialmente en la suspensión de la movilidad. La ley que trata el jueves 27 el Poder Ejecutivo -falsamente presentada como una herramienta contra los privilegios de la corporación judicial- adelanta en sus fundamentos de modo explícito el objetivo de avanzar en la liquidación de esos regímenes. Se trata de conquistas que llevaron años de lucha y sacrificio de los trabajadores.
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