A través de esta ley la Legislatura renuncia a sus facultades de decidir sobre la venta de tierras de la ciudad, y le entrega un cheque en blanco al Gobierno para llevar adelante un meganegocio inmobiliario”.
Ramal señaló que “la creación de este verdadero estado de excepción en la ciudad ha sido perpetrada a través de un pacto entre el PRO el FpV y el Radicalismo. Este acuerdo no sorprende ya que se trata de los bloques y partidos que vienen ejecutando la privatización de la ciudad en los últimos 25 años”.
“Esa orientación ha conducido a la expulsión de los trabajadores de la ciudad como contracara del acaparamiento inmobiliario” afirmó el Legislador.
Ramal finalizó llamando a los trabajadores y vecinos a “extraer las conclusiones políticas de este gigantesco despojo, desarrollando una alternativa de conjunto”.
