La legisladora electa Vanina Biasi, por su parte, dijo ante el Juez Llorens en su intervención: “Quiero que ya mismo comencemos el juicio oral, para escuchar a los apologistas del genocidio y que todo el mundo los escuche. Sin embargo es clave que nuestra defensa no deje pasar el mamarracho jurídico que se intenta construir ya que lo que está en juego es ni más ni menos que la libertad de expresión. Este juicio motorizado por la DAIA y sus esbirros, es un instrumento de banalización del serio problema del antisemitismo y la judeofobia y solo busca silenciar la voz de denuncia contra el genocidio perpetrado por Israel, acción que NUNCA tiene justificación alguna, tal como aprendimos con la lucha contra el terrorismo de estado en nuestro país” señaló Biasi.
“Los tecnicismos sobre el fuero que corresponde a estas imputaciones aquí no son tenidos en cuenta porque se trata de una causa política. Es un poder judicial que persigue la defensa del pueblo palestino y habilita a los apologistas del genocidio israelí a hacer gala de su defensa, pasando brutalmente por encima las enseñanzas de la estructura legal argentina post dictadura y los convenios internacionales ante los que el Estado argentino se comprometió y muchos de los cuales tienen caracter constitucional. La causa fue abierta por Stornelli a raíz de dos posteos críticos al Estado de Israel, en noviembre de 2023, cuando yo no era diputada. En octubre de 2024 fui indagada ya estando en funciones como diputada nacional del FITU. En abril de 2025, vencidos los plazos para que un juez falle sobre la pertinencia o no de procesar, Rafecas dictó el fallo de procesamiento a pocos días de anunciada mi candidatura como cabeza de lista del FITU en las elecciones para legisladores de CABA y cuando aún ejercía como diputada nacional. La persecución y la limitación de la libertad de expresión se ve con mayor profundidad cuando se tiene en cuenta la injerencia del poder judicial, que el pueblo no elige, contra una persona que se somete a la voluntad popular y en ese carácter, es electa para ejercer el poder legislativo. La violación a los principios republicanos que dicen defender es total. Fui procesada siendo diputada nacional, elegida por el voto popular, por un poder que no es elegido por nadie, y que pretende defender los intereses del proyecto colonial israelí colocando una mordaza judicial a quienes denunciamos el genocidio”
Liliana “Rayu” Alaniz, abogada defensora (Apel – Asociación de Profesionales en Lucha), declaró: “El Código Procesal Penal es taxativo respecto a la competencia que le corresponde a los tribunales federales. La ley antidiscriminatoria N°23.592 no debe tramitarse en Comodoro Py, sino en los Tribunales de la Ciudad. La DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) está preocupada por lograr un fallo favorable, tomando nota de que los tribunales ordinarios han fallado en reiteradas ocasiones diferenciando claramente al al anti sionismo del antisemitismo, que sería la acusación que Daia y Stornelli le hicieron a nuestra defendida por denunciar el genocidio del pueblo palestino y criticar la acción y el relato del Estado de Israel. Estamos en presencia de una causa eminentemente política, carente de pruebas materiales y plagada de atropellos jurídicos como el que coloca a Rafecas haciendo una presentación justificando el pasaje de la causa a un juzgado natural en diciembre de 2023 y casi dos años después diciendo lo contrario y afirmando la competencia de los juzgados federales en octubre de 2025”.
