Proyecto de Ley
Art. 1°: Deróguese el Decreto 872/2018 en el que el ex Presidente Mauricio Macri, el el
ex Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña y el ex Ministro de Hacienda Nicolás
Dujovne instruyen a la entonces Secretaría de Gobierno de Energía para que proceda a
convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de
exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera
nacional de las áreas de la Cuenca Argentina Norte que se determinan en el anexo del
citado Decreto.
Art. 2º.- Deróguese la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible publicada en el Boletín Oficial con fecha 24 de diciembre de 2021, a partir
de la cual se establece la aprobación del proyecto de exploración sísmica petrolera y la
habilitación a la empresa Equinor para la realización del proyecto “ADQUISICIÓN
SÍSMICA 2D-3D-4D OFF-SHORE EN BLOQUE CAN 108 -CAN 114” en el Mar
Argentino.
Art. 3°: Deróguese el Decreto 900/2021 publicado en el Boletín Oficial con fecha 29 de
diciembre de 2021.
Art. 4º: Deróganse todas las normas que se opongan a la presente ley
Art. 5°: De forma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible publicada en el Boletín Oficial con fecha 24 de diciembre de 2021, el
Gobierno informa que se aprueba el proyecto de exploración sísmica petrolera y la
habilitación a la empresa Equinor para que realice un verdadero bombardeo submarino
en los bloques CAN 100, 108 y 114 en el Mar Argentino. Con esta resolución el
Gobierno de Alberto Fernández continúa con el proceso iniciado por el gobierno
anterior del Presidente Mauricio Macri, quien a través del Decreto 872/2018 convoca a
un concurso público nacional para que se explore una gran área del norte del mar
argentino en búsqueda de combustibles fósiles.
La Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo que habilita una nueva entrada
de multinacionales extractivistas al mar argentino desoye el repudio masivo de
científicos, organizaciones socioambientales, universidades y comunidades costeras que
rechazaron el informe de impacto ambiental presentado por la petrolera Equinor en la
audiencia pública no vinculante convocada para su tratamiento. Tras la audiencia y el
inicio de las movilizaciones en Mar del Plata y otras ciudades de la costa atlántica, el
ministro Juan Cabandié suspendió la resolución hasta que pasaran las elecciones. Pero
este 30 de diciembre de 2021, en la víspera del Año Nuevo, aprobó el proyecto
extractivista.
La técnica para la exploración sísmica utiliza bombas acústicas que chocan con el fondo
marino, con el fin de localizar y extraer hidrocarburos. Según estudios, se generaría una
explosión cada 10 segundos las 24 horas del día. Estos estruendos afectan enormemente
a la biodiversidad marina, sobre todo a las especies de cetáceos. Sería el segundo mayor
contribuyente de ruido subacuático, porque el primero son las explosiones nucleares y
militares. Por otro lado, donde hay petróleo, sabemos que hay derrames. Como prueba,
tenemos Río Negro y el derrame de Vaca Muerta hace menos de un mes afectando fauna
y flora autóctona. En los últimos meses recorrieron el mundo las imágenes del océano
prendido fuego, producto de la fuga de gases en ductos submarinos que hacen
explotación offshore de petróleo. Uno fue en el Golfo de México y el otro en
Azerbaiyán. Se trata de una actividad que sólo traerá perjuicios para el ambiente, las
comunidades, los trabajadores y los productores de las zonas afectadas a cambio de que
un puñado de empresas multinacionales saqueen los recursos naturales y se llenen de
dólares.
Son numerosas las voces de rechazo por parte de la comunidad científica, que se suman
a la masiva movilización que días atrás reafirmó en Mar del Plata y otras ciudades del
país el rechazo al impulso a esta actividad y el grito por un mar libre de petroleras.
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro en un acto de demagogia, se
pronunció en contra del proyecto. Sin embargo, fue el gobierno de Mauricio Macri
quién impulsó la licitación y loteo del mar para la exploración de gas y petróleo y así
garantizar las ganancias de las multinacionales a costa de destruir el medio ambiente.
El extractivismo es una política planteada y llevada adelante por todos los gobiernos de
los partidos tradicionales en Argentina. En este caso, el gobierno del Frente de Todos
continúa lo iniciado por el gobierno de Macri, que convocó en 2019 la licitación en la
cual, como señaló el periodista Patricio Eleisegui (Opsur.org.ar, 12/7/21), 13 de las
principales gigantes mundiales ofertaron casi 1.000 millones de dólares por 18 áreas
marinas bajo control argentino. Se trata de ENI (Italia), Tullow (Gran Bretaña), Qatar,
Equinor (Noruega), ExxonMobil (Estados Unidos), Total (Francia), YPF, Shell
(anglo-holandesa), Pluspetrol (Argentina, familia Rodríguez), Mitsui (Japón), Tecpetrol
(Argentina, grupo Techint), BP (Gran Bretaña) y Wintershall (Alemania).
Muchos de estos son nombres conocidos por desastres ambientales en alta mar, pero
sobre todo por ser beneficiarios de una extracción y explotación de combustible fósil
que según el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de
la ONU (IPCC) está llevando al planeta al límite del calentamiento global. Mientras
habla de “transición energética”, el gobierno nacional impulsa la producción de
combustible fósil, y no solo en Vaca Muerta mediante el fracking sino ahora en alta mar.
La resolución que concreta la exploración dispuesta por el Decreto del Presidente
Macri, y que rechazamos con este proyecto y fue repudiada por la movilización, lleva la
firma del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Se suma un decreto firmado por el
presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur y el
ministro de Economía, Martín Guzmán, que definió las regalías que abonarán las
petroleras que realicen la explotación offshore en el Mar del Plata publicado en el
Boletín Oficial en pasado 29 de diciembre y cuya derogación también planteamos, ya
que se trata de una legislación realizada a la medida de la explotación de la empresa
Equinor, YPF y Shell en su carácter de permisionarios del área CAN 100 y a fin de
proceder a reducir las regalías por la explotación de dicha área, un verdadero decreto “a
la carta” de las empresas.
Sobre las distintas razones que aducen los defensores de estos proyectos de saqueo y
profundización de una matriz energética contaminante es la necesidad del país de
conseguir dólares. Para no ir lejos, durante 2021 la Argentina tuvo un superávit
comercial superior a los 14.000 millones de dólares, y sin embargo eso no significó
ningún crecimiento en las arcas del Banco Central, que ve cada vez más menguados sus
fondos. El pago del capital y los intereses de la fraudulenta deuda tanto pública como
privada, las maniobras delictivas de los importadores y exportadores, el giro de remesas
a las casas matrices de las multinacionales, la fuga de divisas es la constante que
garantiza el Estado nacional con todas las divisas que ingresan.
Ponemos como ejemplo a la provincia de Tierra del Fuego, que ya tiene en sus aguas
marítimas la explotación offshore de gas y petróleo. Sin embargo, esta provincia es de
las más endeudadas en dólares del país y las inversiones de las multinacionales que
están extrayendo los hidrocarburos no redundó en una cantidad significativa de nuevos
empleos.
Producir semejante impacto ambiental para sumar dólares a esa verdadera “puerta
giratoria”, es un dislate.
Presentamos este proyecto y lo ponemos a disposición de las organizaciones y
poblaciones en lucha, acompañando también la movilización popular para lograr
impedir que se instalen estas industrias en el Mar Argentino. Recientemente el pueblo
de Chubut dio un gran ejemplo, ganando la batalla contra la megaminería contaminante
y el gobernador Arcioni, luego de masivas movilizaciones, cortes de ruta y un
contundente paro marítimo y portuario. También, anteriormente el pueblo de Mendoza
defendió en las calles la ley 7722 contra la megaminería. Encontramos un motor común
de la política extractivista tanto en Mendoza como en Chubut y ahora en el Mar
Argentino: la persistencia del gobierno nacional de habilitar el saqueo de los
recursos naturales a fin de intentar conseguir dólares para pagarle al FMI la
deuda ilegal e ilegítima que dejó el gobierno de Mauricio Macri.
Por las razones expuestas y las que ampliaremos en ocasión de su tratamiento
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.-
