El proyecto sostiene que el brutal ataque comandado por el supuesto nuevo dueño del diario, Mariano Martínez Rojas, se inscribe dentro de una política de encubrimiento de los empresarios vaciadores K (Szpolsky-Garfunkel) por parte del actual gobierno, que en más de siete meses de conflicto han incumplido con todas sus responsabilidades para con los trabajadores. Por ello, exige que “el Estado Nacional, a través de los ministerios correspondientes, dé una respuesta inmediata a los reclamos de los trabajadores con respecto al usufructo del edificio y otorgue los recursos necesarios para la salida y continuidad del diario realizado por ellos mismos, con salarios igual al costo de la canasta familiar, y el cumplimiento de todos sus reclamos” y que "la Justicia avance inmediatamente en la investigación de los hechos y se determinen las responsabilidades.”
Los diputados del PO denunciaron, a su vez, el accionar de la policía que no sólo impidió el ingreso a los trabajadores, sino que guardaron pasividad mientras la patota destruía la infraestructura.
Prensa: Maura 1540555424 – Cecilia 1540553293
