Al presentar el proyecto Solano señaló: “Las instituciones se eximen de pagar todos los servicios. Hablamos de centenares de millones de pesos anuales, la Iglesia es la principal depositaria de bienes raíces de la Ciudad, con centenares de propiedades. Esto viene de la dictadura, pero no es viejo, en 2015 la Legislatura entregó al Arzobispado 17 predios a perpetuidad, valuados en 5.2 millones de dólares. Encima, las eximiciones alcanzan a colegios religiosos, universidades como la UCA, clínicas y sanatorios que son propiedad de la Iglesia: instituciones con finalidad de lucro que envuelven sumas varias veces millonarias.”
“Este sostenimiento económico de la Iglesia Católica y de las otras instituciones religiosas marca el carácter oscurantista del gobierno y del Estado. A cambio el gobierno cuenta con el poder de contención que la Iglesia ejerce sobre la población para evitar que estalle una crisis social.”
“Es necesario avanzar en la separación real de la Iglesia y el Estado porque su imbricación tiene consecuencias muy graves, porque para el Estado priman los intereses clericales sobre los argumentos científicos para la vida de la población. Luego tenemos el rechazo al aborto legal, educación sexual dirigida por ideas oscurantistas anticientíficas y dañinas física y psicológicamente, veto a prácticas de salud reproductiva, etc. El Estado no puede regirse por los preceptos y dogmas de una institución religiosa.”.
“Nuestro proyecto expresa el sentir de la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente de su juventud, que fue la gran protagonista de la ola verde que copó las calles con más de un millón de personas por el aborto legal, la educación sexual integral laica y científica, y la separación de la Iglesia del Estado”.
Gabriel Solano: 11 5690-1514
