El año 2016 ha debutado con una feroz escalada contra los trabajadores del Estado, en todo el país. Una información de ATE Nacional da cuenta de unos 15.000 compañeros precarizados que han sido despedidos, bajo la forma del “fin del contrato”. La cuenta, con seguridad, se queda corta: sólo en la provincia de Buenos Aires, municipios de todas las zonas y colores políticos están despidiendo trabajadores de a miles. En la Plata, el intendente Garro dejó a 4500 en la calle, desatando luego una feroz represión contra quienes protestaban. Los despidos no son patrimonio exclusivo del macrismo: sólo en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, el FPV ha despedido 900 trabajadores, mientras el pejotista Urtubey ya puso en marcha un ajuste antilaboral en Salta y lo mismo ocurre en Santa Cruz con Alicia Kirchner.
El gobierno ha presentado a los despidos como una limpieza de “ñoquis”. Los funcionarios, sin embargo, despiden primero y después preguntan: los despidos son indiscriminados. Los que han sido puestos a cargo de esta escalada, el “Ministerio de Modernización”, ya ha realizado este trabajo en la Capital con resultados conocidos: sanciones y despidos contra trabajadores y activistas. Los “ñoquis”, en cambio, quedaron bajo el paraguas de los acuerdos con la burocracia sindical y los punteros.
Ahora, la gobernadora Vidal decretó la suspensión de la aplicación de la ley de municipales bonaerenses, que preveé paritarias, cobro de antigüedad y garantías de estabilidad laboral. Aconsejados por el massismo e intendentes del FPV, pretenden extender el régimen autoritario del gobierno por decreto a las relaciones laborales.
A quién ajustan
El gobierno invoca el “orden de las cuentas públicas”, y terminar con el déficit. Pero mientras se despiden trabajadores, este mismo gobierno ha convalidado subsidios cuantiosos a los monopolios capitalistas. A los exportadores agrarios se los ha liberado de impuestos. A los pulpos petroleros, le pagan el barril extraído ¡el doble! de lo que vale en el mercado internacional. A los banqueros y especuladores se le va a pagar íntegramente los contratos de dólar futuro, que el propio macrismo había denunciado como un fraude. El “ajuste fiscal” del gobierno es sólo una nueva confiscación a los trabajadores y a los gastos sociales, para rescatar con esos fondos a los capitalistas.
El mayor de estos despilfarros es el acuerdo que ya está en discusión con los fondos buitre, para el reconocimiento de una deuda archiusuraria. La “ofrenda” del gobierno macrista a los especuladores internacionales es un lista de miles de despidos, como garantía de que el presupuesto nacional será reservado integralmente a los usureros.
Cómplices de los despidos
No hay dudas que el terreno para esta escalada ha sido preparado por el kirchnerismo, que sostuvo durante años a decenas de miles de trabajadores estatales en la precarización laboral y la tercerización, que se practica en forma generalizada en las propias empresas del Estado. Los contratos precarios han alimentado todo tipo de cajas negras –por caso, con la intermediación de las universidades, haciendo de contratantes de mano de obra joven y barata. Esta complicidad de fondo se completa con la labor cesanteadora que se lleva adelante en provincias y municipios kirchneristas. En Buenos Aires, y mientras se suceden los despidos, represiones y decretazos, el FPV prosigue su negociación para votar el presupuesto de hipoteca provincial y ajustazo de Vidal, a cambio de fondos para las cajas de sus intendentes.
Desde UPCN y ATE, los representantes sindicales de esta orientación actúan en consecuencia: no se ha convocado a asambleas ni plenarios de delegados locales o provinciales, para debatir una respuesta inmediata a las cesantías. Detrás de sus “protestas” verbales, el kirchnerismo comparte la orientación de fondo que une a toda la clase capitalista, esto es, tramitar un rescate financiero internacional a costa de los trabajadores.
Es necesario impulsar una orientación opuesta y de lucha desde cada repartición, convocando a todo el activismo combativo con un programa. Tomemos como ejemplo el paro general de los combativos municipales de Coronel Suárez, que con una permanencia en el obrador municipal hicieron retroceder el 100% de los despidos en el distrito. Los trabajadores estatales no tienen por qué pagar, con la pérdida del derecho al trabajo, la bancarrota que ha dejado el kirchnerismo. Ningún despido, por la puesta en marcha del pase a planta en municipios, provincias y estado nacional, con listados elaborados bajo la responsabilidad de asambleas de trabajadores en cada lugar. Abajo el decreto negrero de Vidal y su presupuesto de ajuste y endeudamiento. Que el “ajuste” del Estado lo paguen los capitalistas, los monopolios petroleros y sojeros. Por un impuesto extraordinario a los beneficios cosechados con la devaluación. Impulsemos asambleas, reuniones y plenarios del activismo en todas las provincias y municipios, exijamos plenarios de delegados en todas las seccionales de ATE, UPCN, FESIMUBO y todos los sindicatos estatales del país, para impulsar una lucha nacional contra los despidos.
