El juez de garantías Carlos Agustín Crispó hizo lugar al del pedido de detención por parte del Fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI Nº 11 de La Plata donde tramita la causa que investiga la denuncia por abuso sexual contra el cura Raúl A. Sidders. La medida, reclamada por los Particulares Damnificados ha sido requerida por ante el Juez de Garantías.
Este gran paso es posible por la enorme valentía de “Rocío”, denunciante, quien padeció losabusos del religioso entre sus 11 y 14 años, con graves consecuencias y secuelas para su salud.
Tras la solicitud de detención originaria requerida por los patrocinantes de la víctima, los Dres. Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, salió a luz que el Presbítero Raúl Anatolly Sidders se había trasladado al área de la Triple Frontera, en Puerto Iguazú, con grave riesgo de fuga.
La denuncia y consiguiente investigación fue acompañada por parte de la comunidad educativa del colegio San Vicente de Paúl (del cual Sidders era Capellán y dónde perpetró los vejámenes sexuales), sobrevivientes de abuso eclesiástico, organizaciones de mujeres, de derechos humanos y políticas.
La detención fundada ante el cuadro probatorio abrumador que lo señala como autor de los crímenes, constituye además un duro golpe al operativo de impunidad de las autoridades del Arzobispado de la Plata, en persona del propio Víctor “Tucho” Fernández, y del obispado de Iguazú que expresó públicamente que la denuncia se trataba de una fake news.
El encubrimiento de la jerarquía eclesiástica se manifiesta en que, a pesar de la causa en su contra, Sidders mantiene tanto su cargo eclesiástico como público, ya que también es capellán de la gendarmería nacional.
El nuevo escándalo ocurre a sólo un año de comprobarse los delitos de igual índole perpetrados por Eduardo Lorenzo, Párroco de la misma Diócesis de La Plata, cuyo fallecimiento fue anunciado tras trascender su pedido de detención.
Sobre Sidders recae asimismo la prohibición de salidad del país.
Exigimos la investigación a fondo de los hechos denunciados y que recaigan las consecuencias penales sobre el autor de los hechos, sus cómplices y/o encubridores.
Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, abogadxs patrocinantxs de “Rocío”
