El protocolo anti-piquetes del gobierno nacional ha debutado en Mendoza con la imputación de Raquel Blas y Roberto Macho, dirigentes de ATE, y de Federico Lorite, del SITEA, por la marcha a Casa de Gobierno desarrollada el 24 de febrero en el marco del paro nacional de los estatales. El ministerio de seguridad provincial anunció que facilitará a la fiscalía fotos y videos de la manifestación como 'pruebas', al mejor estilo del Proyecto X.
A los dirigentes se les busca aplicar el artículo 194 del código penal, que establece penas de hasta dos años de prisión, por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”. El gobierno de Alfredo Cornejo (Cambiemos) no es el primero que busca criminalizar la protesta social. El gobierno anterior, del justicialista Francisco Pérez, había imputado a Blas por su participación en movilizaciones contra la megaminería contaminante y por una asamblea frente a un hospital.
La imputación contra Blas, Macho y Lorite es un ataque a todo el movimiento obrero mendocino. ATE reclama un 40% de aumento retroactivo al mes de enero y el 82% móvil. Las medidas que derivaron en la imputación de los dirigentes gremiales fueron votadas en una asamblea en la que participaron centenares de trabajadores (PO 1400). Mientras el burócrata José Pedraza recibe el beneficio de la cárcel domiciliaria por el asesinato de Mariano Ferreyra, el sindicalismo combativo es imputado por ejercer el derecho a la protesta.
Abajo el protocolo anti-piquetes, abajo la imputación contra los compañeros.
