Hoy fue el turno de la compañera del Polo Obrero, Cynthia Delgado Vilches, delegada y responsable del comedor popular del barrio de la Carbonilla. A Cynthia le leyeron un “auto” de imputación de más de 3 carillas, con denuncias anónimas y ratificadas bajo aprietes policiales. Con lo cual, la posibilidad de defenderse sin saber quién fue el supuesto “extorsionado” es prácticamente nula.
Pero lo que agravó la situación fue que desde la defensa, habíamos pedido la postergación de las indagatorias para garantizar el derecho a conocer en forma previa la acusación. No solamente se nos negó sin argumento alguno, sino que además, cuando, antes de la indagatoria, solicitamos ver la prueba, nos negaron este derecho fundamental. La prueba no es accesible a través del sistema Lex100 para las defensas, pero son utilizadas como elementos fundamentales para sostener la imputación.
Esta situación fue asentada en la propia acta de la audiencia, constituyendo una fuerte violación del derecho a la defensa. Es decir, la propia imputada no pudo saber cual es la prueba que se utiliza para incriminarla de delitos que al propio juez le llevó 3 carillas poder explicar.
Esta nueva arbitrariedad judicial muestra que la causa apunta a perseguir a los que luchan y se organizan. Queda nuevamente de manifiesto que se trata de una causa que vuelca todos los recursos del estado para perseguir a las organizaciones que enfrentan al gobierno, y que apunta a una persecución política, como lo muestra el allanamiento al local central del Partido Obrero.
Agradecemos la amplia solidaridad ya recibida y llamamos a ampliarla hasta derrotar este proceso persecutorio.
Por nuestra parte, seguiremos defendiendo a cada compañero y denunciando estas maniobras judiciales contra quienes organizan la lucha contra el hambre.
APEL – Asociación de Profesionales en Lucha
