1) La Cámara criminal y correccional Federal ha pedido al juez interviniente en la causa Río Turbio el desafuero de Julio De Vido, por obstaculizar una investigación que da cuenta del desvío de 260 millones de pesos en obras que nunca se hicieron. Los camaristas aluden a a una trama de impunidad que une a Julio De Vido con funcionarios del Estado y de la Universidad Tecnológica Nacional sede Rio Gallegos que articularon ese desvío de fondos. Estas complicidades, al igual que las que existen en la causa de Once, ameritarían la detención de Julio De Vido desde hace mucho tiempo. Pero si la decisión tardía de los jueces se precipita ahora es por una exigencia del macrismo, que espera explotar estas causas para promover un desenlace electoral en su favor. Cuando el macrismo y sus empresas eran socios o cómplices de los Julio De Vido, el Partido Obrero denunciaba estas corruptelas en tiempo y forma: así ocurrió con el vaciamiento y la tercerización laboral en los ferrocarriles, en la lucha donde fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreyra.
2) Meses atrás, el macrismo se sirvió de estas corruptelas para intentar una maniobra política antidemocrática –la expulsión de Julio De Vido del Congreso por razones de “inhabilidad moral”, una figura que, por un lado, servía para blanquear y revestir de “moralidad” a los diputados que votaran la expulsión y, por el otro, sentaba un peligroso precedente de expulsiones sumarias y violación de los derechos parlamentarios. En aquel momento, diferenciamos esta situación de lo que constituiría un pedido de desafuero de Julio De Vido por parte de la justicia, que es lo que ocurre ahora. Si el juez interviniente concreta este pedido, el Congreso debe reunirse y consideradas sus razones y evidencias, los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda lo votarán a favor.
3) Nuestra votación favorable, sin embargo, alerta, no solo sobre la utilización electoral del macrismo, sino también sobre la operación de encubrimiento que implicaría presentar a estas corruptelas como meras responsabilidades penales individuales o sólo relativas al gobierno anterior. Por el contrario, le exigiremos al Congreso un debate político sobre la corrupción, que involucra a todo un régimen político y social y une al kirchnerismo y el macrismo en un hilo conductor común. El caso Odebrecht, por ejemplo, sienta en el banquillo tanto a los grupos capitalistas y funcionarios del gobierno anterior como a la empresa que “pertenecía” a Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Los Panamá Papers, el caso Arribas y otros, exigirían un empeño judicial tan intenso como el que envuelve a los De Vido y Jaime, pero cuentan con el blindaje judicial y político que beneficia al actual gobierno. Al denunciar el manejo del presupuesto público en beneficio de los capitalistas exigimos la apertura de los libros de los contratistas y pagadores de las coimas y el control obrero de la obra pública, el juicio de responsabilidades de los macristas involucrados en estos negociados y su citación al Congreso.
Llamamos la atención a todos los trabajadores sobre un régimen de descomposición y acaparamiento capitalista que envuelve por igual a quienes gobiernan o gobernaron el país, y los convocamos a organizarse en una alternativa política propia.
Néstor Pitrola, Marcelo Ramal, Gabriel Solano, Vanina Biasi
Pablo López, Soledad Sosa (diputados nacionales)
