Los 20 puntos del FIT para enfrentar la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires

Ante la reunión convocada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a los presidentes de bloque de la Legislatura

La pandemia del coronavirus es un fenómeno internacional, que afecta a los distintos países y ciudades de acuerdo a la situación preexistente tanto de su sistema de salud como de su infraestructura, de la situación laboral de sus trabajadores y de las condiciones más generales de vida de la población. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires impacta de un modo agravado, porque afecta a un sistema de salud pública muy debilitado como consecuencia de la asfixia presupuestaria y la precarización de sus trabajadores, que ha sido funcional al crecimiento del negocio del sistema de salud privada. Como botón de muestra alcanza con señalar que en la actualidad existen en todo el sistema público de salud solo 120 camas de terapia intensiva. En la comuna 8, la de menores recursos de la Ciudad, no hay una sola cama de terapia intensiva ni de internación general, porque el hospital de Lugano votado en la Legislatura hace más de 10 años el gobierno sigue sin finalizar las obras. En materia de los trabajadores de la salud entramos a esta crisis con falta de personal, porque el gobierno se ha negado sistemáticamente a pasar a la carrera profesional a las enfermeras y enfermeros y porque mantiene un régimen de superexplotación de residentes y concurrentes. En materia habitacional el crecimiento de la población en las villas, que ya supera las 300.000 personas, agrava la crisis sanitaria ya que la población no solo vive hacinada sino que carece de medidas básicas de sanidad, empezando por el agua potable. En la villa 31, por ejemplo, una parte muy importante de las 40.000 personas que viven allí no tienen agua desde hace meses. Antes incluso que la pandemia del coronavirus las villas están sufriendo una epidemia de dengue, que multiplica los casos de los últimos años. La situación laboral caracterizada por un crecimiento generalizado de la precarización bajo distintas modalidades no solo llevó a un crecimiento de la pobreza. Ahora, ante el parate de la economía, las decenas de miles de trabajadores precarios se han quedado sin ingresos y no tienen lo mínimo y necesario para asegurar su subsistencia. Este universo alcanza a trabajadores sin registrar en el comercio, a quienes desarrollan las tareas de las APP, a los monotributistas dentro de los cuales hay también gran número de profesionales. En materia del sistema educativo, la pandemia ha agravado el muy deficitario sistema de alimentación de los alumnos, que ha sido cuestionado de modo sistemático por la comunidad. Es necesario agregar que la precariedad laboral también alcanza a la docencia. Ahora, como resultado de la suspensión de los actos públicos, muchos docentes suplentes se han quedado sin poder tomar cargos afectando su salario de por sí ya muy insuficiente. Ante este cuadro de situación general planteamos:

Centralización de todo el sistema público, de obras sociales y privado, mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, infectólogos, sanitaristas y representantes de los trabajadores de cada uno de los sectores mencionados, con el objeto de articular junto con el Estado Estado Nacional y los Estados provinciales y municipales. El sistema íntegro, con todos sectores centralizados, se pone a disposición de la atención de la población en general, sin restricciones de cobertura.

Como el sector privado supera en un 500% o más la capacidad de camas de terapia intensiva que tiene el sistema público, es fundamental la intervención por parte del estado sobre el sector privado, para disponer de la totalidad de los recursos y para que la asignación de los mismos sea sobre una base sanitaria y no de la capacidad de pago de la población. Debe decidirse también las prioridades de consultas, operaciones e internaciones a partir del combate a la pandemia, lo que debe llevar a que se pospongan otro tipo de intervenciones que pueden ser reprogramadas. Es el Estado también quien debe velar porque se cumplan las normas de seguridad e higiene en todo el sistema de salud porque los contagios que se realizan en el sector privado repercuten sobre toda la población. Debe tenerse en cuenta las denuncias realizadas por los trabajadores del Hospital Italiano sobre la falta de un protocolo de seguridad, y también el hecho de que la enfermera del Hospital Zubizarreta contagiada de coronavirus habría contraído la enfermedad en un segundo trabajo realizado en una clínica privada en Avellaneda.

Aumento inmediato del presupuesto de salud, educación y para la asistencia social que permita cubrir los gastos extraordinarios que exige el combate a la pandemia y la ayuda social por sus efectos económicos.

Simultáneamente al combate a la pandemia del CoVid19 debemos enfrentar la epidemia regional de dengue. Para esto es necesario proceder a un plan de descacharreo con especial énfasis en las barriadas populares y villas, que concentran la mayor cantidad de contagios. Planteamos también la distribución gratuita de repelente y la fabricación masiva de dicho insumo en los Talleres Protegidos de la Ciudad.

Es necesario una coordinación con la Universidad de Buenos Aires, para utilizar también su red hospitalaria, empezando por el hospital de Clínicas, y el uso de los laboratorios que poseen varias facultades. Debemos promover un convenio para que estos hospitales se incorporen a la red hospitalaria general de la Ciudad. Los dispositivos y la infraestructura de las universidades privadas de medicina que ser puestas bajo control estatal.

Construcción inmediata de hospitales de campaña para multiplicar las camas de terapia intensiva y compra de respiradores. El plan de duplicación de camas de terapia anunciada por el gobierno de la Ciudad es claramente insuficiente y dejará a la población expuesta en caso de un crecimiento exponencial de los contagios. Es urgente dotar de camas al hospital de Lugano Cecilia Grierson habilitando de modo inmediato 200 camas de internación y 80 de terapia intensiva, más el personal de salud necesario para su atención. Llamamos la atención sobre la situación del hospital Ferrer, que actualmente actúa como centro de referencia, pero tiene solo 8 camas de terapia de las cuales una sola es de aislamiento y tiene un grave faltante de profesionales.

Es necesario que el sistema de salud de la Ciudad garantice la realización de los test de detención del virus. Para ello es necesario disponer de los laboratorios tanto públicos como privados, garantizando el acceso a los tets a todas las personas que presenten síntomas compatibles con el Cod-19 o que pueda existir algún indicio de que pueda ser portador pasivo del virus. Los 45 Cesac que cuenta la Ciudad en todos los barrios deben ser centros de realización de los tests en todos los casos que el personal de salud lo prescriba.

Pase a la carrera profesional de las enfermeras y enfermeros de la Ciudad, lo cual ayudará no solo a mejorar sus magros ingresos sino también a reducir la jornada laboral y con ello también la posibilidad de contagios. La experiencia internacional muestra que los trabajadores de la salud son las principales víctimas de contagio y siendo un `bien escaso` es necesario tomar medidas que permitan preservarlo para no afectar la atención de la población. Dado el número claramente insuficiente del personal de enfermería (sólo 8.000 aprox.) planteamos la convocatoria inmediata a los estudiantes de los años superiores de las carreras de enfermería para que sean incorporados con plenos derechos laborales. Debe dejarse sin efecto la convocatoria al personal jubilado, pues se trata de un grupo de riesgo.

Sobre los residentes y concurrentes planteamos en primer lugar que se atiendan la totalidad del petitorio presentado por los representantes de todos los hospitales en las reuniones ya realizadas con los funcionarios del ministerio de salud. El régimen de superexplotación laboral actual es incompatible con una atención adecuada a la población y con la preservación de la salud de los propios profesionales. Es necesario que los 1.400 residentes que concluyen sus exámenes en el próximo mes sean incorporados de inmediato a la planta hospitalaria con los mismos derechos que todos los profesionales de la salud. En relación a los concurrentes planteamos el pago de salario proporcional a la jornada laboral y que se le otorgue a ART, algo que aunque parezca elemental aun no sucede. Planteamos jornada laboral de 30 horas para todos los años y guardias pagas.

Provisión masiva de Elementos de Protección Personal (EPP) para proteger a los trabajadores de salud del contagio. Ya se han confirmado contagio de enfermeras y se ha puesto en aislamiento a los trabajadores de su servicio lo que además resiente la atención. Formación en los 34 hospitales de la Ciudad y en los 45 Cesac de comités de seguridad e higiene compuestos por trabajadores de las distintas áreas, incluyendo los administrativos que en muchos casos son los primeros en recibir a los pacientes. Estos comités deben velar por el cumplimiento de los protocolos por parte de las autoridades y deben informar de inmediato el faltante de suministros o material de seguridad. También deben asegurar que todos aquellos trabajadores de la salud que puedan tomarse las licencias en los casos que le corresponda. Denunciamos que es criminal la presión que están realizando los directores y personal jerárquico en los hospitales prohibiendo a los trabajadores el acceso a las licencias. Reducción de jornada laboral y pase a planta del personal tercerizado de limpieza y mantenimineto. Eximición de ganancias y transporte gratuito para todo el personal de salud. Sector especial para cambio de ropa del personal al ingreso y egreso de la jornada laboral, lavado del equipo de trabajo en lavanderías hospitalarias.

Reparto gratuito en todas las villas y barrios populares de la Ciudad de elementos de higiene, lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier medicación que -por indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. Provisión de agua potable en todos los barrios. Comités de control de los vecinos para verificar el cumplimiento de estas tareas.

Reforzamiento de asistencia a los comedores populares de las barriadas, que son un centro fundamental para asegurar la alimentación de la población más necesitada. La asistencia social debe estar bajo el control de las organizaciones sociales y no de las fuerzas de seguridad.

Asegurar a los trabajadores del transporte público de los elementos de seguridad necesarios para evitar los contagios y reducción de la jornada laboral a turnos de 4 horas tanto para el servicio de subterráneo como de las líneas de colectivos. Que las empresas dispongan de unidades suficientes para que no viaje con personas paradas, ni con todos los asientos ocupados, tendiendo a disminuir el servicio sobre la base de la disminución de la actividad general.

Garantía salarial a todos los docentes que perdieron cargos y no accedieron a nuevos por la suspensión de los actos públicos. La garantía salarial debe ser equivalente a los cargos que tenían a noviembre del 2019. Percibimiento salarial de aquellos docentes que no hayan podido realizar la toma de posesión de cargos titularizados, trasladados o permutados. En ningún caso puede estar por debajo del salario mínimo garantizado para los trabajadores de la educación. Continuidad de pago de haberes a trabajadores del Plan Fines y de los programas socioeducativos que ven afectado su inicio por las medidas adoptadas. Cobertura de la asistencia de la obra social ObsBA a todo docente y personal auxiliar de limpieza que haya revistado algún cargo en las diversas áreas, juntas y programas socioeducativos del sistema educativo del GCABA a febrero 2020. Pago en tiempo y forma de todos los salarios adeudados. Extensión del artículo 73 del Estatuto del Docente para aquellos docentes suplentes que se encontraban en usufructo de licencias art 70 a, b, e, ch, hasta que se reanude el funcionamiento regular de clases.

Ante la imposibilidad de continuar con el servicio de comedor en las instituciones educativas planteamos la entrega de viandas y alimentos que aseguren una alimentación saludable, cuya distribución se realice en las escuelas cabeceras de distrito con personal especializado en la manipulación de alimentos. Partida presupuestaria extraordinaria para, cuando se disponga la reanudación de la actividad educativa, abastecer a todos los establecimientos educativos de todos los niveles de todo el territorio nacional, de los insumos para prevenir el contagio de coronavirus, sarampión y dengue (jabón, alcohol en gel, toallas, desinfectantes, repelentes, guantes, etc.) y para la contratación de personal auxiliar para garantizar la limpieza e higiene de cada establecimiento.

Cese del cobro del impuesto inmobiliario y el ABL sobre la vivienda única a toda la población afectada por el cese de actividades. Impuestos progresivos a grandes rentas y fortunas.

Congelamiento de alquileres y de cuotas de créditos hipotecarios por seis meses. Prohibición de los desalojos o remates. Disponer de un fondo estatal para ayudar al pago de las expensas a las familias de menores recursos.

Prohibición de los despidos y de suspensiones con reducción salarial en el ámbito de la Ciudad.

Cese o reducción de todas las áreas de la actividad económica estatal y privada no esenciales a la alimentación y la salud, bajo supervisión de comités electos por los trabajadores. Garantías de salubridad e higiene de aquellas actividades que sean imprescindibles, por el período establecido, prorrogable según la evolución de la pandemia en el país, bajo supervisión del comité de médicos expertos y científicos. Intervención gremial allí donde se pretenda anteponer el interés de lucro particular a la necesidad de reducir la circulación general.


Interrupción inmediata de todos los pagos de la deuda pública en pesos y en dólares en todas las jurisdicciones (solo en enero y febrero se han pagado $157.000 millones en servicios de la deuda), en el marco de un plan económico integral que incluya la nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos del país, sin indemnización, para que todo el ahorro nacional sea destinado a la emergencia y las medidas descriptas, y a las necesidades sociales y de desarrollo productivo que se ponen de relieve con mayor crudeza en el marco de la pandemia y de la crisis económica y social