Señores funcionarios:
La lucha contra el Covid-19 ha creado una situación excepcional en nuestro país que afecta todas las áreas de la vida social y productiva. Su Ministerio no está al margen de esta realidad, sino que cumple un rol fundamental en momentos de aislamiento social que requieren plenas garantías de acceso a los medios y la comunicación por parte de millones de argentinos, en un cuadro de graves déficits en la provisión de estos servicios.
Se hace cada vez más evidente que el aislamiento social obligatorio, como medida sanitaria para preservar la salud de la población frente a la pandemia, no es real si no se garantizan un conjunto de medidas sanitarias, sociales, económicas y de defensa de los trabajadores. En lo que respecta al área de comunicaciones, no sólo es prioritario que se garanticen el trabajo y sueldo de los trabajadores de todos los sectores que afectan a la actividad de prensa, redes, telefónicos y de la cultura; sino también el acceso pleno a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión, para que se garantice el derecho a la comunicación de todo el pueblo que se encuentra en aislamiento social obligatorio.
Le solicitamos que responda a las siguientes preocupaciones y preguntas:
1) La cuarentena ha producido una mayor demanda sobre los servicios de comunicación y para la actividad postal.
En el caso del servicio de Internet se ha producido un aumento en las fallas de los prestadores, como Telecom/Fibertel, Telecentro, por nombrar algunas. El ENACOM realizó una campaña para bajar el uso de las redes apelando a que los usuario no envíen memes por whats up o videos; sin embargo, no se conocieron campañas que apunten a un mayor control sobres las empresas.
La cuarentena crea una situación de falta de controles. Es esperable que aumente la cantidad de interferencias (que no se atendieron en este período) sobre servicios esenciales (meteorología, aeropuertos, fuerzas de seguridad) y por ende todo tipo de denuncias: por incumplimiento de las empresas, perdidas de servicios, riesgo eléctrico, zonas incomunicadas. Aumentarían, como consecuencia del aumento de las denuncias, los procesos sancionatorios.
También aumenta el servicio de envío de paquetes por las compras on line y los reclamos asociados a este tipo de actividad.
¿Qué medidas extraordinarias tiene previsto garantizar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas que brindan servicios de internet?
¿Qué controles han dispuesto sobre las empresas prestadoras de estos servicios? ¿Cuál es la inversión que deberían hacer las mismas para terminar con las fallas en los servicios? ¿Por qué no los hacen? ¿No van a aplicar penalidades sobre las mismas?
¿Van a reincorporar a los 400 despedidos bajo la gestión de Macri en el ENACOM, entre ellos profesionales y técnicos? ¿O van a avalar esos despidos y el vaciamiento de las funciones que cumplían?
2) Dado el contexto de crisis que estamos atravesando, muchas familias trabajadoras se ven imposibilitadas de pagar los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, las empresas Claro, Movistar y Personal aumentaron las tarifas el 1 de marzo, agravando esta situación. Siendo las telecomunicaciones un servicio esencial y fundamental en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio:
¿Por qué no disponen la continuidad obligatoria del servicio de telefonía e internet a todo usuario residencial u organismo dedicado a combatir la pandemia por falta de pago, sin restricciones, prohibiendo que se corte el suministro?
En el ámbito educativo se han liberado datos para ciertas plataformas virtuales. La medida resulta insuficiente porque en la enorme mayoría de los casos se requiere acceder a otros contenidos on-line para poder mantener la “continuidad pedagógica” que reclama el gobierno.
¿Por qué no se garantiza la libre conectividad para estudiantes y docentes de todos los niveles educativos para que se puedan sostener el acceso a los contenidos pedagógicos?
Corresponde que mientras dure la emergencia sanitaria se retrotraiga (y en caso de haber cobrado se reintegre) a los usuarios residenciales el aumento tarifario, no sólo a los grupos que ya han sido exceptuados, sino en términos generales, tomando en consideración que la crisis creada afecta la economía de un sector más amplio que han pasado a una situación de vulnerabilidad .
¿Van a mantener los aumentos de tarifas –a todos los que quedan por fueras de las excepciones ya dispuestas- a pesar de la situación excepcional que estamos viviendo?
3) La cuarentena llevó a la realización de muchas tareas de las telecomunicaciones a través del teletrabajo. Esta forma de trabajo debería realizarse con los elementos y herramientas adecuadas a cargo de las empresas como notebooks, silla ergonómica, auriculares, etc –que no se están garantizando. Los trabajadores destacan a su vez una situación que tiende a agravarse como es la presión laboral en ambientes y contextos que no siempre son favorables al trabajador o no cumplen las condiciones adecuadas. A esto se suma la tendencia a aumentar y/o modificar la jornada laboral, no quedando claramente establecida, en medio de un aumento de los ritmos y objetivos en muchos casos abusivos en tareas no esenciales. De esta manera se está afectando la salud e integridad de los y las trabajadoras en un contexto de pandemia y confinamiento social y obligatorio, que por ello reclaman una reglamentación del teletrabajo y una reducción de la jornada laboral que no pueda exceder las 6 horas diarias mientras dure la pandemia, para preservar la salud física y mental de los trabajadores
¿Qué gestiones preveen tomar frente a esta situación? ¿Qué intervención frente a las empresas bajo la órbita de sus carteras han adoptado para atender la situación de los trabajadores –que afecta a la calidad de los servicios?
4) Las telecomunicaciones forman parte de las actividades declaradas esenciales establecidas en el decreto DNU 297/2020. Esta esencialidad es usada en muchos casos de manera abusiva por parte de las empresas para realizar todo tipo de tareas, exponiendo a los trabajadores que se desempeñan en la vía pública al contagio, con el solo objetivo de competir entre las empresas y aumentar una ganancia extra. El 26/03/2020 un trabajador tercerizado de Telecom/Cablevisión, de apellido Saucedo, falleció en la localidad de Goya provincia de Corrientes por un “accidente” manipulando un poste en una tarea que no era esencial.
¿Están al tanto las autoridades de esta situación? ¿Cuántas denuncias similares han registrado?
¿Qué medidas piensan adoptar para evitar que Telefónica/Movistar, Telecom/Cablevisión y Claro presionen a los trabajadores efectivos, contratados y tercerizados para realizar tareas no esenciales y sobre todo nuevas instalaciones o reparaciones dentro de los domicilios, exponiendo a los trabajadores y usuarios al contagio, presionando a los tercerizados bajo amenaza de no cobrar o directamente ser despedidos?
5) Se ha establecido a nivel nacional el otorgamiento de la licencia por ausencia justificada descripta en la Resolución 207/20, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, para cuidado de hijas e hijos. En el caso de la Provincia de Mendoza, además, la misma está contemplada en los art 3 y el art 6 del decreto 384/20 del Ministerio de Trabajo y Seguridad de Mendoza. No obstante ello, no sé está aplicando en el ámbito laboral de Movistar, Personal/Telecom de la provincia luego del DNU 297/20, que estableció a las telecomunicaciones como servicio esencial. Dicho decreto fijó la modalidad de teletrabajo, para todos los trabajadores que pudiesen realizarlo. A partir de ahí se negó rotundamente la licencia por ausencia justificada, a padres, madres, tutores que tuvieran a cargo el cuidado de menores, obligando a teletrabajar en condiciones de hostigamiento, amenazando con descuentos y medidas disciplinarias en caso de solicitar dicha licencia. A pesar de solicitarse dentro del marco indicado, con declaración jurada, explayando y certificando motivos especiales, que incluyen las condiciones habitacionales dónde se desarrolla una vida familiar, con cuidados específicos de menores, vulnerando el derecho superior del niño/a, adultos mayores de riesgo, hijos con tratamientos terapéuticos.
¿Las empresas telefónicas fueron exceptuadas del cumplimiento de las licencias establecidas en la Resolución 207/20? ¿Están habilitadas para realizar descuentos salariales o sanciones a los alcanzados por la misma mientras dure la pandemia?
6) Desde el 20/03/2020, con declaración del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, decreto DNU 297/2020, Telefónica / Movistar dejó de atender el Servicio de Información gratuito 110 que debe brindar según la legislación vigente a todo usuario abonado. Han interrumpido este servicio mientras mantienen el 112 que realiza el cobro de la facturación. La empresa Telefónica / Movistar se niega a hacerlo aduciendo que se puede buscar información mediante un mensaje de texto con un costo adicional o buscando por Internet. Cuando no toda la población puede acceder de esta forma a la comunicación y acceso a la información de números para poder comunicarse con usuarios, hospitales, comisarias, centros de salud, dependencias estatales, empresas, en medio del aislamiento actual. Lo que redunda en un perjuicio a la población que utiliza este servicio, que en la mayoría de los casos forma parte de los llamados “grupos de riesgo” mayores de 60 años. Esta denuncia fue presentada en el ENACOM el 16/03/2020.
¿Podría el presidente Claudio Ambrosini, brindar información sobre las actuaciones para que se restablezca este servicio gratuito a toda la población?
7) EL servicio de comunicación e intermediación de personas hipoacúsicas e Impedidas del Habla (HIH) de Telefónica / Movistar que se brinda desde el portal https://www.movistar.com.ar/productos-y-servicios/hih se dejó de atender desde el 20/03/2020. La empresa aduce problemas técnicos, pero hace más de un mes que no lo brinda y antes de la epidemia dejaba de atenderlo periódicamente y en distintas franjas horarias con la intención de cerrarlo. Siendo que es una obligación legal de la empresa y forma parte de los derechos de la población hipoacúsica e impedida del habla a poder comunicarse en tiempo y forma:
¿Qué medidas van a disponer para que se restablezca el servicio como corresponde? ¿Cuándo va a estar resuelto?
8) En el ENACOM se ha conocido un caso de violencia de género que fue motivo de una radio abierta el 8 de marzo de este año y distintas acciones de concientización y difusión los días previos a la cuarentena.
Melisa Fernández, empleada de ese organismo, fue despedida luego de un proceso de hostigamiento laboral y acoso por parte de un funcionario del mismo. Inició un juicio por despido indirecto, con expediente laboral 10180/2015. Tuvo sentencia favorable en 2017, sin embargo no se dio cumplimiento al pago de la indemnización. Hay un evidente conflicto de intereses en juego, dado que quien lleva la defensa del caso por parte del ENACOM está directamente involucrado con el acosador.
Melisa fue recibida por Silvana Giudici el 06/12/2019, anterior presidenta del organismo, y el jueves 27/02/2020 por Daniel Siciliano, funcionario de su gestión. Tampoco ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Mujeres y Diversidad, mientras sigue violentada y revictimizada por el Estado y por la gestión del ENACOM.
El aislamiento social obligatorio está siendo la nueva excusa para que no se dé una respuesta a una situación de tan largo arrastre. Más aún, cuando la violencia de género se ha puesto en el centro de la escena, como problemática social profunda agravada por la cuarentena.
¿Por qué no dan respuesta a Melisa Fernández y su justa demanda de indemnización? ¿Qué tratamiento piensan darle al tema? ¿Cuánto más deberá esperar una respuesta?
9) La irrupción de la pandemia y la cuarentena que, desde el vamos, estableció la esencialidad de la actividad periodística, en rigor, implicó un estímulo a las ganancias patronales bajo la forma de ratings récord, altos flujos de audiencia web y, especialmente, el ingreso de pauta oficial y hasta privada. Sin embargo, para las empresas generó un contexto ideal para seguir deteriorando la actividad e incluso avanzar en despidos y cierres truchos con el propósito deliberado de imponer nuevas formas contratación y nuevos regímenes laborales.
Los más de 4.500 despidos acumulados en los últimos años oficiaron también como plataforma para imponer rebajas salariales en los medios públicos y privados así como extorsión para avanzar en la vulneración del Estatuto del periodista y el convenio.
¿Qué medidas dispusieron para supervisar las condiciones de la actividad periodística en el marco de la cuarentena? ¿Qué seguimiento tienen del destino de lo recaudado por la pauta oficial?
¿Qué actuaciones dispusieron desde su cartera en lo que refiere al cumplimiento del estatuto del periodista? ¿Qué intervención han tenido frente a las empresas, cuya actividad regulan, en relación a esta problemática?
10) Los despidos no han cesado en el gremio de prensa en medio de la cuarentena. La patronal de la revista Pronto cometió una violación flagrante de la conciliación obligatoria, despidiendo trabajadores y forzando objetivamente a un cierre para tercerizar y precarizar la labor.
El mismo día en que miles de trabajadores se manifestaban por las redes y en medio de la cuarentena, la patronal de Atlántida, que edita Revista Gente, Paparrazzi y Billiken entre otras publicaciones, haciendo caso omiso al decreto de prohibición de despidos, decidió cesantear a 45 trabajadores. La comisión interna del SiPreBA denunció “amenazas de despidos a trabajadoras y trabajadores de la editorial mediante un llamado de sus jefes directos quienes les anuncian que la empresa decidió ‘liberarlos de prestar tareas’ y les informan que se comunicarán con ellos en estos días para tener una reunión y llegar a un "arreglo"”.
¿Por qué no se aplican sanciones contra estos atropellos? ¿Por qué se permite que se viole impunemente el DNU que prohíbe los despidos en el ámbito de sus carteras?
11) Los gremios de prensa, Sipreba y Fatpren, vienen denunciando las precarias condiciones y la desprotección en que los trabajadores del sector hacen frente a la pandemia. Empezando por la situación salarial, particularmente crítica si se considera que en los últimos siete años el poder adquisitivo de los trabajadores de prensa se redujo hasta un 50%. A eso se suma que la negociación de la segunda fase de la paritaria del 2019, ya atrasada fue suspendida una vez declarada la cuarentena -dejando el aumento en apenas un 15%.
¿Han dispuesto algún tipo de gestión para intervenir sobre la grave situación salarial de los trabajadores de los medios de prensa y comunicación? ¿No corresponde que se extienda a los trabajadores de prensa el bono especial por tarea esencial concedido a otros sectores?
12) Los medios gestionados por sus trabajadores no percibieron ninguna ayuda económica para atravesar la situación asfixiante que ya venían arrastrando y que, ahora, se profundiza.
¿Qué medidas van a disponer para revertir el problema que atraviesa este sector?
13) En materia de actividad periodística, es sabido que el SIPREBA reúne a la abrumadora mayoría de las comisiones internas de diarios, revistas, TV y radio -y es el sindicato de base reconocido por la Fatpren en las negociaciones paritarias.
¿Por qué ante la evidencia de que la representación legítima de los trabajadores de prensa corresponde al SIPREBA, el gobierno y las empresas siguen tomando como interlocutor válido a la UTPBA?
14) ¿Qué inversiones se han hecho desde el Estado para el reforzamiento de las redes digitales y el acceso garantizado a ellas de los sectores populares?
15) ¿Por qué no se abren los medios públicos para un debate plural y representativo sobre la crítica situación que estamos viviendo, donde se expresen todas las voces sociales y políticas, por ejemplo a través de la TV Pública?
Reclamamos la estatización de todas las empresas de medios y comunicaciones, bajo control de un comité electo de trabajadores y usuarios (electo por sus pares), para que se garantice plenamente el derecho a los medios y la comunicación para toda la población, y se avance en una real democratización de los mismos.
