Señor ministro:
La cuarentena ha impuesto un parate general de la actividad –que no obstante cada vez es menor, a medida que se da lugar al lobby de los grupos capitalistas por preservar un alto nivel de ganancias en torno a actividades que nada tienen de “esenciales”- y ha agudizado los problemas sociales, económicos y de distinto orden en nuestro país (y en el mundo).
En materia ambiental, un problema que está en el centro de la escena es, sin dudas, la influencia de la crisis ambiental en la propagación del virus Covid-19 y, por otro lado, la sostenibilidad en el tiempo de la supuesta recomposición ambiental que habría traído la cuarentena a nivel mundial –que evidencia la incompatibilidad entre un desarrollo ambiental sustentable y el capitalismo, que como régimen social reposa no sólo en la explotación de la mano de obra de los trabajadores, sino también en la explotación de los recursos naturales de manera anárquica y desbastadora. La cuarentena ha revelado que el capital no tiene capacidad de estructurar una salida de la crisis ambiental que sea planificada.
En nuestro país, los efectos desbastadores sobre el ambiente que producen los agronegocios, la gestión privada de las cuencas y la energía, la continuidad de los desmontes, y las emisiones contaminantes –son problemas de enorme gravedad que lejos están de resolverse, sino que se agravan día a día (y no han entrado en “el parate” de la cuarentena). La declaración de la continuidad de una actividad altamente contaminante como la minería, de improbable “esencialidad” en las actuales circunstancias, da cuenta de que las prioridades que fija el gobierno no están asociadas a revertir una problemática de tan alto alcance.
Sobre las cuestiones que hacen a su cartera, entonces, le solicitamos al Ministro que responda a las siguientes preocupaciones y preguntas.
1) Hay serias denuncias en todo el país de que los desmontes no cesan, sino todo lo contrario. La ley de bosques, de por sí muy limitada, se viola impunemente.
¿Por qué permite que se viole la ley de bosques? ¿Qué controles han dispuesto? ¿Qué penalidades se han aplicado para quienes vulneran la legislación vigente?
¿Qué medidas van a tomar para frenar efectivamente los desmontes ilegales, como los que se han desarrollado en el impenetrable chaqueño –tal cual fuera denunciado por Greenpeace y el colectivo chaqueño Somos Monte?
¿Por qué las estadísticas son tan imprecisas que no se sabe cuántos millones de bosques nativos tenemos?
¿Por qué han permitido recategorizar zonas amarillas en varias provincias, como por ejemplo en Salta?
2) El Acuerdo de París, al que suscribió el gobierno argentino junto a otros 195 países en el año 2015 (con la participación de los grandes pulpos empresariales más contaminantes del mundo), estableció el objetivo de contener la elevación de la temperatura global –provocada por la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono– en un rango de 1,5 a 2°C con respecto a los niveles preindustriales. El Acuerdo (que desde el Partido Obrero cuestionamos en su momento por ser una lavada de cara al imperialismo, sin alcance real en materia de preservación ambiental) se está incumpliendo en todo el mundo, como era predecible por los planes reales de emisión de las distintas potencias y empresas, sumada a la ausencia completa de sanciones ni penalización a los infractores.
Respecto del calentamiento global y emisiones, le solicitamos que informe:
¿Qué plan tienen para reducir las emisiones contaminantes? ¿Cuáles son los plazos?
¿Qué acciones está llevando a cabo el ministerio para cumplir con el acuerdo de Paris 2015 al que suscribió la Argentina? ¿Cuál es el plan del gobierno en materia de emisiones contaminantes?
3) Nos interesa que Ud. pueda responder sobre las acciones de control y remediación que se realizan desde vuestro sector respecto a la contaminación causada por la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén, en especial, en todo lo relacionado a la explotación por el método del llamado “fracking” (No Convencional), pero también respecto a la explotación denominada Convencional.
Desde la utilización del método de “fracking” para la extracción de hidrocarburos en las formaciones Las Lajas, Vaca Muerta, Mulichinco, etc., han comenzado una serie de movimientos sísmicos que afectan a una población cercana llamada Sauzal Bonito. Algunos de estos sismos, han tenido una intensidad importante que ha producido rajaduras de paredes, etc.
¿Qué estudios se están realizando para el registro de estos movimientos sísmicos, con qué sistema y aparatología de medición y qué acciones de mitigación se han realizado sobre la población afectada?
¿Qué medición y qué resultados ha arrojado el control de aguas subterráneas respecto a la presencia de hidrocarburos, metales pesados y sustancias tóxicas, así como las locaciones donde se realizaron esas mediciones y qué organismo oficial científico respalda los resultados si se han realizado?
¿Tienen entre sus planes limitar el número de fracturas por pozo, dado que la cantidad de ellas ha crecido notablemente?
4) En la provincia de Neuquén hay muchos pozos a los cuales se les aplica el método de recuperación secundaria, que utiliza sustancias radioactivas de larga vida residual como el tritio y otras, para estudiar su factibilidad.
¿Qué medición y qué resultados ha arrojado el control de aguas subterráneas respecto a la presencia de esas sustancias radioactivas, así como las locaciones donde se realizaron esas mediciones y que organismo oficial científico respalda los resultados si se han realizado?
¿Existen estudios sobre cómo afectan la vida humana y animal esas sustancias radiactivas a través de la contaminación de napas freáticas y suelos?
5) Existen proyectos de leyes en la Provincia de Neuquén para modificar la traza de la zona roja de las leyes de protección de bosques, sobre todo en la zona sur de la provincia en tierras cercanas a los centros de esquí, con el objeto de permitir la construcción en zonas actualmente vedadas de las llamadas “aldeas de nieve”.
¿Qué medidas se tomaron y se tomarán desde su ministerio para impedir este intento de destrucción del bosque nativo?
6) Respecto del control de la plataforma continental y su fauna en las dos áreas de exploración petrolera off shore (fuera de costa), sabemos que la cuenca Argentina Norte se extiendo unos 100.200 kilómetros cuadrados; la de Malvinas Oeste cuenta con una superficie de 86.400 kilómetros cuadrados, de 100 a 600 metros de profundidad; y la Austral es de 14.200 kilómetros cuadrados.
Como resultado de la licitación realizada por la Secretaría de Energía en abril de 2019, trece empresas están realizando los bombardeos generadores de sismos, propios de la actividad. La competencia entre ellas genera un fuerte impacto sobre la fauna.
¿Qué hace el Ministerio de Ambiente para controlar esta actividad que se realiza en el mar argentino? ¿Qué procedimientos se utilizan? ¿Qué instituciones y/o empresas intervienen?
7) La escasez de lluvias ha generado bajantes extraordinarias en los principales ríos de la cuenca del Plata: Paraná y Uruguay en todos sus tramos y Paraguay, en su curso medio e inferior.
Según un reciente informe del Instituto Nacional del Agua los datos de nivel correspondientes al 24 de abril para los puertos de Corrientes , Paraná, Santa Fe y Rosario se encuentran entre 1 y 0,55 metros sobre el nivel del mar mientras que la media histórica está entre 4,11 y 3,76 msnm, respectivamente.
El principal perjuicio que ocasiona esta sequía es la dificultad en la operación de las plantas de tratamiento de agua que abastecen a las principales ciudades costeras dado que la calidad de agua empeora mucho y requiere mayor cantidad de reactivos y operaciones para su potabilización. En momentos de necesidad de agua para la lucha contra la pandemia la disminución del suministro puede agravar la situación sanitaria.
En la Bajante Paraná no se están realizando los diagnósticos de los ríos inter jurisdiccionales (monitoreo de calidad de agua), lo cual complica seriamente la operación de las plantas potabilizadoras y los usos recreativos de los ríos.
¿Por qué no se hacen los diagnósticos respectivos? ¿Cuándo se van a hacer? ¿Cuál es el plazo?
¿Qué plan tienen para garantizar la disponibilidad y calidad del agua potable, teniendo en cuenta lo que ocurre con la bajante del Paraná?
¿Se han adoptado medidas de monitoreo de aguas, a los fines de diagnosticar el estado de los ríos y poder ejercer control sobre las actividades que los usuarios de las aguas realicen? ¿Cuáles son esas medidas?
8) Los comités de cuenca que la Ley de Aguas obliga a constituir: ¿Tienen fondos para ejercer las actividades de control de calidad y cantidad y gestión? ¿Tienen estatuto que obligue a los grandes usuarios a hacer los aportes para que las cuencas sean sustentables? ¿Cómo se define quiénes son los “grandes usuarios” que deben aportar?
9) El problema citado, originado por la escasez de lluvia y asociado a la privatización de la gestión del riego y del manejo de las represas, afectó también el sistema eléctrico argentino, ya que tanto la represa de Yaciretá, ubicada en el rio Paraná, como la represa de Salto Grande, en el rio Uruguay, no pudieron generar la cantidad habitual de energía. Y otro efecto negativo es la pesca ilegal que derivó en un aumento de la mortandad de peces.
La competencia entre países y sectores productivos, en particular la agricultura y la ganadería que están presionando sobre el recurso, no favorecen la distribución adecuada del servicio ambiental que ocasiona un río. El manejo de las represas, la distribución del riego y la energía debe estar bajo control de los trabajadores y la comunidad afectada.
¿Qué controles tienen sobre la pesca ilegal? ¿Qué medidas para revertirla? ¿Qué informe sobre el problema pueden presentar?
¿Qué control tienen sobre las empresas privadas que gestionan el riego y manejan las represas?
¿Por qué se sigue preservando la gestión privada –organizada en torno a la ganancia capitalista y no a la preservación de los recursos- en esta materia tan sensible?
Corresponde la nacionalización, bajo gestión de los trabajadores, de la Hidrovía y los puertos, las plantas de purificación de agua y efluentes de las ciudades costeras.
¿Por qué no avanzan en esta dirección?
10) En materia energética: ¿Su Ministerio tiene un plan nacional que defina la exploración y explotación menos impactante para el ambiente? ¿En qué consiste ese plan? ¿Cuáles son los proyectos y las medidas a adoptar? ¿De qué modo se van a aplicar y cuál es la vía de financiamiento?
11) A través del DNU N°297, y la Resolución administrativa 49/2020, el gobierno ha exceptuado a la minería –una actividad de alto impacto contaminante- del aislamiento social obligatorio. Los grandes pulpos que explotan esta actividad están actuando asimismo con completa impunidad en un plan de ofensiva contra los derechos de los trabajadores. Esto se puede ver, por citar un ejemplo, en Andacollo (localidad de la Provincia de Neuquén), donde la empresa Trident Southern Exploration, que explota por licitación la mina de oro y plata en la localidad neuquina de Andacollo, está retrasando seriamente el pago de los salarios, adeuda los aportes jubilatorios desde agosto de 2019 y las cargas sociales desde noviembre.
¿Qué controles realiza su ministerio sobre el impacto contaminante de las distintas empresas mineras que operan en el país? ¿Qué medidas van a tomar para revertirlo?
¿Se han dispuesto medidas especiales de control de la actividad que continúa bajo la cuarentena?
¿Qué control tienen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad para garantizar la salud de los trabajadores de un rubro que está bajo la órbita de su cartera?
¿Qué sanciones corresponden a empresas como Trident Southern Exploration que atacan el salario de los trabajadores? ¿Realizan algún tipo de gestión o medidas desde su Ministerio en relación al no cumplimiento de los derechos laborales por parte de estas empresas?
12) Existe un debate sobre el uso de las antenas del 5G y los efectos nocivos que éstas podrían acarrear sobre la salud de la población, como por ejemplo efectos cancerígenos.
¿Qué evaluación han hecho sobre el impacto ambiental de las mismas? ¿Cuál es el alcance real del uso de estas antenas? ¿Qué medidas tomaron o van a tomar al respecto? ¿Cuáles son los controles que aplican sobre las empresas del sector?
13) El Ministerio de Relaciones Exteriores redujo aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el país, en una maniobra que implica un beneficio para las multinacionales productoras de herbicidas, diseñados para controlar las malezas de cultivos como maíz, soja, caña de azúcar, algodón, yerba mate y tabaco, entre tantos otros.
Los afectados por la «rebaja» del gobierno son los compuestos químicos empleados para la fabricación de agrotóxicos: monoisopropilamina y sus sales, con un cupo de 26.282 toneladas; y dimetilamina, con un límite de 6000 toneladas.
Mientras tanto, crece el reclamo constante de gran parte de la población para reducir o eliminar el uso de agrotóxicos en los cultivos por el comprobado daño causado en la salud de los habitantes y del ambiente. En decenas de puntos del país, en especial Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, la lucha contra los agrotóxicos tiene una explicación: cáncer, abortos, malformaciones, alergias, dermatitis, enfermedades respiratorias y digestivas, entre otras patologías, son denunciadas día a día ante los funcionarios, que lejos de entregar una solución a la población financian con dinero del estado una reducción impositiva para seguir envenenando.
¿Qué evaluación tienen del impacto ambiental de la fabricación de estos insumos en el país? ¿Cuál es la posición de su ministerio respecto a su fabricación en el territorio nacional?
¿Qué controles van a disponer?
¿Por qué no disponen medidas para reducir, y eventualmente eliminar, el uso de agrotóxicos en los cultivos?
14) Más de 100 organizaciones campesinas y socioambientales denunciaron fumigaciones con agrotóxicos durante la cuarentena. Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, son algunas de las provincias donde el agronegocio arrojó venenos sobre la población en días de cuarentena, donde aparentemente se cuidaba la salud. El agronegocio, como se ve, es otra pandemia en ascenso.
¿Qué conocimiento tienen de estas denuncias? ¿Están habilitadas esas fumigaciones? ¿Qué controles están haciendo? ¿Qué penalidad hay para las empresas que las realizan?
15) En el año 1996 el gobierno de Carlos Menem autorizó la primera soja transgénica con un trámite veloz de sólo 81 días y en base a estudios de la propia empresa Monsanto, según denunció el periodista especializado Darío Aranda. Para aprobarlo, Felipe Solá invocó un dictamen jurídico que aún no se había firmado.
Dos décadas después, el 60 por ciento de la tierra cultivada tiene un sólo cultivo y se utilizan, cada año, 200 millones de litros de glifosato. Sus consecuencias: récord de desmontes, uso masivo de agrotóxicos y sus consecuencias sobre la salud y el ambiente, inundaciones, desalojos a campesinos y pueblos indígenas, concentración de tierras en pocas manos y más pobreza.
¿Por qué siguen permitiendo que esto suceda?
