Solano afirmó que “La Ciudad tiene que adherir de inmediato al protocolo ILE actualizado por el Ministerio de Salud. No se puede admitir que el Estado de la Ciudad y la Iglesia oscurantista sigan bloqueando este derecho fundamental de las mujeres. Cuando era jefe de Gobierno, Macri vetó el protocolo aprobado por la Legislatura y hoy está judicializado en la Corte Suprema. Pero ni la Legislatura ni el movimiento de mujeres tienen por qué esperar un fallo judicial, se puede resolver ya mismo en una sesión extraordinaria pedida por los diputados que acuerden con la adhesión al protocolo. Hemos presentado un proyecto de ley y vamos a juntar las firmas necesarias para convocar a una sesión extraordinaria. Hacemos un llamado especial a los bloques que se han manifestado a favor del Protocolo, como el Frente de Todos y la UCR, con los cuales junto con la izquierda llegaríamos a la mayoría necesaria para aprobarlo."
Proyecto de Ley
Adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Protocolo ILE
Artículo 1.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” actualización contenida en la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud nacional.
Art. 2.- Comuníquese, etc.
Fundamentos
El Ministerio de Salud de la Nación aprobó la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la Interrupción Legal del Embarazo”. Sin dudas, es el resultado de las presiones ejercidas por el movimiento de mujeres y disidencias por el efectivo cumplimiento de la ILE, en el marco de la lucha por la legalización del aborto.
La actualización dispuesta por la Secretaría de Salud se realiza sobre el protocolo publicado en el año 2015, y con algunas modificaciones respecto del presentado por el Secretario de Salud Rubinstein y vetado por Macri, que establece el derecho de las personas gestantes a realizarse un aborto no punible en el caso de que el embarazo resulte un peligro para la vida y/o la salud o haya sido producto de una violación. Esta norma se sostiene en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal de 1921, ratificado luego por el Fallo FAL de la Corte Suprema en el año 2012.
La reciente resolución establece elementos progresivos que son reflejo de las discusiones que ha instalado en la agenda política la ola verde. En primer lugar, considera incuestionable la decisión de la persona gestante, no pudiendo ser sometida a juicios de valor derivados de las consideraciones personales y religiosas de los profesionales de la salud. Pondera el principio de autonomía en base a una información veraz, adecuada y completa.
A su vez, desarrolla el causal ‘salud’ desde una perspectiva integral, contemplando las dimensiones de salud mental, social y física. En este sentido, incorpora factores de vulnerabilidad social y violencia basada en género. También abarca a las personas con discapacidad, hoy excluidas permanentemente de este derecho.
Además desarrolla la importancia de la accesibilidad. La práctica no puede ser judicializada ni obstaculizada, y establece un plazo de 10 días para la efectivización de la ILE cuando fuera solicitada.
Si bien el Protocolo sostiene que la objeción de conciencia “no debe traducirse en obstrucción a la práctica”, sí la reconoce a título individual –que es en los hechos la vía por la cual numerosas instituciones de salud bloquean el acceso a derechos. El movimiento de lucha de la ola verde debe seguir con mucha atención que esta cláusula no sea un bloqueo al acceso a la ILE en la Ciudad y mantener su movilización.
La acción de las Iglesias y de muchos estados provinciales bloquean sistemáticamente este derecho. En la Ciudad de Buenos Aires el protocolo votado en 2012 fue vetado por Macri y hoy está judicializado en la Corte Suprema. La Legislatura de la Ciudad tiene la responsabilidad de superar esta situación votando esta ley de adhesión al protocolo actualizado. Y luego las mejoras que se planteen en el proceso de lucha del movimiento de mujeres. En eso está empeñado el Partido Obrero y el Frente de Izquierda junto con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, la aplicación de la ESI laica y científica y el acceso a anticonceptivos y la producción pública de misoprostol.
